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(Declaración de Economistas Frente a la Crisis, rebelión)
El desequilibrio de poder económico y político en favor de los hombres es uno de los grandes problemas globales de justicia y equidad que entre todos debemos resolver. Por ello, a juicio de Economistas Frente a la Crisis, cualquier agenda de progreso social debe no solo luchar por la sostenibilidad ambiental y la justicia distributiva, también debe expresar su compromiso inequívoco con la igualdad de género.

La desigualdad de género se expresa con especial intensidad en tres grandes ámbitos en los que diversos factores materializan esa desigualdad. Por un lado, el ámbito de las relaciones personales y familiares entre hombres y mujeres, donde las diferencias de los roles de género tradicionales inciden negativamente sobre las mujeres. En segundo lugar, el ámbito del trabajo, en el que se asigna a la mujer un papel subordinado, segregado y precario. Y en tercer lugar, el ámbito del Estado de Bienestar y de las políticas públicas, en las que se reproducen las desigualdades de género que provienen del mercado de trabajo y los sesgos de género de nuestras instituciones.

La desigualdad en esos tres ámbitos refuerza el modelo de familia tradicional frente a un modelo con dos fuentes de ingresos y dos proveedores de cuidados, en el que las mujeres puedan acceder a su desarrollo personal y profesional sin obstáculos adicionales, y los hombres incorporarse a los cuidados en condiciones de igualdad con las mujeres.

En el contexto español, los factores que se desarrollan en estos tres ámbitos y que materializan la desigualdad de género, son, a su vez, causa de ineficiencias económicas y sociales dada la creciente brecha de formación entre hombres y mujeres. Entre la población adulta en España, las mujeres tienen un mayor nivel de estudios; y más aún entre la población joven. Así, en 2015, el 37,5% de las mujeres adultas (25-64 años) disponía de estudios superiores, frente al 32,7% de los hombres. Entre los más jóvenes (25-34 años), la diferencia se acentúa ya que el 47% de las mujeres tienen estudios superiores frente a tan sólo el 34,9% de los hombres.

La organización de la sociedad española descansa fundamentalmente sobre las familias, y dentro de ellas principalmente sobre las mujeres. Sin embargo, el gasto público de España en “familia e hijos” está a la cola de la UE: el 1,3% del PIB, la mitad del promedio de gasto europeo. Esta organización “familista” está indisociablemente unida a bajas tasas de fecundidad y a la sobreexplotación de la mujer. Las mujeres españolas se incorporan en peores condiciones a los mercados de trabajo por tener mayores cargas domésticas, y cuando lo hacen son “premiadas” con menor remuneración, mayor precariedad y segregación.

Frente a algunos planteamientos políticos que pretenden simplificar la lucha contra la desigualdad de género, concentrando la atención en una sola o en varias e insuficientes medidas, Economistas Frente a la Crisisdefiende la necesidad de una política global que afronte el problema de manera sistémica. De otra forma la lucha contra la desigualdad de género será tan sólo testimonial e ineficiente.

Para superar esta situación, EFC defiende cuatro líneas prioritarias de intervención institucional: políticas centradas en la educación; políticas en el mercado de trabajo; políticas de cuidado y dependencia; y políticas institucionales, fiscales y macroeconómicas. Ninguna de ellas aislada será suficiente, pero tampoco lo serán en su conjunto si no van acompañadas de otras políticas que persigan la igualdad integral entre hombres y mujeres. Erradicar la terrible lacra social que constituye la violencia machista es prioritario, pero la inexcusable igualdad empieza por erradicar los arraigados estereotipos de género: en las familias, desde la escuela y hasta los más altos ámbitos de la toma de decisiones públicas y privadas.

1.- Políticas educativas

Hay estudios que explican que las niñas, a partir de los 5 o 6 años, ya tienen la sensación de pertenecer a un grupo inferior. La socialización diferenciada, por la cual hombres y mujeres son educados en roles distintos y en valores distintos, crea el caldo de cultivo perfecto para que las mujeres sientan de forma masiva el llamado “síndrome de la impostora”. Se trata de un problema de falta de autoestima y confianza para desarrollar puestos en espacios tradicionalmente masculinos, por el cual se tiene la necesidad de trabajar más y mejor para tener derecho a ese reconocimiento. Muchas mujeres se sienten menos cualificadas que sus compañeros para un puesto o cargo directivo, fundamentalmente por su baja autoestima o una excesiva auto-exigencia. No se trata de una cuestión individual. Es un reflejo de un problema social. En España, con unas tasas de formación universitaria femenina superiores al promedio europeo, la sobre cualificación es un denominador común en la empleabilidad de las mujeres.

