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SERVICIOS DE LO SOCIAL: SERVICIOS PRECARIOS. Miguel Ángel de Lucas

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Periódico Diagonal

El Centro de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) de Villaviciosa de Odón y el de Barajas tienen una larga serie de aspectos en común. Pertenecen a la Comunidad de Madrid. Prestan, oficialmente, un mismo servicio. Algunos toxicómanos han pasado en distintos momentos por ambos para recibir el mismo tratamiento. Vistos desde fuera, nada les diferencia. Entre los trabajadores, sin embargo, hay un cambio sutil. El primero es gestionado directamente por la administración. La gestión del segundo está subcontratada. En consecuencia, en Barajas un mismo puesto es remunerado con un salario dos o más veces menor que en Villaviciosa.

La misma situación se produce en otros empleos. En los centros educativos es frecuente encontrar profesores de actividades extraescolares recibiendo un tercio del salario de sus compañeros por las mismas horas de trabajo. Igual que les sucede a monitores de ocio y tiempo libre, a educadores y trabajadores sociales, mediadores, orientadores laborales o personal auxiliar. Toda una constelación de trabajadores englobados en el difuso término de “intervención social”, donde la falta de un convenio que regule sus actividades genera una situación especialmente frágil ante las altas tasas de movilidad y temporalidad.

A todo ello se suman, en los últimos años, las consecuencias del rápido proceso de privatización y externalización. “Lo cierto es que los servicios sociales nunca fueron bien, pero ahora es que van a peor”, resume David Barriopedro, trabajador de atención a drogodependientes. A su juicio, lo más grave de las privatizaciones no está siendo el deterioro de las condiciones laborales, sino una “reducción drástica” en la calidad de los servicios. “Al final, quienes más se perjudican son las personas que los reciben. Los servicios sociales son un derecho, están garantizados por ley, pero con la privatización se pasa de tratar a la gente como ciudadanos con derechos a verles como clientes”, apunta, añadiendo que “poco a poco, la administración se exime de responsabilidades y las deja en manos privadas”.

Recortes en busca de ingresos

En la plataforma ECO, de la que forma parte Barriopedro, y desde donde más se ha luchado por conseguir un marco legal a las profesiones de lo social, los últimos años han mostrado como “el axioma neoliberal de que la gestión privada es mejor y más eficaz que la gestión pública directa vuelve a ponerse en evidencia”. A diferencia de otros sectores, la atención a personas con necesidades no genera ingresos por sí misma. Su fuente de financiación depende de las subvenciones. A través de ellas la gestión privada busca beneficios. ¿Cómo? En ECO llevan años viéndolo: “Lo que genera es un abaratamiento en los costes debido a una drástica bajada en la calidad del servicio prestado y a la precariedad del personal subcontratado”.

Las consecuencias no acaban aquí. Según describe la mayoría de trabajadores, la forma de administrar las concesiones por parte de las áreas de asuntos sociales a veces no se diferencian mucho de las prácticas de recalificación de terrenos que han hecho célebres las concejalías de urbanismo españolas. “Es un sector donde todo el mundo se conoce. El amiguismo y el nepotismo es el día a día”, lamenta Mario, educador social de la Asociación Semilla de Villaverde. Así, se han dado casos como el de José Cabrera, ex gerente de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, que dos años más tarde de dejar el cargo comenzó a trabajar como asesor para la empresa que durante su mandato disfrutó de concesiones millonarias. Aún así, la gestión de Cabrera tuvo momentos menos disimulados.

En 1999, cuando se decidió cambiar la gestión de los CAID, se pasó a contratar a empresas como ATICA (dirigida por la mujer del número dos del Plan Nacional sobre Drogas) Punto Omega, (cuyo presidente era consejero de la Agencia) o Grex (vinculada también a una subdirectora).

Además de familia y círculos cercanos, la afinidad política también puede suponer una facilidad extra a la hora de hacerse con subvenciones de carácter social. En el Gobierno de Esperanza Aguirre, por ejemplo, las organizaciones más subvencionadas son CIPIE y IUVE. La primera está presidida por un ex diputado del PP, antiguo jefe de prensa de Aznar, ha tenido como vicepresidenta a Ana Botella y está acusada de falsificar facturas. La segunda, Fundación IUVE, está directamente vinculada a los Legionarios de Cristo.

Aunque, según Barriopedro, “en esto los partidos no se diferencian mucho”. A su juicio, donde gobierna el PSOE los criterios de sintonía política también se anteponen “en lugar de contratar con criterios exclusivamente profesionales”.

El mercado de ‘lo social’

Para Barriopedro, la causa de la externalización tan acelerada de los servicios es fácil de comprender: dinero. “Hay que tener en cuenta que se trata de un sector enorme, que cuenta con un gran mercado”. En la Comunidad de Madrid ECO calcula que existen entre 10.000 y 20.000 personas dedicadas al trabajo de lo social. Un área reciente en el mercado, en rápida expansión, y que en breve experimentará un importante crecimiento con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Todo ello lleva cada vez más a interesarse a las manos privadas. Primero a través de cooperativas o asociaciones sin ánimo de lucro, después por fundaciones privadas y, finalmente, empresas, con experiencia o no en lo social, que han visto nicho de negocio. Como en el mercado empresarial, se producen las primeras fusiones y absorciones de marcas del ramo. Recientemente, tres de ellas, Diagrama, Trama y Grupo Norte (un holding antes dedicado a temas de limpieza), formaron una Unión Temporal de Empresas para poder alcanzar mayores contratas. Y de forma paralela, empresas constructoras que en poco se han distinguido por sus preocupaciones sociales (caso de Fomento de Construcciones y Contratas o ACS, de Florentino Pérez), han asomado con fuerza.

Al tiempo, se consolidan lo que ya son multinacionales de lo social. Una muestra es Servirecord, con presencia en todo el Estado y que se expande a nivel internacional, cuyos servicios integran residencias de mayores y discapacitados, programas para la mujer, infancia, juventud y exclusión social.

Los sindicatos ya han denunciado las prácticas abusivas hacia los trabajadores. Hasta ahora, sin mucho éxito. A falta de un convenio definido, prácticas como despedir a alguien en junio y volver a contratarle en septiembre para no pagar vacaciones son casi habituales. O el no reconocimiento de la subrogación (que obligaría a mantener el contrato para un siguiente servicio). La alta movilidad, temporalidad y subcontratación dificulta además la sindicación de los trabajadores. Pero no es lo más grave. Barriopedro insiste: “El mayor problema es el deterioro de la calidad que reciben los demás”. “Imagina, con todo esto, cómo es el servicio que acaba recibiendo la gente”, lamenta.

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