En el marco del taller sobre Democracia Económica (DE) que dimos en el FSM me tocó presentar la experiencia de Ecuador a modo de estudio de caso, la cual se puede entender como un experimento embrionario de lo que denominamos socialismo de mercado, democrático y autogestionario desde la ciudadanía. Nosotros planteamos que la DE se debiera ir construyendo desde abajo, desde los ciudadanos, y no desde el Estado como fue la experiencia de os llamados socialismos reales en el siglo XX.
Por este motivo es que la experiencia de Ecuador representa un caso interesante de analizar ya que el actual presidente, Rafael Correa, llegó al poder con el apoyo de los movimientos sociales, y han sido éstos los que han presionado para que se convoque una asamblea constituyente participativa, democrática y realmente representativa de las grandes mayorías empobrecidas del país. Es así como han logrado tener una de las constituciones políticas más avanzadas del mundo en términos eco-sociales (al menos en el texto, aún hay que esperar cómo se lleva a la práctica ya que es una experiencia reciente).
En ella se reconoce a la “madre tierra” (pacha mama en quechua) como sujeto de derechos; se plantea como paradigma el “buen vivir” de todos los ciudadanos (en contraposición al bienestar de la sociedad de consumo occidental promovida por los países ricos del norte), el cual sí sería universalizable para todo el planeta y es una propuesta que tiene mucha sintonía con la “civilización de la pobreza” que planteaba Ignacio Illacuría o la “austeridad compartida que afirma Jon Sobrino.
En términos socio-económicos, se plantean la meta estratégica (a largo plazo) de tener una economía social, solidaria y sostenible, es decir, hacen una opción clara por modelos de organización empresarial democráticos, participativos y comunitarios en cuanto a sus formas de propiedad y gestión; conservando el mercado como mecanismo eficiente de asignación de recursos (el Estado cuenta con las atribuciones legales y coercitivas de regularlo ahí donde se producen fallos de mercado), y democratizando ciertos fondos de inversión públicos a nivel local y regional (con ciertos grados de participación y control ciudadano. Lo anterior es complementario con la propiedad pública (o mixta) de algunas empresas por parte del Estado, especialmente aquellas que se definan como estratégicas para el país. Estos elementos tienen mucha coincidencia con el modelo de DE propuesto por David Schweickart.
Además, se han elaborados leyes de economía popular y solidaria para formalizar el amplio sector “informal”, dotándolo de nuevos recursos financieros (cooperativas de ahorro y crédito), capacitación y asesoría técnica, y el gobierno ha decidido apoyar a través de la compra pública de bienes y servicios priorizando a las empresas de este sector. También en el ámbito cultural se han tomado decisiones como por ejemplo incorporar en el currículum educativo cursos obre economía social y solidaria para alumnos de los últimos años de escolarización para dar a conocer y promover esta alternativa, dando facilidades y apoyo a los jóvenes para que formen sus propias cooperativas.
Por último, y como dice José Luís Coraggio (economista argentino especialista en economía social y solidaria en América Latina), las alternativas al neoliberalismo tienen que surgir desde abajo pero sin perder de vista la necesidad de construir “otra política posible” que ponga al Estado democrático al servicio de los intereses de las grandes mayorías populares y no solo de las minorías propietarias del capital. Este es un debate crucial en el comienzo de la segunda década del siglo XXI, en la que habrá una aceleración de los conflictos y de las crisis económicas, alimentarias, sociales, energéticas y ecológicas. Pero claro, para llevar a cabo estos profundos cambios se requiere también una conversión de nuestros corazones para no repetir las mismas catástrofes del siglo pasado.