No obstante, existen claras diferencias por sexo si atendemos a las áreas de conocimiento en los estudios universitarios. Según los últimos datos disponibles, 2014-2015, de cada 100 hombres matriculados en la universidad, casi 33 se inclinan por estudios de ingeniería y arquitectura. Un porcentaje que, en el caso de las mujeres, se reduce a menos del 10%. Por el contrario, algo más del 52% de mujeres optan por estudios en ciencias sociales y jurídicas y el 21,4% por ciencias de la salud; porcentajes que, en el caso de los hombres, se reducen al 41,6% y al 11,2%, respectivamente. Estos datos muestran que persisten patrones culturales que condicionan la elección de itinerarios formativos y que repercuten, también, en problemas como la brecha salarial de género, dado que las mujeres se concentran en los sectores y ocupaciones que, generalmente, están peor remunerados. Lo cual a su vez acentúa la segregación ocupacional que explica en gran medida la brecha salarial.

Por tanto EFC defiende la necesidad de:

– Reforzar algunos rasgos de la educación tradicional de los varones en las niñas como la asertividad y de la de las niñas en los varones como la empatía.

– Fomentar entre las niñas la vocación por las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

– Revisar los materiales didácticos y garantizar que existan ejemplos de mujeres en todos los campos de la creación científica y artística.

Considerando las potencialidades de la economía digital y del modelo de crecimiento basado en la sociedad de la información y el conocimiento, se deben emprender acciones que potencien en las niñas y mujeres sus comportamientos, actitudes y capacidades en estas materias, especialmente en las etapas iniciales de la formación escolar.

Urge poner en marcha actuaciones que incluyan actividades con las empresas y centros educativos para combatir la segregación horizontal en el mercado de trabajo, promoviendo la elección entre las niñas y jóvenes de itinerarios formativos científicos y tecnológicos, visibilizando la presencia de mujeres en estos sectores que faciliten la ruptura de estereotipos de género.

2.- Políticas centradas en el mercado de trabajo

Las mujeres españolas tienen, respecto a los hombres, menores tasas de actividad y de ocupación, mayores tasas de paro, de temporalidad, de rotación y parcialidad indeseada en los contratos, además de verse perjudicadas por una fuerte segregación que las orienta hacia sectores más precarizados, peor retribuidos y con menor posibilidad de desarrollar una carrera profesional. La desigual distribución de los trabajos de cuidados, induce y fomenta que se presuma de ellas una menor dedicación o compromiso laboral. A su vez, la expectativa de una mayor dedicación al cuidado de los demás condiciona las propias opciones e inversiones educativas y profesionales de muchas mujeres. Con el tiempo, la brecha en las condiciones laborales y en los salarios contribuye a ahondar la desigualdad en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social (desempleo, pensiones) y a la pobreza de las mujeres, especialmente de aquellas de avanzada edad.

Ante esta realidad, es imperativo adoptar reformas para revertir la precarización generalizada de los mercados de trabajo, que afecta de forma particularmente grave a las mujeres y se convierte en un elemento decisivo de la desigualdad de género. Además de ello, y entre otras medidas, EFC propone:

Establecer políticas que fomenten la flexibilidad en el tiempo de trabajo y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, no sólo para las mujeres sino también para los hombres. Jornadas interminables a demanda del empleador son incompatibles con la conciliación.

– Adoptar medidas para una mayor meritocracia en los procesos de selección, retención y promoción en el trabajo.

– Fomentar la productividad y la consecución de objetivos frente al presentismo o la antigüedad.

Publicar el reparto de las remuneraciones por género con total transparencia, de forma inmediata en las mayores empresas para su implantación rápida y progresiva en todas las empresas. Los consumidores tienen derecho a optar por bienes y servicios de empresas más igualitarias y desde el Estado se deben implantar sistemas eficaces de incentivo y seguimiento.

– Avanzar más en la efectividad de la legislación que asegure la eliminación del techo de cristal y lograr la paridad de mujeres en la cúspide del poder de las empresas.

3.- Políticas de cuidado y dependencia

La política no puede dar la espalda a ese otro trabajo, el trabajo de cuidados no remunerado que iguala en horas al remunerado, y está aún más desigualmente repartido. Desde la Ley de Dependencia de 2006 –que nunca se llegó a poner en funcionamiento plenamente- se venía avanzando tímidamente en servicios públicos de cuidados tanto a la infancia como a personas mayores o en situación de dependencia, pero las políticas seguidas, con la coartada de la crisis, han revertido esa situación sobrecargando aún más a las familias, asignando a la figura de la cuidadora familiar un papel central, y no residual, como preveía la ley.

