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Sanidad pública para todos y todas -- Cristianos de base y varias organizaciones más

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La salud y la vida son derechos universales inherentes a la persona que derivan de su
condición de ser humano.
La organización de la atención sanitaria, de las medidas preventivas y la promoción de la salud corresponde a los Estados, como servicio público y debe ser de gestión pública, evitando hacer negocio con la salud y la enfermedad.

El sistema debe de ser igualitario, protegiendo a individuos y comunidades que forman parte de la sociedad en condiciones de equidad, sin que sea admisible ningún tipo de discriminación por ninguna circunstancia personal o social.
La actual legislación, representada por la puesta en marcha de Real Decreto Ley 16/2012 hace más de un año, excluye de la asistencia sanitaria pública a la población
migrada que no cuenta con permiso de residencia (salvo las excepciones de urgencias,
menores de 18 años y embarazadas) y a aquellas personas que tienen permiso de residencia no laboral posterior a la norma
.
En consecuencia, se ha privado a una parte de la población que vive en el Estado Español de los derechos humanos fundamentales, a la salud y a la vida.
Por otra parte el cambio de modelo del sistema de salud, implícito en el Real
decreto 16/201, y el aumento y extensión del copago sanitario, impone barreras
significativas, algunas de ellas infranqueables, al acceso a la asistencia sani
taria a colectivos como jubilad@s, personas y familias con bajos ingresos y parad@s,
agudizando con ello el impacto de la crisis que se ensaña con l@s más débiles y
vulnerables de la sociedad española.

La reforma de nuestro Sistema Público de salud también implica un proceso activo de privatización de la sanidad, ampliando con ello el desmantelamiento de nuestro Estado del Bienestar y transfiriendo los recursos públicos, provenientes de
nuestros impuestos, al sector privado en forma de una nueva línea de negocio para
hacer negocios con nuestra salud
.
La puesta en marcha del real Decreto 16 del 2012 significó que se retirara, de
manera inhumana, inmoral e irresponsable, desde el punto de vista de los derechos
humanos y de propia salud pública, la tarjeta sanitaria a 900.000 personas y, en
consecuencia, que se quedaran sin la asistencia sanitaria ofrecida por el sistema público de salud. De esta manera el colectivo de inmigrantes se convirtió en el primer chivo expiatorio de los recortes de derecho, en formas de recortes en la sanidad pública y de transformación de nuestro sistema de salud universal en
un sistema de aseguramiento, eufemísticamente denominado como convenios para el caso de este colectivo.

Las consecuencias de más de un año la implementación de estas medidas ya
están a la vista. Al menos dos personas han muerto por falta de asistencia sanitaria,
muchas personas enfermas ha reducido o interrumpido sus tratamientos por falta de
recursos económicos para acceder a la medicación prescrita, la medicación prescrita no siempre se adquiere por falta de medios económicos y muchas y muchos inmigrantes
con enfermedades crónicas han dejado sus controles y tratamiento. Todo esto conduce a
que el estado de salud de estas personas enfermas se empeore y aumente los riesgos
para su propia vida.

Finalmente los convenios ofrecidos para los inmigrantes representan más una fuente de negocio para las aseguradoras privadas que una alternativa real de asistencia sanitaria
Es por todo esto que en el día internacional de los Derechos Humanos :

Exigimos

la derogación de las normas de las que se deriva esta situación (RDL16/2012, RDL
1192/2012 y las instrucciones derivadas de los mismos) y que la asistencia
sanitaria quede garantizada para tod@s las personas en condiciones de equidad, a través de un sistema público y universal, al margen de la situación administrativa, económica o del origen nacional.


Llamamos a todos los profesionales de la sanidad a la objeción de conciencia,
dispensando atención sanitaria a toda la población sin distinciones.

Invitamos a acompañar a quién se encuentra excluido para gestionar su asistencia sanitaria
.
Red por el Derecho a Tener Derechos, Asociación Integrando, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos-AIETI-, Asociación de Mujeres Latinoamericanas «Amalgama», Brigadas de Observación de los Derechos Humanos (BVODH), Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), Cristianos de Base. Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), Médicos del Mundo (MdM), Movimiento Tierra y Libertad, Plataforma de Inmigrantes de Madrid (PIM), Plaza de los Pueblos,, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, SOS Racismo -Madrid

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