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La reciente decisión (10.01.2017) del Tribunal de Cuentas (TC) de dejar fuera de su programa de fiscalización en 2017 a la Iglesia Católica (IC), ha vuelto a generar escándalo entre amplios sectores de la población por el uso que se hace en nuestro país del dinero público y por la progresiva degradación del sistema democrático que soportamos. Dicha decisión fue adoptada tan sólo con el voto favorable de los 7 miembros designados por el PP, que representan la mayoría en el TC

No hace falta recordar que los dineros que la IC recibe por la casilla del IRPF (algo más de 250 millones de euros), así como las numerosas exenciones fiscales o las cuantías recibidas del Estado por los conciertos educativos o sanitarios forman parte en su totalidad del erario público, perteneciente a toda la ciudadanía, y que, como tal, debe ser administrado y controlado por el Estado. Eso es lo que se hace con las auditorías que el TC aplica a los partidos políticos, los sindicatos y cualquier otra entidad receptora de fondos públicos, incluida la Casa Real. Pero no se aplica a la IC, que sigue siendo la única entidad ‘intocable’ en todo el Estado.
Como cristianas/os sentimos vergüenza e indignación por este injustificado privilegio que colisiona frontalmente con principios básicos de la democracia, siquiera formal. Y no sólo porque esa opacidad consentida pudiera servir para cobijar prácticas corruptas en el seno de las organizaciones católicas, que a nadie le constan, sino por la indigna falta de transparencia que ello supone, precisamente en un país que ocupa uno de los primeros puestos entre los más corruptos de Europa. ¿Qué margen de credibilidad le queda al Catolicismo representado por una jerarquía que se alía tan interesadamente con las élites políticas más reaccionarias del país?

Afortunadamente la actual composición del Congreso de los Diputados puede revertir la situación, pues se ha presentado en el Congreso una propuesta de Unidos Podemos y PSOE, a la que puede sumarse Ciudadanos, en la que se reclama del TC un informe sobre el destino del dinero del IRPF que recibe la IC. Es la primera vez que el TC recibirá el encargo de analizar qué hace la Conferencia Episcopal con el dinero que recibe de los impuestos.

Pero, aunque esa petición de auditoría llegue a tener éxito, a nadie se le oculta que estamos ante una propuesta instrumental, no ante la solución al problema de fondo, que sólo se alcanzará cuando las confesiones religiosas abandonen el régimen de subvención y asuman su efectiva autofinanciación. Porque si la financiación de cada religión se hiciera a cargo de sus fieles, se evitaría la actual vulneración de los principios de igualdad y no discriminación, de libertad de conciencia, de neutralidad del Estado y, por supuesto, de fiscalización del gasto público. Sólo en ese supuesto, la IC emprendería la senda del evangelio que dice predicar.
Febrero, 2017