Bertone apela a la «fidelidad» para afrontar los casos de pederastia
La tozudez de los hechos en conocimiento de la opinión pública y la alarma causada por los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica han obligado a la Conferencia Episcopal Española (CEE) a pronunciarse con determinación, ya que no con prontitud.
Al compromiso público del presidente de la CEE, el cardenal Rouco Varela, de perseguir y sancionar a los pederastas ha seguido la declaración del viernes del secretario general de la institución, el obispo Martínez Camino: «La Iglesia quiere estar en primera fila para proteger a la infancia de los abusos».
Aunque puede parecer una frase meramente retórica, después del largo periodo de silencio y turbación de los espíritus, no es difícil adivinar un giro en el comportamiento de la jerarquía católica española, sumamente acrítica hasta la fecha con la gestión vaticana del escándalo.
El hecho mismo de que Martínez Camino haya renunciado a quitar importancia a cuanto se ha sabido por tratarse de un fenómeno extremadamente minoritario, unido a la doble consideración de «delito y pecado gravísimo» para los abusos cometidos por los pederastas, resalta este cambio de registro. Parece que la Iglesia acepta por fin que no es suficiente con aplicar el Código de Derecho Canónico para reparar el daño producido y resarcir a las víctimas, sino que es preciso someter al Código Penal a quienes han atentado contra los derechos de menores indefensos.
El paso siguiente no puede ser otro que esperar de la propia Iglesia que ponga en conocimiento de la policía y de los jueces aquellos pastores a los que alcanzan las sospechas. De no hacerlo, para creyentes y no creyentes, prevalecerá la duda acerca de cuál es el alcance real de las declaraciones de los obispos. Una duda que será especialmente inquietante porque afectará a quienes administran los destinos de una institución entre cuyas atribuciones se cuenta la de ser guía moral de la comunidad.
Si nunca ha tenido demasiado sentido el silencio y el encubrimiento en las sacristías para poner a salvo a la institución, resulta del todo incomprensible mantener este empeño después de que la información está al alcance de todo el mundo, difundida por medios de prestigio indiscutible. Por el contrario, es de simple y estricto sentido común que la jerarquía católica se sume a las pesquisas para atajar el mal y castigar a los culpables. No hacerlo la llevaría directamente al mayor de los descréditos.
