Si las políticas frente a la crisis están teniendo como consecuencia el incremento generalizado de la pobreza y la exclusión, el impacto en Cádiz es demoledor: Una tasa de paro insoportable superior al 41%, un porcentaje de desempleados sin prestación alguna que supera el 50% y una incidencia entre la juventud demoledora, no pueden sino tener como consecuencia que nuestra provincia encabece las cifras de pobreza y exclusión social a nivel nacional
Si el último informe de Cáritas analiza que en Andalucía el número de personas situadas por debajo del umbral de la pobreza alcanza al 31% de la población, esa cifra se dispara en la provincia de Cádiz en niveles que superan el 42 %. Expresado de otra forma, cuatro de cada diez gaditanos tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes o percibe ingresos inferiores al 60% de la Renta Media Disponible. Un porcentaje que se multiplicado por dos en los últimos cinco años.
Este drama social se refleja de forma creciente en el incremento de las demandas a los servicios sociales, de la atención en los servicios de Cáritas, Cruz Roja o comedores sociales o en las ayudas desde el Banco de Alimentos que atiende en la provincia ya a decenas de miles de familias.
En nuestra provincia el 85% de la pobreza se concentra en los municipios de más de 50.000 habitantes, y afecta de modo particular a jóvenes y niños que es el colectivo más afectado por la incidencia de las políticas frente a la crisis. Posiblemente uno de cada dos niños en nuestra provincia esté en riesgo de pobreza, frente al uno de cada tres en España.
Señálese la persistencia de tasas mayores de pobreza en el caso de las mujeres que de los hombres, un fenómeno que está asociado el crecimiento de hogares monoparentales sustentados por una mujer o mujeres mayores de 65 años que viven solas, además de un mercado de trabajo con graves brechas salariales en contra de las mujeres o la mayor precariedad en el empleo femenino.
Los efectos de las políticas ante la crisis ha hecho que la frontera entre ser pobre y no serlo sea cada vez más difusa y permeable. Miles de familias en estos años de crisis han pasado de la inclusión a la pobreza e incluso a la más grave exclusión social.
En efecto la pobreza ya no afecta tan sólo a personas en paro, sino que aumentan aceleradamente los “trabajadores pobres”, es decir que el propio empleo no garantiza condiciones que permitan la plena inclusión de los trabajadores en la vida social. La precariedad, los bajos salarios, los contratos a tiempo parcial, están provocando un aumento de la pobreza entre personas que tienen trabajo
Y, por otro lado, la pérdida del trabajo de quien sustentaba la familia, origina una serie de efectos en cascada que en pocos años quienes tenían niveles de ingresos aceptables, terminen teniendo que acudir al banco de alimentos.
E inmediatamente estas familias se verán afectadas con mucha probabilidad de problemas para mantener o permanecer en una vivienda: cortes de luz o de agua, hipotecas, desahucios por alquileres sociales… Al drama de la pobreza y el paro se une una creciente problemática de acceso al derecho humano a disponer de una alojamiento digno, lo que viene a cerrar la cadena de la exclusión.
Precisamente una realidad menos analizada y que nos preocupa de forma particular es la que se refiere a las personas muy desfavorecidas o que sufren la exclusión social.
Nos referimos a las personas que se encuentran en una situación de pobreza severa (ingresan menos del 25% de la Renta Media Disponible – unos 2.300 euros anuales) y/o sufren carencias o dependencias de diverso tipo de forma importante, a lo que en no pocas ocasiones se añade como hemos dicho, la pérdida de vivienda.
El porcentaje de personas que padecen la exclusión alcanza casi el 20% de la población. Dos de cada diez personas en la provincia de Cádiz vive en situación de riesgo social, se puede considerar altamente vulnerable y padece sin duda la exclusión social. La provincia de Cádiz padece niveles de exclusión en porcentaje más del doble que el conjunto de Andalucía y sólo la provincia de Sevilla se acerca pero aún lejos a la gaditana. De hecho una de cada cuatro personas en situación de exclusión social en Andalucía es gaditana.
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La pobreza y la exclusión social tienen causas complejas ciertamente. Pero en todo caso podemos afirmar que las políticas ante la crisis, se han convertido en los principales motores de la pobreza y la exclusión social.
Esas políticas se han situado al servicio de los poderosos sectores financieros más especulativos, han alimentado la corrupción, adoran al dios mercado y se inclinan servilmente a los dictados de la llamada la llamada troika que están hundiendo a toda nuestra sociedad.
Las personas no tienen en estas políticas ninguna prioridad, antes hay que rescatar y salvar a la banca que nos llevó al desastre.
Razones generales que tienen su traducción en nuestra provincia en razones específicas, ya que si bien las primeras afectan a todas por igual, las segundas intentan explicar las razones de la persistencia en la provincia de Cádiz.
Tendríamos que referirnos a la falta de un modelo de política económica en la provincia; una clase empresarial acostumbrada al subsidio y con poco del espíritu emprendedor tan de moda; en la desinversión y desindustrialización; en el fracaso de las sucesivas políticas de empleo (acompañadas de un despilfarro y falta de adecuación, cuando no corruptelas, clamorosas); en el fin de cajas de ahorro cercanas con fines sociales y económicos que prioricen el empleo y el desarrollo sostenible; en la inexistencia de políticas sociales dignas de tal nombre; en una situación particular de la vivienda en la provincia que fomenta la exclusión; en la quiebra de muchos ayuntamientos que desarrollaron una gestión basada en el despilfarro y el escaparate, y que hoy se encuentran estrangulados entre enormes dificultades, y en ocasiones menos voluntad, para asumir la atención social más cercana…
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Acabamos donde empezamos. Las políticas puestas en marcha frente a la estafa llamada crisis están teniendo en la provincia de Cádiz un impacto demoledor…. Y sólo se podrá salir de este pozo sin fondo con un profundo cambio de rumbo en las políticas económicas y sociales que tengan como prioridad absoluta a las personas que componemos esta sociedad, sus intereses y necesidades y no los intereses muchas veces oscuros de grandes capitalistas, especuladores o del oscuro mercado y los sectores financieros.
La crisis no es ya tan solo económica o financiera, sino que es una crisis ética y moral y sobre todo democrática, en plena crisis de legitimidad de la representación política, en medio de una corrupción que afecta a la mayoría de los partidos políticos e instituciones del Estado. Parece en difícilmente se producirá ese cambio de rumbo sin una catarsis. La ciudadanía tiene que activarse, responsabilizarse y movilizarse por cambios de fondo en nuestra sociedad que son ya perentorios.
