El obispo emérito de San Sebastián, José María Setién, dijo ayer que no está en contra de que haya ‘una Educación ética para la ciudadanía’, pero rechaza ‘cómo se ha hecho’. Setién se refirió a este asunto en Madrid durante la presentación de su libro ‘Laicidad del Estado e Iglesia’, publicado por la editorial PPC, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde estuvo acompañado por el profesor de Filosofía Política de la UNED, Antonio García Santesmases. ‘El problema es cómo se establece la asignatura’.
El prelado emérito, licenciado en Teología y doctor en Derecho Canónico, estimó que ‘el problema es cómo se establece’ la Educación para la ciudadanía, ‘cayendo en la cuenta de que no se trata de una obligación jurídica, sino de una obligación ética’ y se preguntó ‘dónde encuentra el Estado las bases fundamentales para que la obligación jurídica se convierta en una obligación ética’.
‘Quién tiene más garantía para poder decir que se trabaja por el bien de la sociedad: Aristóteles, Santo Tomás, Kant, Nietzsche o Jesús de Nazaret’, inquirió Setién, quien agregó que ‘habrá que ver cómo se puede hacer compatible esta diversidad de planteamientos ideológicos prejurídicos para que no se transforme una supuesta necesidad de conciencia ética y política válida para todos en una imposición’.
Explicó que ‘la capacidad de transformar en voluntad popular lo que es la voluntad de la mayoría es una de las realidades más perniciosas del funcionamiento del sistema democrático cuyas decisiones se toman por las mayorías que se sobreponen a las minorías’.
‘La capacidad de lo jurídico para decidir lo ético está bastante lejos de tener unos contenidos que derivan de los mismos planteamientos formales del ordenamiento jurídico del Estado’, agregó.
Advirtió de que la voluntad de la mayoría puede traer como consecuencia ‘barbaridades’ como las que se cometieron durante la Revolución Francesa y añadió que el ejercicio del poder soberano del Estado puede derivar en Auschwitz o Hiroshima.
En su intervención, opinó que ‘uno de los elementos clarificadores en todo este cisco de las relaciones entre la Iglesia y el Estado sería un acuerdo sobre cuáles son las funciones que la Iglesia y el Estado quieren cumplir al servicio de la dignidad de la persona’.
Setién, que hace, en su libro, un análisis de la situación actual de las relaciones entre el Estado español y la Iglesia Católica, parte en el libro de ejemplos como el Islam o de estados como el de Israel, donde a lo largo de la historia la religión ha sido siempre una realidad social y política, para destacar la necesidad de aclarar determinados conceptos como el de laicidad.
Para el autor, este concepto de la laicidad debe ser entendido como ‘el derecho que la comunidad política tiene de disponer de sí misma y de gestionar desde sí misma los asuntos que le afectan, sin injerencia de otra autoridad ajena’.
En este sentido, Setién explica que a partir de esta definición de laicidad, ‘la autoridad religiosa carecería de toda competencia jurisdiccional sobre la autoridad del Estado y sobre su actuación’.
Por ello, hace hincapié en la importancia que tiene separar los poderes del Estado y de la Iglesia, sin olvidar que lo religioso existe ‘quiéralo o no el Estado y así se ha de reconocer este anteriormente a cualquier toma de posición ideológica y política’.
El prelado alude a ‘la legitimidad de la opción religiosa como algo inherente a la dignidad humana’, recuerda que la laicidad reclama el diálogo y el acuerdo, y que el Estado tiene la obligación de reconocer y tutelar positivamente ‘cualquier núcleo de influencia ejercido en la sociedad, incluidos los religiosos, a partir del ejercicio de las libertades y del pluralismo’.
En el libro, editado por PPC, analiza la problemática relativa a la influencia que pueden tener las relaciones entre el ejercicio del poder político del Estado y el ejercicio de los derechos religiosos de los ciudadanos en materias como la Educación.
Para Setién, el interés del Estado por asegurar la educación obligatoria y gratuita de todos los ciudadanos, y los intereses de la sociedad y de la Iglesia por alcanzar el reconocimiento del derecho a la libertad en materia de educación escolar ‘deberán ser debidamente armonizados de común acuerdo’.
Y añade que el Estado debe ser respetuoso con los derechos de las personas y de la sociedad en su política educativa, ‘también en la actuación de los centros públicos que le son propios’, y que para ello debe reconocer ‘la pluralidad de distintos proyectos educativos, que respondan a la diversidad de formas de pensar, de opinar, y de sentir, también en materia religiosa, propia de una sociedad democrática’.