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Relator de la ONU afirma que libertad de expresión es nula en todo el país -- Karol Assunção

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Adital

Los derechos humanos en Honduras continúan siendo violados desde el golpe de Estado ocurrido el día 28 de junio. Esto es lo que afirma el Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, en un informe divulgado a la prensa el último lunes (10).

De acuerdo con el relator, que estuvo en la capital hondureña los días 3 y 4 de agosto, no hay en el país «libertad de expresión para comentar los hechos de cada día, ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de estado.» Según el informe de La Rue, la población local e internacional no tiene acceso a las informaciones de los hechos que realmente suceden en el país, como torturas y detenciones arbitrarias.

Durante la visita, el relator se reunió con periodistas, comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos -favorables y contrarios al golpe y al retorno de Manuel Zelaya- con el objetivo de evaluar la verdadera situación del país. De acuerdo con él, todas las organizaciones que defienden los derechos humanos criticaron el golpe. De la misma manera, la mayoría de las personas que se reunieron con él «reconoce que lo que sucedió en Honduras fue un golpe de estado militar de consecuencias nefastas para el futuro del país».

En el comunicado, el relator concluyó, después de oír las declaraciones de los grupos de comunicadores y defensores de derechos humanos, que hay en Honduras tres principales situaciones de restricciones a los derechos humanos: la prohibición de manifestaciones, la represión violenta a los opositores del golpe y la violación a la libertad de prensa.

De acuerdo con él, están prohibidas en el país las manifestaciones contrarias al golpe y favorables al retorno de Zelaya. Las acciones que se realizan, según el relator, son reprimidas por la Policía Nacional, que efectúa detenciones arbitrarias contra la población. Según el informe, hubo incluso casos en que menores de edad fueron detenidos sin que se respetaran sus derechos.

La situación no es diferente para los profesionales de la comunicación. «Los camarógrafos y fotógrafos que desean documentar los hechos han sido blanco específico de la agresión policial, sufriendo golpes, confiscación y/o destrucción de sus cámaras o del material filmado», destaca. La intimidación también es percibida por los medios de comunicación contrarios al gobierno golpista: «El día del golpe, la Radio Progreso, una emisora educativa, fue cerrada por una patrulla e incluso, cuando retomaron sus trabajos, lo hacen con mucho miedo por las intimidaciones y redujeron su horario de transmisión», ilustra.

El relator comenta además que las organizaciones defensoras de derechos humanos piden a los organismos internacionales como la ONU y la OEA (Organización de Estados Americanos) que monitoreen la situación de los derechos humanos en el país. Sin embargo, afirma que una de las principales dificultades encontradas en el momento es registrar los casos de falta de respeto a los derechos humanos. «No existe organismo que pueda visitar y evaluar la situación en los centros de detención judicial y menos aún en las instalaciones militares, porque en ellas ni los jueces se atreven a llegar», resalta.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

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