La eliminación del subsidio de 426 euros a muchos parados de larga duración que han agotado su cobertura por desempleo (el PRODI), y que el Gobierno ha previsto para el 1 de Febrero de 2011, escapa a cualquier consideración lógica y ética de nuestra sociedad.
De no mediar una explicación coherente, y medidas efectivas que lo sustituyan con ventaja, y primero ¡para los afectados!, la denuncia y el rechazo público más duro deben partir desde la sociedad civil, y muy especialmente, desde la Iglesia Católica. Las situaciones personales de los parados de larga duración que tienen cargas familiares, o de los que prácticamente carecen de la posibilidad de encontrar cualquier empleo, ni bueno ni malo, deben situarse como prioridad política principal en cualquier plan de ajuste que merezca respeto moral y político.
Si el coste de una nueva prórroga de ese «plan» parece ser de unos 420 millones de euros, y si alcanza a unas 220.000 personas, ¡los cálculos varían según las fuentes!, y teniendo en cuenta que estamos hablando de ciudadanos y personas cerca de o en los márgenes de la sociedad, ni la justicia ni la solidaridad pueden reclamar menos como deber moral.
«Dar a cada uno lo suyo», (Justicia), es decir, siquiera lo que es el mínimo en cuanto a necesidades básicas del ser humano, y «Compartir los bienes comunes» (Solidaridad), es decir, siquiera plasmar en medidas básicas la función o hipoteca social que recae sobre la «riqueza» privada o pública, ha de ser una obsesión moral para la gente de bien. Todos sabemos que el mejor remedio contra el paro es el empleo (justo), pero nadie puede quedar satisfecho sólo por decirlo. ¡Menos todavía si gozamos de una buena posición laboral!
Las medidas extremas y paliativas, como este «subsidio» (el PRODI), no resuelven las crisis, pero son los mínimos de la justicia social para que cualquier salida futura la hayamos encontrado sin «tapar» nuestras víctimas en las cunetas. La justicia y la solidaridad requieren mucho más que esto, pero sin estos mínimos, ¿por qué aceptarán ellos los demás acuerdos sociales? ¿Cuál es la justicia de la ley sin margina a estos colectivos humanos? La Iglesia, yo procedo de ella y en ella, y sus Cáritas deben pronunciarse con severidad moral y pública sobre este caso.