La creciente dependencia de la familia para la atención de las necesidades de cuidados genera desigualdad no solo de género sino también de rentas. Las personas con renta mayor tienen la posibilidad de externalizar y satisfacer esos trabajos en el mercado, siendo la mano de obra inmigrante la que con frecuencia entra a suplir las carencias en el frente de cuidados. Esto produce a su vez la merma de los recursos de cuidados, en un fenómeno que se conoce como la “cadena del cuidado”, típica de los países más pobres y atrasados. La muy débil fecundidad actual, 1,3 hijos por mujer en edad fértil, es consecuencia de la situación de precariedad que viven las mujeres y de la ausencia de una política de apoyo a la conciliación entre trabajo y familia, dirigida a hombres y mujeres por igual.

Ante esta realidad, apremia:

– Equiparar el gasto en protección social en porcentaje del PIB con la media europea o incluso situarlo por encima, sin que mantener el nivel de inversión previo a la crisis sea suficiente en un país como el nuestro que lleva largos años a la cola de la UE. España debe empeñarse en aumentar y mejorar el gasto público para avanzar hacia una sociedad inclusiva y en igualdad de género.

– Desarrollar escuelas públicas infantiles de calidad de cero a tres años, como pilar central de la estrategia, acompañándolas de un sistema de permisos por nacimiento o adopción que sea igual y obligatorio para madres y padres, remunerado al 100% y no transferible, de forma que la maternidad deje de penalizar laboralmente a las mujeres.

– Desarrollar incentivos directos o indirectos para garantizar avances en corresponsabilidad como son la fiscalidad individual, desgravaciones por permisos de cuidado para los hombres, o medidas educativas a través de un sistema de enseñanza y de programación del ocio y la publicidad que ofrezcan modelos alternativos de masculinidad, más compatibles con el cuidado por parte de los hombres.

Potenciar sistemas mixtos de cuidados, con apoyo público e institucional, pero que garanticen también el derecho a cuidar y ser cuidados en el entorno familiar, asegurando el poder adquisitivo de las pensiones, potenciando las residencias de mayores y centros de día.

– Avanzar en el diseño de ciudades más amigables para las personas con discapacidades y movilidad reducida, y en el desarrollo de viviendas públicas adaptadas.

– Regular debidamente los sectores del cuidado, para evitar que los trabajos de cuidados sean de baja calidad, estén precarizados y se desarrollen fundamentalmente en el ámbito de la economía informal.

4.- Políticas institucionales, macroeconómicas y fiscales

-Tradicionalmente, las políticas económicas y fiscales han sido abordadas desde la neutralidad de género, pero hoy sabemos que ambas descansan sobre sesgos de género que es necesario revertir. La tendencia hacia una política deflacionista, y la merma de la inversión pública que lleva asociada, está incidiendo especialmente sobre los sectores de la sociedad más desfavorecidos, incluyendo a las mujeres que dependen en mayor medida, por su nivel de renta y patrimonio, de unos servicios sociales que están siendo pasto de los recortes.

– En los sectores de provisión de cuidados y asistencia, donde las mujeres son las principales empleadas, la mujer está volviendo a ocupar un trasnochado puesto de “sustituta natural” no remunerada. En un contexto alejado aún del pleno empleo, reina además la rechazable percepción -anclada en un modelo en el que el hombre es la base del sustento familiar frente a ingresos complementarios más o menos prescindibles de las mujeres- de que el paro masculino tiene mayor urgencia.

– Por otro lado, también el sesgo hacia la mercantilización, la privatización y la individualización del riesgo, están incidiendo negativamente sobre la igualdad de género: el sector privado (que no demuestra ser siempre más eficiente que el público y se mueve por el ánimo de lucro) eleva los costes de los usuarios y acaba desplazando la carga hacia las familias (ya estamos viendo que algunos servicios hospitalarios reducen el número de días de hospitalización de los pacientes en aras de una supuesta mayor “eficiencia”).

En consecuencia, EFC propone:

– Poner en marcha sistemas de incentivos específicos para la contratación de mujeres que contrarresten la tendencia “natural” a priorizar la contratación de hombres en sectores económicos que están masculinizados.

– Auditar los resultados de los procesos privatizadores con modelos que incorporen, además de la evaluación del impacto sobre el bienestar de las personas usuarias, potenciales impactos desiguales de género al trasvasar hacia las familias trabajos no pagados que recaen fundamentalmente sobre las mujeres.

– Embridar el proceso de financiarización especulativa de la economía, reformando leyes como la hipotecaria y promoviendo el alquiler público de viviendas para hogares monoparentales y con menor nivel de renta.

