Las cifras las da el centro especial de empleo Grupo SIFU, que explica que los empresarios no contratan personas con discapacidad porque consideran que no cumplen el perfil necesario y porque no disponen de suficiente información. Siete de cada diez empresas españolas no cumplen la Ley de Integración Sociolaboral de los Minusválidos (LISMI), según datos de la segunda edición del Observatorio de la Fundación del Centro Especial de Empleo Grupo SIFU, presentados en una jornada organizada por este grupo y Caixa Laboral.
A pesar de su incumplimiento, casi la totalidad de los españoles (96%) conoce esta legislación. El trabajo se realizó con el objetivo de evaluar la situación actual en lo que se refiere al acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. El estudio se elaboró durante el último trimestre del año 2006 sobre una muestra de 400 empresas con una plantilla superior a los 50 trabajadores.
La normativa establece que las empresas públicas y privadas, con una plantilla igual o superior a los 50 trabajadores, están obligadas a reservar el 2% de las plazas para personas con discapacidad. Existen también una serie de medidas alternativas al cumplimiento de la normativa, recogidas en el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero.
Por comunidades autónomas, Aragón es dónde más se cumple con esta normativa, ya que un 62,5% de los empresarios consultados asegura hacerlo. También por encima de la media española se sitúan País Vasco (45%), Cataluña (38,5%), Baleares (37,5%) y Madrid (33,3%).
En la parte baja de la tabla, es decir por debajo de la media española, encontramos a Murcia con un grado de cumplimiento de un 21,4%, Castilla la Mancha con el 16,7%, la Comunidad Valenciana con el 11,5%, Andalucía con un 10% y las Canarias con el 9%.
Si se compara el porcentaje de incumplimiento de la Ley con los resultados obtenidos en la primera edición del Observatorio Fundación Grupo SIFU, publicado el año pasado, se puede apreciar una ligera mejora. En 2005, 8 de cada 10 empresarios reconocía no cumplir con la LISMI, mientras que en 2006 la cifra baja hasta cerca de 7 de cada 10.
Entre las conclusiones del trabajo destaca también que el 60,4% de los empresarios consultados asegura no contratar personas con discapacidad porque considera que no cumplen el perfil requerido. Otra de las razones mayoritarias para justificar la no contratación de personas agrupadas en este colectivo es la dificultad para encontrar este personal, también se argumenta la incompatibilidad del puesto de trabajo con la discapacidad o la falta de información.
Igualmente, son generalizadas las críticas de los empresarios al papel jugado por la Administración en el cumplimiento de la LISMI y entre otras cuestiones. Por ello, reclaman más ayudas económicas, más información sobre las ayudas existentes en la actualidad o que prediquen con el ejemplo.
En cuanto a los que contratan a personas con discapacidad, el cumplimiento es más elevado entre las empresas públicas (44%) que entre las privadas (31%). Los principales trabajos desarrollados por el colectivo son: operarios (63%), administrativos (49%), técnicos (22%), profesionales (13%), mandos intermedios (5%) y mandos superiores (2%).
Los empresarios que contratan, satisfechos
El Observatorio también revela que los empresarios que han apostado por contratar a personas con discapacidad demuestran un alto grado de satisfacción dándoles una puntuación de 8 sobre 10. En el 90% de los casos se considera su labor igual que la que desempeñan el resto de sus empleados, y en un 8,2% de los casos la califican, incluso, de mejor. Sólo un 2,2% de los consultados se declaran insatisfechos.
En el apartado referido a los Centros Especiales de Empleo, el 75% de los consultados conocen su existencia así como sus características. Cabe destacar que sólo un 9,1% de los consultados han utilizado esta vía para la contratación de personas con discapacidad, básicamente comerciales y del sector servicios, mientras que el resto que lo han llevado a cabo optaron por los métodos convencionales.
En cuanto a la accesibilidad, la mayoría de las empresas consultadas aseguran no haber tomado ninguna medida en este sentido. Las que sí lo han hecho, se han basado principalmente en la accesibilidad o bien en cambios en el puesto de trabajo.