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Polémica en Alicante por la ordenanza que prevé multar a mendigos y prostitutas -- Ezequiel Moltó

Publicado en

El País

PSPV, EU y grupos cívicos reclaman programas de integración social
La nueva ordenanza contra la mendicidad y la prostitución que pretende aprobar el PP en el Ayuntamiento de Alicante ha abierto el debate ciudadano y ha hecho reaccionar a una veintena de colectivos (sindicatos, asociaciones y partidos políticos) que han presentado alegaciones.

La norma prevé sanciones que oscilan entre los 750 a los 3.000 euros para las personas que ejerzan la prostitución o la mendicidad en la calle. El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para «investigar y conocer» si esta ordenanza vulnera derechos fundamentales.

Fuentes de la Sindicatura explican que con esta medida pretenden tener «información detalla» sobre el contenido de la nueva norma para poder analizarla. Esto no significa que, a priori, vulnere derechos básicos. La alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, recordó que «los informes técnicos respaldan la viabilidad de esta ordenanza». Castedo confía en la investigación del Síndic. «Me parece bien», afirmó.

Un colectivo que han manifestado su discrepancia es de la Policía Local, que será la encargados de su aplicación. El Sindicato Profesional de Policías Locales y de Bomberos critica que sean los agentes «los que le quiten el dinero a las personas que están practicando la mendicidad», y alertan sobre la dificultad técnica para determinar qué cantidad de dinero proviene de la mendicidad.

La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) denunciaba en las alegaciones presentadas el «afán coercitivo, sancionador y recaudatorio» del Ayuntamiento. Médicos Mundo alerta de que la normativa, que ya fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 8 de noviembre, comporta la «criminalización y estigmatización» de los más débiles.Además del problema que comporta la ejecución de las sanciones a mendigos y prostitutas, la mayoría de colectivos consultados coinciden en que el gobierno municipal del PP tiende a «invisibilizar» este problema.

«Sólo quieren que no se vea en la calle, les da igual que exista explotación sexual o problemas de marginación», asegura la concejal socialista Carmen Sánchez Brugal, que recuerda que las alegaciones del Grupo Municipal Socialista demandaban un plan integral para la prostitución y la mendicidad. Sánchez Brugal alerta de que «las sanciones son imposibles o muy difíciles de aplicar», ya que contra los mendigos que usan bebés o menores para pedir limosna en la calle (algo que está prohibido y perseguido), «no se está haciendo nada. «¿Por qué la Policía no empieza por ahí?», se pregunta.

Miguel Ángel Pavón, candidato a la alcaldía de Alicante por EU, coincide en que la norma «tiende a ocultar los problemas existentes y a criminalizar a los colectivos vulnerables». Según Pavón la aplicación de la norma lo único que conseguirá es «el traslado espacial de las conductas que se pretenden erradicar, de una calle a otra» pero no se plantean políticas de protección o inserción. Todos los partidos de oposición plantean constituir una mesa de trabajo, con todos los agentes implicados, para impulsar un plan integral contra la pobreza, la explotación sexual y la exclusión social.

La Plataforma de Iniciatives Ciutadana (PIC) destaca que no hay que olvidar «las múltiples razones» por las que una mujer ejerce la prostitución: coacción, engaño, promesas falsas, o necesidad de migrar desde otros países más pobres. «Y, detrás de ellas, siempre hay personajes y tramas oscuras, proxenetas, traficantes de personas y desalmados», asevera.

Diversos colectivos sociales de todo tipo se han unido en Grupo 23 de septiembre (www.23septiembre.blogspot.com) y han lanzado un manifiesto contra la ordenanza contra la prostitución y mendicidad en espacios públicos de Alicante en el que «comparten» el objetivo de erradicar las situaciones de mendicidad y prostitución en los espacios públicos. «En ningún caso podemos admitir soluciones y medidas coercitivas contra colectivos vulnerables, agravando su precariedad e indefensión», advierte.

El gobierno del PP analiza las alegaciones antes de aprobar definitivamente la norma. Los sindicatos UGT y CC OO en el Ayuntamiento de Alicante también se han sumado a las alegaciones del Sindicato de Policía.

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