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Por un nuevo «sentido común» -- Eubilio Rodríguez Aguado – Conversaciones en Frontera

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Sentido común
La opinión mayoritaria, a la que no se le facilita otros datos ni criterios, termina por asumir que las cosas son realmente como nos dicen los grandes medios de comunicación, encargados de fabricar consenso y “sentido común”. Lo decía sabiamente a sus más de noventa años José Luis Sampedro “Vivimos en una sociedad de libre expresión, porque cada uno puede expresar libremente lo que piensa. Pero no de libre pensamiento, porque no se nos facilitan los recursos informativos para poder formar nuestra opinión de manera objetiva”.

Veamos, por ejemplo, la tan repetida cantinela de que “hemos vivido por encima de nuestra posibilidades”, y de que, en adelante, tendremos que adaptar nuestras aspiraciones a lo que nuestros recursos permiten. Nos convencen así de que hay que controlar el gasto público recortando en inversiones sociales y productivas y renunciando a una serie de derechos , que con dificultad se habían conquistado. Hay que privatizar recursos e instituciones públicas para poder amortizar esa deuda, porque, por la modificación del artículo 135 de la Constitución, “su pago goza de prioridad absoluta en los Presupuestos Generales del Estado”. Todo ello para cumplir con las directivas europeas que imponen reducir el déficit público y la deuda, para poder algún día, no se sabe cuándo, salir de la crisis. “Es de sentido común”.

Fraude fiscal
Sin embargo, de vez en cuando surgen noticias que desvelan otros escenarios que los presentados como los únicos razonables, y nos hacen sospechar de ese recurrente “sentido común”. Noticias como la publicación de los “Papeles de Panamá” y la serie interminable sobre evasiones fiscales apuntan a que el origen del déficit y la deuda pública tiene su origen en buena medida en unos ingresos públicos cada vez más reducidos. Reducidos porque a aquellos que tienen mayores recursos se les proporciona toda clase de facilidades desde el poder político y financiero para que defrauden sus obligaciones constitucionales.

Para los que conocen el tema no les ha descubierto nada nuevo. Los técnicos del Ministerio de Haciendo viene denunciando desde hace tiempo la cantidad de irregularidades e incluso actividades delictivas permitidas o promovidas por el poder político y económico. Un botón de muestra : “ Según Gestha (Técnicos del Ministerio de Hacienda) El Plan de Control Tributario de 2016 deja impune el 81,6% de la evasión fiscal: la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) centra su investigación en el los contribuyentes con menores ingresos: PYMES, autónomos y trabajadores, en vez de perseguir el fraude sofisticado de multinacionales y corporaciones empresariales” (nuevatribuna, 23-2-2016)

Y en cuanto a los paraísos fiscales: Todas las empresas del IBEX-35 operan en paraísos fiscales. Y las entidades financieras facilitan a los grandes contribuyentes todas las gestiones necesarias para realizar estas operaciones. “El Ibex-35 triplicó su presencia en paraísos fiscales durante la crisis. En 2014, el número de filiales ubicadas en territorios con ventajas fiscales batió el récord con 891. El Banco Santander, con 235 filiales, es la principal beneficiaria de la elusión fiscal, según un informe de Oxfam Intermón y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.” ( publico, 11-5-2016)

Socializar pérdidas . Privatizar beneficios
Hacen todo lo que pueden, y pueden mucho, para eludir sus responsabilidades fiscales y luego hacen también lo posible para cargar sobre las arcas del Estado las consecuencias de su irresponsabilidad, su incompetencia y sus saqueos. El estallido de la burbuja inmobiliaria, origen de la crisis, no se ha producido por generación espontánea. En su origen hay unos grupos y entidades financieras y / o inmobiliarias, que se beneficiaron con su formación , en su crecimiento y se benefician ahora con el modelo de resolución de la crisis que se ha implementado.

“El crédito a privados pasó de 700.000 millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008. Crédito dirigido en un 70 % a alimentar la burbuja inmobiliaria, en su mayoría a inversiones-despilfarro. Para mantener este negocio los bancos españoles recurrieron a la banca internacional francesa y alemana. Actualmente la deuda total asciende a unos 4 billones de euros. De ellos, esta deuda privada asciende a 3 billones ( J.Torres, V. Navarro, A. Garzón, “Hay alternativas”, 54-55).

