El 14 de mayo, el grupo de expertos de la ONU para la RDC ha remitido al Consejo de Seguridad un informe sobre la situación en el este de la RDC.
Según el informe, a pesar de la operación ruandesa-congoleña de primeros de año, los rebeldes hutu ruandeses del las FDLR siguen siendo muy activos.
Según los expertos, la operación militar conjunta “ha sufrido a causa de su brevedad, de los problemas logísticos y del desvío de fondos operativos destinados a su realización y “ha fracasado en su misión de quebrar la estructura de mando de las FDLR, que permanece intacta” Según ellos, las FDLR continúan financiándose por medio de la explotación ilegal de minas y controlan la producción de carbón vegetal en el Parque Nacional Virunga.
Desde primeros de año, las FDLR han realizado contraataques de guerrilla en el Kivu Norte en coordinación con su jefe Ignace Murwanashyaka, que reside en Alemania Según el informe, Murwanashyaka, equipado con un teléfono-satélite, posee los medios para dar órdenes al general Silvestre Mudacumura del batallón Zodiac para recuperar los territorios perdidos. El comité ha podido verificarlo gracias a grabaciones telefónicas del general Mudacumura.
Sobre la cuestión de la integración de los grupos armados en las fuerzas congoleñas, los expertos onusianos estiman que ha sido mal planificada y realizada demasiado rápidamente. Afriman que durante la etapa acelerada del proceso de integración, 12 mil hombres han sido censados, de entre llos 6.006 del CNDP, 2872 de PARECO y el resto de los diferentes grupos Maï Maï.
El informe revela que “el pago tardía del sueldo a las FARDC, compuestas esencialmente por exrebeldes congoleños del CNDP y otros milicianos, integrados en el ejército de Kinshasa tras un breve periodo de planificación, ha agravado también la indisciplina”. Ello ha traído consigo “violaciones continuas de los derechos humanos, perpetradas por las FRADC”.
Afirman por otra parte haber encontrado “pruebas de que un número de antiguos oficiales del CNDP, actualmente en las FARDC, actúan en estructuras de mando paralelas”. Según los testimonios recogidos, el general Bosco Ntaganda, exjefe de estado-mayor del CNDP buscado por la CPI, “actúa de hecho como segundo comandante de las FARDC para operaciones armadas en el Kivi, en lugar del coronel Isidoro Kaumbu Nyankole nombrado a este puesto.
Los expertos afirman que hay muchas armas que no han sido devueltas por los exrebeldes del CNDP o por las diversas milicias Maï MaÏ. Existen en consecuencia escondrijos de armas, incluso de armas pesadas capturadas por el CNDP en la base militar de las FARDC de Rumangabo en 2008, lo mismo que armas recibidas por el CNDP por otras fuentes. Una parte importante de estas armas estaría bajo control de antiguos oficiales del CNDP.
El informe menciona igualmente la existencia de administraciones paralelas. El grupo ha establecido que el CNDP siguen cobrando tasas ilegales e4n su antiguo feudo en el entorno de Kitchanga, en territorio Masisi. Administradores fiscales civiles, secundados por militares, se encargan de dar certificados fiscales con el sello del CNDP a los camioneros y comerciantes del territorio. El ghrupo ha calculado, con ayuda de cifras documentadas que el CNDP podía percibir hasta 250.000 $ provenientes de estas tasas sobre los transportistas. Según numerosas fuentes, parece que el general Ntaganda tiene acceso a algunos de estos fondos.
El Comité de seguridad ha colectado varios informes sobre el reclutamiento en curso de niños-soldado en el seno de las FARDC por el teniente-coronel Zimurinda. “Si los chicos se resisten al reclutamiento, se les mete a la cárcel hasta que obedezcan”, dice el informe.
Paralelamente, el teniente-coronel Jean-Pierre Biyoyo, juzgado por un tribunal militar en marzo de 2006 por crímenes de guerra, concretamente por reclutamiento de niños, “es actualmente subcomandante de las FARDC en el sector 32 desplegado en Kivu Sur”, según el informe. Con relación a las violencias contra civiles, los expertos acusan a todas las partes. “Ejecuciones arbitrarias, matanzas como represalias, secuestros, destrucciones voluntarias de bienes”, son atribuidas a las FDSLR y a los rebeldes ugandeses de la LRA. “Las violencias sexuales, el trabajo forzado, los pillajes y malos tratos a civiles” son producidos por soldados de las FARDC.
El comité del Consejo de seguridad ha formulado recomendaciones, como las puesta en práctica de un proceso de control a fin de “examinar los dossiers de los oficiales de las FARDC en materia de derechos humanos, en un vasto plan de reforma del sector de la seguridad”.
