Enviado a la página web de Redes Cristianas
Las intervenciones públicas del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en los últimos tiempos han provocado un serio malestar en el gobierno del Principado, en gran parte de la sociedad asturiana e incluso en un grupo amplio de cristianos que no compartimos la deriva autoritaria, inadecuada, impropia y antidemocrática del arzobispo.
Más aún, su utilización abusiva de la coincidencia de la fiesta de Covadonga con el día de Asturias cada 8 de septiembre implica un gesto de agresión a la autoridad civil democrática, claramente hostil para unas relaciones saludables. Pero además es antipastoral, pues induce a
los fieles a una confrontación política basada en una ideología concreta, nada respetuosa con la convivencia democrática ni tampoco con la voluntad pacífica de los cristianos de a pie ni con la postura dialogante de la Conferencia Episcopal, sin irnos más allá del ámbito español.
Nadie puede dudar de la libertad de la Iglesia para anunciar el mensaje cristiano en una sociedad democrática. Muchas veces ese ejercicio debe comportar críticas abiertas a los poderes públicos, especialmente cuando se conculcan los derechos humanos o la protección social de las personas más vulnerables, materias que nunca son el objeto de interés de
monseñor Sanz Montes. Pero justamente esa labor profética es la que más sufre esa perversión del proceder episcopal.
El presidente Barbón ha sido especialmente deferente y cuidadoso en mantener las buenas relaciones con la Iglesia que la sociedad democrática asturiana desea. Pero ha tenido que soportar en varias ocasiones una sobrecarga dialéctica improcedente y desigual por el lugar y
la situación en que se producía. Hay quien le pide, entre ellos algunos cristianos significados, de forma explícita, que no vuelva a someterse a ese chaparrón denigrante.
Todavía más, la actitud del prelado ha saltado también en campaña electoral, esto es muy lamentable pues supone – y no es la primera vez ? un desgaste estéril para la Iglesia. Es una disfunción democrática muy poco ejemplar.
Monseñor Sanz Montes es un franciscano, ¡quién lo diría!, muy culto y buen comunicador, pero sus contenidos pastorales son nefastos a nivel político y social, por eso su discurso resulta chirriante en la España democrática.
No en vano se le considera el sucesor del cardenal Rouco Varela en el liderazgo del sector más conservador de la Conferencia Episcopal.
La misma dirigente socialista Adriana Lastra le ha retado en el momento de llegar a la Delegación del Gobierno en Asturias, pero aunque el arzobispo le replique con sorna, existe la voluntad política de plantarle cara. Ello será una ruptura enorme cuyas consecuencias lamentaremos todo el mundo.
Porque la laicidad es sobretodo convivencia. La Constitución de 1978 declara que España es un estado aconfesional, aspecto que el Tribunal Constitucional considera equivalente al estado laico. En una sociedad laica la Iglesia es un actor más en la vida pública, sin que mantenga
ningún privilegio sobre otros. En ese contexto democrático la intervención de la Iglesia debe ser propositiva y respetuosa para hacer valer su papel constructivo en la realidad social, sin imposiciones ni condenas sectarias.
En tal sentido, la separación iglesia-estado es un hecho fehaciente que no implica enemistad sino autonomía para actuar cada cual en su campo propio.