Respetamos la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) de no renovar la licencia para la utilización del canal estatal número dos al canal privado Radio Caracas TV (RCTV). Esta decisión es acorde con la política internacional para los medios de comunicación y además, está en completa armonía con las leyes nacionales y las normas internacionales.
Respetamos la adjudicación alternante de licencias de transmisión estatales. La misma tiene el fin de dar a los nuevos medios el acceso a la radiodifusión estatal. El argumento de que RCTV ha estado transmitiendo desde hace 53 años, es una prueba a favor de la decisión del Estado venezolano y no en su contra.
Reconocemos el derecho del gobierno de Venezuela a disponer libremente de sus recursos para la radiodifusión. En el caso de RCTV también se actúo legalmente, según lo establecido por un decreto de 1987. El canal no se cerró, la licencia no se retiró. El plazo de utilización para la transmisión terrestre expiró. En adelante RCTV puede seguir transmitiendo por cable y satélite.
Observamos con preocupación las noticias sobre este caso. El canal RCTV se presenta a nivel internacional como víctima de una supuesta política mediática represiva.
La realidad es que la gerencia del canal, la cual ahora sale a escena como pionera de la libertad de prensa, participó de forma activa en abril de 2002 en un intento de golpe de Estado al gobierno del presidente Hugo Chávez, quién había sido elegido democráticamente. En aquella ocasión el canal censuró al gobierno y apoyó a los golpistas. Durante el intento de golpe de Estado murieron 13 personas. El autoproclamado presidente de transición disolvió todos los órganos constitucionales, persiguió a políticos electos y a conocidos periodistas y cerró medios de comunicación. No comprendemos las posiciones como la de la organización Reporteros sin Frontera, la cual trivializa este asunto como «derecho a la crítica», durante una entrevista con el canal alemán «Deutsche Welle» (La Voz de Alemania).
Teniendo en cuenta los reportajes, vemos la necesidad de un debate sobre la democratización de los medios, no sólo en Venezuela. Según datos de CONATEL, los consorcios mediáticos privados siguen produciendo el 80% de las informaciones en Venezuela. La visión que el exterior tiene de Venezuela corresponde en gran medida a la visión que los grandes consorcios tienen del gobierno de Chávez, que está reformado socialmente al país. Pero si la libertad de prensa se confunde con la libertad de los conglomerados mediáticos, el derecho a las informaciones reales e independientes se ve amenazado.
Berlín, Viena y Zúrich, el 1 de junio de 2007
Rolf Becker. Actor de televisión, Hamburgo.
Arnold Bruns. Casa editora Pahl-Rugenstein, Bonn.
Sevim Dagdelen. Diputada en el Parlamento federal, Die Linke.
Dieter Drüssel. ONG Secretariado de Centroamérica, Zúrich.
Peter Fleissner. Profesor de Informática, Viena.
Jürgen Harrer. Casa editora Papyrossa, Colonia.
Nele Hirsch. Diputada en el Parlamento federal, Die Linke.
Kai Homilius. Director Casa editoial Kai Homilius, Berlín.
Ulla Jelpke. Diputada en el Parlamento federal, Die Linke.
Peter Kleinert. Periodista, Colonia.
Dietmar Koschmieder. Director de la Casa editora 8. Mai, Berlín.
Ralf Leonhard. Periodista, Viena.
Helmut Lorscheid. Periodista y autor, Bonn.
Kornelia Möller. Diputada en el Parlamento federal, Die Linke.
Harald Neuber. Periodista, Berlín.
Ingo Niebel. Periodista y autor, Colonia.
Matthias Oehme. Grupo editorial Eulenspiegel, Berlín.
Michael Opperskalski. Periodista y autor, Colonia.
Ekkehard Sieker. Periodista de televisión, Bad Hönningen.
Christoph Twickel. Periodista y autor, Hamburgo.
Erich Wartecker. Jurista, Viena.
Jean Ziegler. Relator especial de ONU para el Derecho a la Alimentación. Zúrich
Para adherirse, pueden escribir a www.haraldneuber.de ; Harald_Neuber@web.de