Los convenios para atender a los sin papeles en el Sistema Público de Salud son más caros que un seguro privado
Sanidad y CCAA fijan en 710,40 € y 1.864,80 euros para mayores de 65 años el coste anual de recibir asistencia sanitaria
Los extranjeros no regularizados deberán pagar íntegramente sus medicinas
El Ministerio de Sanidad y las CCAA han aprobado esta mañana los convenios especiales que deberán suscribir los inmigrantes sin papeles si quieren recibir asistencia sanitaria en el Sistema Público de Salud. El coste establecido para obtener acceso a los ambulatorios y hospitales fuera de Urgencias es de 710,40 euros anuales y de 1.864,80 euros anuales para las personas que superen los 65 años de edad.
Estos precios son poco competitivos si se los compara con los establecidos por las aseguradoras para suscribir pólizas de salud privadas. Estas se ofertan por precios que van desde los 360 euros anuales para los menores de 65 años hasta los 950 al año para mayores de 65.
Pese a lo elevado de la tasa fijada, los sin papeles no tendrán los mismos derechos sanitarios que un ciudadano español ni pagando la cuota fijada en el convenio, porque esta no incluirá la subvención de parte del coste de las medicinas que sí se aplica a los españoles con tarjeta sanitaria.
Los inmigrantes irregulares perdieron su condición de asegurados el pasado 1 de septiembre, cuando entró en vigor el Real Decreto ley 16/2012 de abril de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que estableció diferencias entre asegurados (cotizantes a la Seguridad Social), beneficiarios y excluidos del Sistema Nacional de Salud. Además de los sin papeles (estimados en 150.000 personas), quedan sin tarjeta sanitaria los españoles que, pese a no haber trabajado nunca, reciban rentas anuales superiores a 100.000 euros.
Las cuotas aprobadas en la reunión entre la ministra de Sanidad, Ana Mato (que no ha comparecido después en rueda de prensa como es costumbre) y los consejeros de Salud de las CCAA son «precios mínimos», según han señalado diversos consejeros, entre ellos José Ignacio Echániz, de Castilla-La Mancha. Es decir, podrán ser incrementadas por cada autonomía en función de sus necesidades financieras. Echániz ha calificado como «proporcionada» la cuantía de las cuotas aprobada hoy.
