El cuerpo cardenalicio abordará el próximo día 19 en Roma los casos de pederastia que sacuden a la Iglesia católica en todo el mundo y han extendido un manto de sospecha sobre parte de la jerarquía por su presunta o manifiesta actitud encubridora. La «jornada de reflexión y plegaria» convocada por el Papa deberá ser la ocasión para asentar un principio insoslayable: la obligación de los ordinarios de cada diócesis de llevar ante la justicia a los pederastas con independencia de las disposiciones que adopten de acuerdo con el Código de Derecho Canónico.
Se trata de una obligación cívica, pero también de una necesidad eclesial. La obligación es tributaria del principio según el cual todos los ciudadanos -pertenezcan o no a una confesión religiosa- deben responder de sus actos ante la ley o someterse a ella. La necesidad es consecuencia de la urgencia en restaurar la confianza de la sociedad en la Iglesia. Una urgencia que responde a su influencia entre creyentes y no creyentes, como bien pudo verse este último fin de semana en Santiago de Compostela y Barcelona.
Hasta la fecha, la posición de la Iglesia ha oscilado con demasiada frecuencia entre la tibieza y el inmovilismo, incluida la actitud de Benedicto XVI. El cambio experimentado durante los últimos tiempos ha sido notable, pero insuficiente. La reunión de Roma debe corregir la tendencia a perseverar en el consuelo a las víctimas y olvidarse de los juzgados de guardia, cuando lo cierto es que la reparación del daño infligido solo es posible con la estricta aplicación del Código Penal.
