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QUE EL RITMO NO PARE, NO PARE, NO… Diego Sanz Paratcha

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Diagonal

Ningún ministro recibió más atenciones que Carme Chacón tras la crisis de Gobierno escenificada por Zapatero a comienzos de mes. Chacón heredaba de la cesante Trujillo una cartera sin prestigio y sin competencias, pero su presentación contó con testigos ilustres: el presidente de la primera multinacional española, el patrono de los constructores madrileños y los máximos responsables de la inmobiliaria Fadesa y la constructora Sacyr escucharon en primera fila el discurso de la ministra sobre parejas con sueños rotos por la carestía de la vivienda.

El protocolo de este tipo de actos no tendría por qué incluir a César Alierta (Telefónica), José Manuel Galindo (Asprima), Fernando Martín (Fadesa) o Luis del Rivero (Sacyr), si no fuera porque las supuestas competencias del Ministerio de Vivienda afectan a un sector responsable de una quinta parte del crecimiento del PIB en la última década. Y con las señales de alarma encendidas por el ya evidente cambio de ciclo: 7% de caída en la compraventa de viviendas en 2006, morosidad disparada un 45% en el mes de marzo con respecto al mismo mes del año pasado, oleada de cierres de pequeñas inmobiliarias y franquicias, aumento del paro -un 4,6% en junio-, nueva Ley del Suelo y clima de desconfianza por la corrupción política asociada a los desarrollos urbanísticos.

“Una cosa es hablar del nivel al que han llegado los precios de las viviendas y otra ser proclive a que se construyan menos casas”. El diario ABC citaba así al presidente de la patronal de la construcción, Enrique Aldama, quien auguraba que comunidades y ayuntamientos mantendrán el tirón del sector en los próximos años, esta vez a través de la promoción de vivienda a precios más baratos que los del mercado. De lo contrario, Seopan prevé la destrucción de 200.000 empleos en la construcción ante la bajada de la demanda.

¿Toma el presidente de los constructores sus deseos por la realidad? Rodrigo Calvo, del colectivo Laboratorio Urbano de la Escuela de Arquitectura de Madrid, cree que no: “Sí es previsible que los gobiernos locales se pongan a promocionar vivienda protegida. Promotores y constructores tendrán que resignarse a menores márgenes de beneficio a cambio de que la actividad se mantenga”. Pero el territorio está ya saturado.

Un reciente informe de la consultora RR Acuña fijaba en un millón el exceso de oferta de vivienda en el Estado español. Además, las distintas administraciones se ven cada vez más vigiladas por la Unión Europea, que investiga los desarrollos urbanísticos urbanísticos en el Levante por su impacto en recursos como el agua. La doble agenda del Gobierno De hecho, la recién estrenada Ley del Suelo ha sido recibida con una ola de críticas en el sector. Promotoras e inmobiliarias dicen que la obligación de reserva de un 30% del suelo para vivienda protegida parará la actividad constructora pero no el auge de precios. La ley había creado pocas expectativas entre el incipiente movimiento por la vivienda digna, pero sí había sido vista con simpatía por los movimientos en defensa del territorio.

Esta percepción se ha esfumado al conocerse su contenido íntegro. En unas jornadas sobre urbanismo responsable organizadas en junio por su ministerio, la cesante María Antonia Trujillo se veía obligada a reconocer en privado que la norma, una simple ley de bases con disposiciones generales sobre derechos y deberes del sector, había tenido que contentar forzosamente a las constructoras y promotoras. Del lado de las políticas macroeconómicas, la labor del Gobierno y del PSOE sigue una doble agenda idéntica. Tras las deducciones por la compra de vivienda reintroducidas en la última reforma fiscal, la representante económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, reconocía en el Foro Nueva Economía el carácter injusto de la medida y anunciaba su sustitución por ayudas directas a quien no pueda pagarse una vivienda en el mercado libre. La nota de prensa de rectificación que tuvo que difundir esa misma tarde no daba explicaciones por semejante política de subvención encubierta al sector inmobiliario, sino que aclaraba que las deducciones fiscales sólo serían eliminadas cuando se hubiera parado el crecimiento de precios.

Con parecida lógica, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) proporciona desde hace casi dos años combustible financiero a la ingeniería civil, que representa ya más de un tercio de la actividad constructora en el Estado español. La construcción de más autovías o líneas de alta velocidad (6.000 y 10.000 km más respectivamente según el plan) se hará además con mecanismos de colaboración público- privada como el usado en la M- 30 madrileña, donde las constructoras han adelantado el dinero y las arcas municipales tendrán que devolverlo en un plazo de 35 años. Un artículo publicado en Financial Times daba fe de lo inevitable de estas políticas si el Estado español quiere mantenerse en la zona euro. El rotativo veía posible sortear o al menos reducir los efectos de la recesión dado el todavía escaso nivel de deuda pública con respecto al PIB y también por el fenómeno de la inmigración. Mientras, la prensa económica local considera llegada la hora de “cambiar de modelo” sin especificar si el borrón y cuenta nueva incluirá a las familias y administraciones endeudadas durante la fase expansiva del ciclo.

Astroc: desplome en la cresta del ladrillo
Ocurrió el 24 de abril. Ese día, considerado un ‘martes negro’ por la prensa económica, el sector inmobiliario llega en algunos momentos a caer en un 20%. El motivo: el efecto arrastre causado por el desplome de Astroc. La empresa, con apenas un año desde su salida a Bolsa, había llegado al segundo puesto de las inmobiliarias españolas en plena cresta del ladrillo, pero cayó un 61% en una semana. La historia de su presidente, Enrique Bañuelos, supone un símbolo del ciclo económico.

Pasó en tiempo récord a convertirse en la tercera fortuna española para luego quedar convertido en el súper rico más efímero en la lista de personas más ricas del mundo. Semejante tortazo tuvo un efecto disuasorio en el ánimo de los inversores. Para Isidro López, del Observatorio Metropolitano, “fue el pistoletazo de salida de que esto ya se estaba acabando”.

Los bancos y empresas sueltan lastre
El 13 de junio, el Banco Santander anunciaba que, salvo su sede social, vendería todos sus edificios, en lo que sería la mayor operación inmobiliaria española de la historia (un total de 4.000 millones de euros). Un día después, el BBVA ponía a la venta su emblemática torre del Paseo de la Castellana. El hecho de que los bancos especialmente beneficiados por la burbuja se deshagan de su patrimonio fue visto como otra señal del desinfle. Isidro López, en todo caso, puntualiza: en el caso del BSCH la operación también podía ser vista como un método para obtener una gran liquidez lanzar una OPA sobre el banco holandés ABN Amro. Además, algunas operaciones se adelantaron al pinchazo. A mediados de 2006, Ferrovial y Acciona se deshacían de sus carteras inmobiliarias y buscaron obra pública: un beneficio menos alto, pero ya con menos riesgos.

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