– Facilitar el tránsito del modelo fiscal español hacia un modelo más individualizado teniendo en cuenta que la posibilidad de tributación conjunta supone un desincentivo a la actividad del segundo perceptor de la familia.

– Avanzar en la elaboración de informes solventes sobre el impacto de género en los Presupuestos Generales del Estado, priorizando aquéllas partidas presupuestarias que tengan mayor potencial transformador.

– Mejorar la evaluación de género en las políticas públicas, estableciendo nuevos indicadores económicos del bienestar, para lo que se precisa nuevo material estadístico, siendo urgente que el Instituto Nacional de Estadística realice la demorada Encuesta de Empleo del Tiempo que proporcione datos para medir la importancia, el reparto y la naturaleza del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realiza la población española.

Por todo ello es necesario el desarrollo de políticas coherentes en el ámbito educativo, laboral, social y económico para que el círculo vicioso de la desigualdad de género se convierta en un círculo virtuoso que permita no solo acabar con la injusticia histórica que sufren las mujeres sino también avanzar en el bienestar de toda la ciudadanía.

La lucha por la igualdad de género ha logrado convertirse, por méritos propios, en un compromiso esencial de la lucha por el progreso. La ciudadanía está tomando conciencia y no permitirá pasos atrás ni tampoco estancamientos en este proceso irreversible de justicia y equidad.

Economistas Frente a la Crisis no cejará en su empeño por contribuir con análisis, diagnósticos y propuestas a que la lucha por igualdad de género mantenga el lugar que se ha ganado en el frontispicio de las luchas sociales. Este es también uno de nuestros compromisos.

Las falsas causas biológicas de la discriminación de género y de edad

(Vicenç Navarro. Publico, 8-3-2018)

Hoy se está extendiendo de nuevo la agitación social como protesta frente a las políticas públicas que se han ido aplicando por parte de los distintos gobiernos españoles (bien a nivel central o autonómico) que han causado un gran deterioro del bienestar de las clases populares de España (ver mis artículos “España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo”, Público, 22.02.2018, y “La falsedad de la supuesta excesiva generosidad de las pensiones”, Público, 02.02.18). En realidad era predecible que ello ocurriera, pues los indicadores de calidad de vida en estas clases sociales han alcanzado tales niveles que han forzado a grupos especialmente vulnerables de la población, como son los ancianos y las mujeres, a salir a la calle y denunciar la situación en la que se encuentran.

Estos movimientos han alcanzado un nivel de movilización tal que el establishment político del país ha comenzado a estar preocupado, respondiendo, por un lado, con medidas represivas y, por el otro, con la avalancha ideológica a través de los medios de información que controlan o influencian para falsificar la realidad, negando que haya mérito en las denuncias, atribuyendo su situación de insostenibilidad (en el caso de las pensiones) a la transición demográfica y no a la aplicación de las políticas públicas impuestas a la población por aquel establishment, y en el caso de la desigualdad de género a causas naturales de tipo biológico como el embarazo o la maternidad.

Su principal intención es despolitizar el conflicto social, diluyendo y negando así la responsabilidad de aquel establishment en la creación y reproducción de tal malestar social. Así, atribuyen lo que dicho establishment político-mediático define como el “problema de las pensiones” a la transición demográfica, es decir, a que haya cada vez más ancianos y menos jóvenes, lo cual determina que no habrá fondos (generados por los segundos) para pagar las pensiones (que reciben los primeros). Tal argumento se presenta constantemente, y con la pomposidad que da el poder, como si fuera una obviedad. Y el enorme sesgo derechista de los mayores medios de información españoles (con ausencia de voces críticas) explica que tales argumentos se acepten como dogmas.

Ahora bien, como todo dogma este se base en fe y no en evidencia científica. En realidad, es muy fácil mostrar su falsedad. España no tiene ningún problema de falta de jóvenes. En realidad, hemos exportado casi un millón de personas (incluyendo jóvenes) en los últimos años y ello como consecuencia de falta de empleo. Es más, el desempleo en España entre jóvenes es enorme (38%). A la luz de estos datos hablar de falta de jóvenes es una frivolidad.

Son causas políticas, no biológicas, las que hacen insostenibles las pensiones

El problema de la supuesta inviabilidad de las pensiones no es ni biológico ni demográfico. El problema es primordialmente político, es decir, es causado por la excesiva influencia que ciertos grupos (el capital financiero) y ciertas clases sociales (el 20% de la población con renta superior del país) tienen sobre el Estado (sea central o autonómico). Ahí está la raíz del problema. España tiene la suficiente riqueza para pagar e incluso expandir las pensiones. Y sin embargo se gasta poco en pensiones, cuando su estructura demográfica es bastante semejante a la de la mayoría de países de un nivel de desarrollo económico parecido.

