Si EEUU fuera Argentina, el Fondo Monetario Internacional, con el consenso del Banco Mundial, habría llamado a su presidente a pasar por sus oficinas.
Los tecnócratas en ambas instituciones habrían diseñado un bonito plan de ajuste, que incluiría recortar el gasto (en Irak) y el salario de los funcionarios para cumplir con la disciplina fiscal; eliminar gasto público reduciendo los subsidios a sus industrias y a los agricultores, a fin de redirigir ese gasto hacia fuentes de crecimiento como educación primaria, sanidad básica e infrastructuras; pedirían reformas fiscales donde se ampliaría la base fiscal (quién paga) y se reducirían los tipos máximos y mínimos; obligarían al Tesoro a subir (y mucho en el caso de EEUU) los tipos de interés, a fin de atraer capitales, aunque eso significara cerrar muchos negocios; dejarían el dólar desplomarse más; eliminarían los aranceles que protegen el acero, la agricultura u otras industrias americanas poco competitivas; eliminarían las restricciones a la inversión (léase compra) por parte de empresas extranjeras (léase chinas y saudíes); privatizarían las empresas estatales (y esto significa miles de empresas, incluyendo todas las de agua); y desregularían todo lo que no estuviera relacionado con medio ambiente, protección del consumidor o seguridad.
Pero esa medicina, el llamado Consenso de Washington, parece que no es aplicable para el lugar que lo vió nacer.