Teólogos catalanes sostienen que el magisterio episcopal no puede imponer opciones políticas que son libres
Cuenta Oriol Domingo en La Vanguardia que la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), convocada con carácter extraordinario para los próximos días 21 y 22, se vislumbra polémica. Levanta suspicacias que la convocatoria del pleno sea extraordinaria, ya que es un hecho inusual. También crea suspicacias el único punto del orden del día (situación cultural, social, política y religiosa de España), porque es un cajón de sastre en que cabe todo: desde la transmisión del Evangelio en la sociedad, que es la misión de la Iglesia, a cuestiones que escapan de este ámbito por ser estrictamente políticas.
Así en medios eclesiales se apunta que algunos prelados – como los cardenales Antonio M. ª Rouco y Antonio Cañizares, y obispos de Castilla y Andalucía- pretenden que el episcopado se defina sobre la estructura del Estado a favor de una determinada concepción de la unidad de España.
La preocupación existente se refleja, por ejemplo, en una carta enviada por un monje de Montserrat al espacio religioso de LaVanguardia.En esta carta se expresa que debería enviarse a la CEE la revista Qüestions de Vida Cristiana (221) que publica artículos sobre el obispo Ramon Masnou (1907-2004) y el monje Adalbert Franquesa (1908-2005), quienes desde su postura cristiana defienden la realidad nacional de Catalunya.
No se descarta, por tanto, que el próximo pleno episcopal sea polémico, como lo fue el de noviembre del 2002 que debatió la instrucción pastoral Valoración moral del terrorismo en España,cuyo capítulo quinto fue criticado por el episcopado catalán por ser un texto confuso y contrario a los legítimos nacionalismos democráticos y pacíficos. El hoy obispo emérito Josep M. Guix, por ejemplo, comenta en el libro Fet nacional i magisteri social de l´Església el hecho que aquella instrucción de la CEE tuviera ocho votos negativos y cinco abstenciones.
Un texto con pretensión de validez universal pierde valor cuando genera esta oposición.
Lo mismo ocurre con el reciente documento Teología y secularización en España.El jesuita José Ignacio González Faus ha desvelado que 16 obispos no lo aprobaron (siete y nueve, entre votos negativos y abstenciones) y que fue gracias al obispo Ricardo Blázquez, presidente de la CEE, que los prelados pudieron, como mínimo, discutir las enmiendas a un texto que quienes lo elaboraron daban como aprobado por unanimidad.
En aquel noviembre del 2002, la Facultat de Teologia de Catalunya, cuyo decano es Oriol Tuñí, elaboró una declaración que mantiene su vigencia. Uno de sus puntos es la función del magisterio episcopal. Los teólogos señalan: «La historia del pensamiento cristiano en el campo social enseña, a veces dolorosamente, que los mismos principios pueden ser diversamente interpretados y aplicados a la realidad. Nadie tiene derecho a condenar otras posiciones sociales y políticas concretas diferentes de la suya».
La declaración de los teólogos afirma: «Respecto a las aplicaciones políticas y sociales de los principios, la función del magisterio es respetar la libertad de las comunidades cristianas en sus decisiones sociales y políticas», y critica que en el capítulo quinto de la instrucción pastoral del 2002, «el episcopado español no ha respetado su misión, sino que ha impuesto como magisterio episcopal una de las posibles maneras de entender la convivencia social y política en nuestro país, desautorizando las otras, también válidas». «Como pastores de todas las comunidades cristianas y de todas las sensibilidades sociales, políticas y culturales, los obispos han de respetar su pluralismo legítimo y han de promover el respeto y el diálogo», concluye.
