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Señalamientos contra líderes de las comunidades indígenas en Jiguamiandó -- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Publicado en

Jiguamiandó
Martes 10 de mayo de 2011
Nuestra Constancia y Censura Ética ante los señalamientos de la fuerza pública de la brigada 17 y de la policía de Urabá contra las y los integrantes de la comunidad Embera que habita en el Jiguamiandó.

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de Colombia

ANGELINO GARZÓN

Vicepresidencia de Colombia

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministerio del Interior

ANGELA MARÍA HOLGUÍN

Ministra de Relaciones Exteriores

JUAN CAMILO RESTREPO

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

VIVIAN MORALES

Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDÓÑEZ

Procurador General de la Nación

WOLMAR PÉREZ

Defensor Nacional del Pueblo

Tus enemigos cantan victoria en tu santuario; ¡han puesto sus banderas extranjeras sobre el portal de la entrada! Cual si fueran leñadores en medio de un bosque espeso, Salmo 74,5-6

Nuestra Constancia y Censura Ética ante los señalamientos de la fuerza pública de la brigada 17 y de la policía de Urabá contra las y los integrantes de la comunidad Embera que habita en el Jiguamiandó.

La fuerza pública continúa demostrando la mentalidad enquistada en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional sobre la población, desconocen los principios constitucionales y los del derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Desde 1996 esta comunidad ha sido sometida a operaciones represivas que ha generado su desplazamiento forzado en dos ocasiones, la desaparición forzada de dos de sus integrantes y el secuestro de uno de ellos, la militarización territorial en 2009 para proteger el desarrollo de operaciones empresariales inconsultas en el cerro sagrado por parte de la empresa Muriel Mining Corporation, un bombaredeo indiscriminado con daños irreparables a la vida de una familia.

Nuestra Constancia Histórica ante los fundamentos fácticos de situaciones vividas por la comunidad indígena

*Sábado 23 de abril a las 10:00 am un grupo de jóvenes de la comunidad de Ibudo, Resguardo Urada – Jiguamiandó, que se dirigian hacia la comunidad de Alto Guayabal, fueron abordados por efectivos de la brigada 17. Estos les insultaron acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla. Luego de sostener permanentemente que era «guerrilleros y unos h.p. sapos», les exigieron regresar a su Resguardo. Los militares a pesar de la insistencia de dejarles ir al Resguardo de Alto Guayabal les manifestaron que no responderían, y que la orden era devolverse. Luego de 15 minutos, les obligaron a regresar.

*Miércoles 4 de mayo entre las 4:00 p.m. y 4.30 pm ALBEIRO JUMI, secretario del gobernador de Alto Guayabal, se encontraba en el casco urbano de Pavarandó, ubicado entre Mutatá y Llano Rico, Curvaradó, tomando una bebida cuando fue abordado por un efectivo de la policía de Urabá. El policía le solicitó sus documentos de identidad, le preguntó por su lugar de origen. Al terminar de responder el policía le manifestó: «Hace dos días que yo la estoy buscando porque usted es un guerrillero». ALBEIRO le exigió respeto, le reiteró su papel como líder de la comunidad de Alto Guayabal. El policía luego de la falsa acusación le manifestó que iba a vigilarlo por lo que hacia y le regresó la cédula de ciudadanía.

Nuestra Censura Ética ante estos hechos que evidencian como el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC se usa para falsas acusaciones contra los indígenas de los Resguardos que se encuentran en Jiguamiando, desconociendo sus derechos al buen nombre, colocandolos en riesgo ante las operaciones encubiertas de tipo paramilitar que se continúan desarrollando en Mutatá, Pavarandó, Llanor Rico, Cetino, Camelias, Caño Manso, Caño Claro Andalucía, Brisas de Curvaradó, Belén de Bajirá, Chigorodó Nuestra Censura Ética ante la inacción militar y policial frente a las operaciones empresariales inconsultas con las comunidades indígenas, que desconocen sus derechos territoriales, su respeto al medio ambiente y que se están desarrollando desde Pavarandó.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas de investigación eficaces tendientes a dar con el paradero de GUILLERMO NIAZA CANO y su hijo IBANIEL NIAZA MAJORE de 11 años de edad en enero 1999 y en mayo 2000 de REGINA RUBIANO BARIQUIRU, PABLO EMILIO DOMICO y su hija BLANCA LINA DOMICO el esclarecimiento y la sanción de los responsables militares de estos crímenes, de los dos desplazamientos forzados en 1996 y 2000, de las operaciones ilegales empresariales con daños irreparables comunitarios y daños ambientales en 2009 y 2010, y los heridos del bombardeo JOSÉ NERITO RUBIANO, su esposa MARTHA LIGIA, su sobrina CELINA, GIOVANNI y su bebé de menos de un mes de nacido y el crimen de RAFAEL CASAMA, cometido por la guerrilla de las FARC.

Ante sus despachos nuestra preocupación, con ninguna esperanza, que en el marco de la política de «prosperidad democrática» los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Jiguamiandó sean respetados y con un llamado a la comunidad de naciones para que su intervención humanitaria lleven al Estado a hacerse responsable de sus acciones y omisiones en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

De toda consideración,

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