«Unidad quiere decir uniformidad, centralismo y jacobinismo». «La supuesta unidad [de España] no es un bien pastoral, sino una propuesta política». Con frases tan contundentes, 27 personalidades del universo político y religioso catalán escriben una carta abierta al episcopado español en la que le solicitan que no apruebe un eventual documento que intente justificar teológicamente la unidad de España. Por ser «incomprensible» para los creyentes catalanes y por atentar «contra el magisterio pontificio».
Los 27 firmantes están divididos en dos grandes grupos: los políticos y los religiosos. Entre los primeros, líderes que se proclaman públicamente creyentes, como Josep Antoni Duran Lleida, presidente de UDC; Artur Mas, secretario general de CDC; Manuela de Madre, vicepresidenta del Partido de los Socialistas de Cataluña y Xavier Trias, presidente del Grupo Municipal de CiU de Barcelona.
Entre los religiosos destacan las firmas de Jaume Camprodon, obispo emérito de Gerona; Sebastiá Bardolet, abad emérito de Montserrat, y Nuria Gispert, ex presidenta de Cáritas española, entre otros.
Los firmantes señalan que, «ante la eventualidad de que, en el transcurso de los próximos días, la Conferencia Episcopal Española apruebe un documento pastoral en el que se sacralice la idea de la unidad de España, equiparándola a un bien común superior», quieren expresar con todo respeto su «inquietud».
Comienzan sentando el principio teológico de que «la misión de la Iglesia goza de la fuerza del Espíritu cuando se ciñe a su contenido evangélico». Reconocen, a continuación, que «cada uno de nosotros, y cada católico que vive su fe en el seno de los distintos pueblos que conviven en España, tiene asociada sentimentalmente su fe a una determinada imagen, política y territorial».
Y concluyen que «sería un grave error pretender asociar dicha imagen a una regla e imponerla a los demás. La presencia de muchos cristianos en el amplio abanico de opciones políticas, culturales y sociales existentes se ha convertido, desde el advenimiento de la democracia, en un tesoro, aunque depositado en vasos de arcilla, que fácilmente se podrían agrietar».
Una vez sentado que no sería conveniente ni «comprensible para la mayoría del pueblo de Dios que peregrina en Cataluña», los firmantes tratan de demostrar que «un documento que intentara justificar teológicamente la unidad de España contradiría de lleno el Magisterio pontificio».
Aducen, para ello, citas de los últimos Papas y del Concilio Vaticano II, para detenerse en varias afirmaciones de Juan Pablo II. Por ejemplo, la que hizo ante la Asamblea General de la ONU el 5 de octubre de 1995, cuando reconoció «la dificultad de definir el concepto de nación que no se identifica, ni a priori ni necesariamente, con el del Estado». Por último, acuden a la Historia y señalan que «en la Hispania posromana ya existían dos capitales eclesiásticas: Toledo y Tarragona, lo que significa que ya en aquel tiempo se reconocía la diversidad». Y concluyen: «La nación es un derecho natural, reconocido y reafirmado por los documentos pontificios». Por eso, «con respeto y caridad», los firmantes de la carta abierta quieren expresar «firmemente» a los obispos que un pronunciamiento episcopal sobre la unidad de España «sin duda, supondría una imposición política».
