SOS Racismo Vizcaya, una agrupación constituida para favorecer la integración social de los inmigrantes y denunciar conductas xenófobas, ha puesto el dedo en la llaga al sostener que numerosos particulares e inmobiliarias discriminan a ciudadanos extranjeros residentes en Bilbao al negarles el arrendamiento de viviendas. Sabido es que el mercado inmobiliario está por las nubes y que los precios resultan desorbitados en la capital vizcaína, tanto para la población autóctona como foránea. Pero, al margen de su alto coste y del escaso arraigo de la política de alquiler en nuestra sociedad, SOS Racismo siempre intuyó que detrás de las complicaciones que encuentran los inmigrantes para hallar alojamiento se escondía una razón de peso preocupante: «la negativa de muchos propietarios a alquilar a gente extranjera».
Pero, ¿cómo probar semejante acusación discriminatoria? Los responsables de esta organización pergeñaron un minucioso plan. Abrieron una investigación por su cuenta para «verificar sus sospechas». Prepararon tres parejas de simuladores -dos masculinas y una femenina- que fingieron buscar piso. Un miembro de la pareja era autóctono y el otro, inmigrante. Los extranjeros eran de Brasil, Marruecos y Senegal.
Tras consultar las ofertas de los periódicos, realizaron 60 llamadas a particulares, elegidas al azar. 33 consultas resultaron infructuosas, ya que el piso por el que se interesaron estaba alquilado. Además de interrogar sobre el precio, los simuladores hicieron «dos preguntas directas» a los dueños: si les permitirían hacer un contrato por escrito y si podrían empadronarse en la vivienda.
Combinaron estos contactos con consultas a inmobiliarias. Cada pareja visitó dos oficinas; el mismo día y «con una diferencia de muy pocas horas». Analizaron en total 418 ofertas. Más de la mitad de los pisos a los que echaron el ojo se concentraban en el distrito más caro de la ciudad -Abando- cuyo alquiler medio ronda los 770 euros, presupuesto que supera con mucho sus posibilidades económicas.
«Ya está ocupado»
Los resultados de la investigación, sostienen, «confirmaron» sus sospechas, pese a que sólo contactaron con 11 propietarios particulares. De estos, el 63,6% aceptó alquilarles el inmueble cuando negociaban con el ciudadano autóctono, pero «cambiaban inmediatamente de opinión» si tenían que tratar con el inmigrante. En seis de los siete casos justificaron la negativa alegando que el piso «ya estaba ocupado». Un hombre, sin embargo, fue rotundo al confesar que él jamás «alquilaba a extranjeros».
SOS Racismo comprobó también que en al menos cuatro casos los propietarios solicitaron a estas parejas un aval bancario y la nómina si fijaban las condiciones del alquiler con el inmigrante. Sin embargo, no mostraron el más mínimo interés por la cuantía de la nómina si debatían con ciudadanos «de aquí». También subrayan que la mitad de los particulares que manifestaron su voluntad de alquilar por teléfono impuso a los extranjeros unas «condiciones más duras» al exigirles un contrato de trabajo. «Supone una discriminación que debe hacer encender todas las alarmas», recalcan. Tampoco pasan por alto lo que juzgan una «discriminación sutil» por el elevado número de propietarios -el 45%- que preguntaron por su «procedencia» al detectar el «acento extranjero» en su conversación.
Nóminas y acento
Pese a admitir que no se trata de un muestreo «suficientemente representativo», creen que el 80% de los particulares aplicó «algún tipo de discriminación». La situación tampoco mejoró con las inmobiliarias. Tres de las seis oficinas visitadas denegaron información a los inmigrantes, pese a disponer de una amplia oferta de inmuebles. SOS Racismo duda si esta actitud deriva de una «precondición de los propietarios» o si , por el contrario, se trata de una iniciativa de las propias agencias.
Iñaki Egurrola, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Vizcaya, desmiente que ejerzan «cualquier tipo de discriminación», aunque admite que son los dueños los que tienen la sartén por el mango. «Nosotros somos los profesionales que damos la cara con el cliente, pero las pautas a seguir, así como la firma de cualquier contrato de alquiler y compraventa corresponde a los dueños», sentencia. «Aquí no se discrimina a nadie. Pero los que marcan los precios y deciden quiénes pueden o no residir en sus pisos son los dueños», argumenta.
Pese a que SOS Racismo juzga imprescindible «la intervención» de los poderes públicos «para luchar contra la xenofobia» y evitar los riesgos de «exclusión social» que amenazan a este colectivo, la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao dice que no dispone de mecanismos para mediar en las operaciones privadas de alquiler ni de compraventa de viviendas. «Es un asunto que se nos escapa y en el que no tenemos ninguna posibilidad de intervenir», remarcó una portavoz del área presidida por Julia Madrazo.