En realidad, como consecuencia del elevado nivel de riqueza, debería gastarse mucho más en pensiones. En lugar de un 8% del PIB (la cifra más baja de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico, después de Irlanda y Luxemburgo), debería gastarse al menos lo que gastan los países en pensiones el promedio de los países de la UE-15 (9,5%), la cual tiene una estructura demográfica semejante con un porcentaje de la población anciana muy parecido (18,5% de la población con 65 años o más en ambos casos). En realidad, esta subfinanciación de las pensiones ocurre en todas las transferencias públicas y servicios públicos del Estado del bienestar, y ello no se debe a causas biológicas y demográficas sino a causas políticas. Concretamente, a los escasos ingresos del Estado como consecuencia de la excesiva y antidemocrática influencia sobre él (ya sea central o autonómico) del 20% de renta superior del país, que paga muchos menos impuestos que sus homólogos en la UE-15. Ahí está el problema.

El falso determinismo biológico como causa de la brecha de género

Una situación semejante a la de las pensiones ocurre con la explicación de la brecha de género. Hemos escuchado estos días a voces conservadoras y liberales que están explicando tal brecha como consecuencia de un fenómeno biológico: la maternidad. Se dice que la mujer es la que biológicamente queda embarazada y da a luz y la que, como parte de su determinante biológico, desarrolla las labores de maternidad. Como consecuencia de ello, “familia” en España quiere decir “mujer”. De ahí se deduce que la maternidad es la causa del retroceso social y laboral, explicando así, por ejemplo, la brecha de género (incluyendo la brecha salarial) entre hombres y mujeres. Esta explicación, ampliamente extendida en España y promovida por el mismo establishment político-mediático que atribuye la supuesta insostenibilidad de las pensiones a la transición demográfica, despolitiza un hecho como lo es la “maternidad” (cómo se realiza y en qué condiciones), que es profundamente político, es decir, que es el resultado del contexto político que traduce relaciones de poder, y muy en especial relaciones de poder de género y de poder de clase social.

En realidad, si la causa de la brecha salarial fuera biológica, tendríamos que encontrar una relación entre número de infantes por mujer en un país y tamaño de la brecha salarial. Es decir, que a mayor número de nacimientos mayor debería ser la brecha salarial. Pues bien, los datos no muestran esta relación. Así, los países nórdicos de Europa (Noruega y Suecia, por ejemplo) tienen un número mayor de nacidos por mujer fértil (1,85 y 1,88 respectivamente) que España (1,5), según los datos de The World Fact Book, y sin embargo tienen una brecha de género, incluyendo salarial, menor. En realidad, España tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa y una de las mayores causas de este diferencial se debe al contexto político (es decir, qué fuerzas políticas han gobernado durante más tiempo en cada país, muy diferentes en el norte que en el sur de Europa).

Los países nórdicos han sido gobernados durante la mayor parte del tiempo desde la II Guerra Mundial por fuerzas políticas de sensibilidad socialista (alianzas de partidos socialdemócratas con partidos comunistas y/o verdes) que han desarrollado y llevado a cabo políticas públicas de apoyo a las familias, facilitando la compatibilidad de las responsabilidades familiares con el proyecto profesional de la mujer como parte de su ideología a favor de la equidad y de la igualdad. En realidad hay muchísimas más mujeres trabajando en el mercado de trabajo en aquellos países (75% de media entre Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia) que no en España (58%) y a pesar de ello el número de niños por mujer fértil es mucho mayor en aquellos países que en España.

La amplia disponibilidad de lo que definí en su día como el 4º pilar de Bienestar -escuelas de infancia y servicios domiciliarios- (ver mi artículo “El cuarto pilar del Estado del Bienestar”, Público, 15.10.2009) y la corresponsabilidad en las labores familiares con participación del hombre en tales tareas (por ejemplo, según datos del European Institute for Gender Equality, la mujer sueca dedica 11,6 horas a la semana a cocinar y a las tareas del hogar y el hombre 8, una diferencia de 3,6 horas) explican que el significado y las consecuencias de la maternidad sean muy distintas en Suecia que en España, donde las mujeres dedican 19,2 horas a la semana a cocinar y a las tareas del hogar, por 10,6 de los hombres (una diferencia de 8,6 horas). Y es por ello que las fuerzas conservadoras (PP) y liberales (Ciudadanos y el PDeCAT) quieren despolitizar la discriminación contra la mujer, para ocultar sus políticas, que hacen un daño enorme a la mujer. Es tan sencillo como esto.