Comunicado
La Asociación Pro Derechos Humanos de España ? APDHE ante las noticias sobre la condena a muerte y probable próxima ejecución de Saddam Hussein manifiesta lo siguiente:
1. La abolición de la pena de muerte se basa en el corazón de los derechos humanos: la dignidad de la persona y el derecho a la vida y la integridad física.
2. España de conformidad con el Art. 10.2 de la Constitución ha asumido la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los sucesivos Pactos ratificados por España en esta materia como el criterio de interpretación de los derechos fundamentales y libertades constitucionales vigentes en España.
3. Contra la pena de muerte se expresan, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el correspondiente Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y su Protocolo facultativo 2, ambos ratificados por España.
4. Asimismo, de conformidad con el Art. 15 de la Constitución, España ha sido uno de los primeros Estados que ratificó, en 1985, el Protocolo nº 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte, cuyo art. 1 establece que ?Queda abolida la pena de muerte. Nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado??.
5. La ONU y el Consejo de Europa han realizado acciones diversas a favor de una moratoria generalizada de las ejecuciones capitales con miras a la abolición definitiva de la pena de muerte en todo el planeta.
A la luz de estos hechos y principios la APDHE:
?? Manifiesta su repulsa ante la inminente aplicación de la pena de muerte a Saddam Hussein.
?? Rechaza aquellos juicios de valor sobre esta cuestión, que se basan en criterios y calendarios de oportunidad política, tal como se están difundiendo en medios de comunicación nacionales e internacionales.
?? Reitera que toda ejecución de la pena de muerte es inadmisible con total independencia de la situación y condiciones personales de todo presunto reo, cuyo primer carácter esencial es el de persona humana.
?? Insta a las autoridades y demás responsables españoles a que cumplan su deber manifestando nacional e internacionalmente el rechazo de España a esta ejecución.
?? Insta a las empresas y profesionales de los medios de comunicación, a que no diluyan el principio de la dignidad y los derechos de la persona entre consideraciones de oportunidad política.
Madrid 29 de diciembre de 2006