Al día de hoy es claro que la asunción por parte del Estado de esa desmesurada deuda privada ha sido una de las causas decisivas para el aumento del gasto público en los últimos años: convertir la deuda privada de los bancos y grandes corporaciones inmobiliarias en deuda pública. “La causa última de los problemas de la deuda pública son los préstamos irresponsables de bancos de un país a bancos de otro país” ( Financial Times”, “El Mundo”, 24-11-2015)

Según la Plataforma para una Auditoría Ciudadana de la Deuda, basada en los datos del Banco de España, aunque la cifra oficial que se ha dado para el rescate del conjunto de los bancos con ayudas pública asciende a 100.000 millones, (la que la U.E. proporcionó en 2012) la cifra real sería mucho mayor, ya que el Estado ha comprometido hasta 1,4 billones de euros. Hay que incluir, además, los préstamos del BCE, con la garantía y el aval del Banco de España, las inyecciones de capital del Estado español (FROB) , la adquisición de activos tóxicos sobrevalorados (“Banco Malo”-SAREB ) , ayudas fiscales, etc. etc. …. (Carlos Sánchez Mato, “Por qué no debemos pagar la deuda”, Ed. Icaria)

Se socializan pérdidas, al tiempo que se privatizan beneficios. Cuando estas entidades comienzan a sanear sus cuentas, lo primero que se les ocurre no es devolver, siquiera sea alguna cantidad de esos recursos recibidos del erario público, sino rápidamente reanudar el reparto de beneficios entre sus accionistas. Otra noticia que recientemente conocíamos, también por la prensa alternativa: “José Ignacio Goirigolzarri ha anunciado unos beneficios de Bankia de 1040 millones de euros en 2015 – el mayor beneficio obtenido en España por los siete mayores bancos- y desea repartir 302 millones en dividendos”.(Aurora Martínez,Plataforma por una Banca Pública, attacmadrid, 17-2-2016)

Esta Plataforma reclama con toda legitimidad que “Esos beneficios deben quedarse en Bankia porque Bankia es en un 64,2% del FROB (institución del Estado), y en un 100% de los ciudadanos, si se tiene en cuenta que sólo lo aportado por el Frob en medidas de capitalización (22.424 millones de euros) es una cantidad superior a su patrimonio (11.682 millones). Por lo tanto, debería funcionar desde ya como un banco público que presta un servicio público y no busca ni reparte beneficios.”

Rebelión en la granja
Con estas informaciones, tenemos ya datos para formarnos una opinión alternativa respecto a las campañas de los grandes medios de comunicación. Estos datos nos proporcionan herramientas para ir elaborando un nuevo “sentido común” .Es cierto que la deuda y el déficit público han crecido en los últimos años de manera preocupante. Pero no porque “hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades” sino porque los ingresos públicos no han sido suficientes debido a una fiscalidad regresiva, injusta y a las prácticas crecientemente abusivas del fraude fiscal de los que están en situaciones de poder defraudar. Y porque el Estado se ha hecho cargo de una deuda desmesurada que tiene su origen en prácticas irresponsables y especulativas de las entidades financieras y grandes empresas.

Y porque, cuando estas entidades empiezan, gracias a los recursos detraídos del erario público, a recuperar su capacidad de generar beneficios, su primera medida es “premiar” a los accionistas con el reparto de estos beneficios, olvidándose de devolver a las arcas del Estado esas ayudas que se les ha proporcionado. Y el poder político no hace otra cosa que avalar y apoyar estas medidas. “No pasa nada”: sus plataformas mediáticas ocultarán o manipularán estos datos para que los integrantes de la granja orweliana nos mantengamos sumisos. Y si ni aún así lo consiguen, siempre podrán echar mano de alguna de las sanciones de una ley-mordaza para disuadir a los desobedientes y conflictivos.

Este nuevo “sentido común” nos va desvelando que “ La deuda está sirviendo para derivar recursos de todos hacia las élites financieras y económicas del país, los acreedores y las empresas que se han beneficiados no sólo del pago de los intereses de la deuda, sino también de las privatizaciones o la desregulación laboral, medidas que se han impuesto como excusa para superar la crisis.” (Yago Alvarez-Yolanda Fresnillo, Plataforma para una Auditoría Ciudadana de la Deuda, ”Por qué la deuda no está en el C.I.S.” publico, 15-5-2016)

El papa Francisco saluda este nuevo sentido común y estos nuevos movimientos que van surgiendo : “Los pobres no sólo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. No se contentan con promesas ilusorias. Tampoco están esperando de brazos cruzados los planes asistenciales que anestesian o domestican. Los pobres quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, practican esa solidaridad que se da entre los que sufren” ( “Discurso a los Movimientos Sociales”, Octubre-2014)

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