La Iglesia española ha salido a la calle una vez más para reivindicar su concepción de la familia. Cientos de miles de personas, llegadas de todo el país en autocares y trenes fletados para la ocasión, han participado junto a ella en un «acto por la familia cristiana» promovido por los sectores más conservadores de la institución: los afines al arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y los emergentes movimientos neocatecumenales.
Es innegable que la Iglesia tiene el mismo derecho que cualquier otro colectivo que no vulnere los principios democráticos a manifestar en la calle su visión del mundo, pero debe empezar a asumir que su derecho se acaba justo ahí: puede reivindicar, pero no imponer. Y es que, pese a que Rouco había asegurado que el acto de ayer no tendría contenido político, los discursos de algunos de los obispos participantes dejaron claro que con tamaña muestra de fuerza, la Iglesia pretende recordar que no ceja en su pulso con el Gobierno socialista para lograr la abolición de las leyes que no se adaptan a su ideario. Leyes aprobadas por un Parlamento elegido democráticamente.
En estos días convulsos para el clero –tras las declaraciones de Martínez Sistach sobre Els pastorets de Polònia o el obispo de Tenerife sobre la pederastia–, oír al cardenal García-Gasco decir que «nos dirigimos a la disolución de la democracia» por culpa de la aprobación del matrimonio gay, o al propio Rouco asegurar que este supone «una marcha atrás en los derechos humanos» no parece lo más adecuado para reconciliar a la Iglesia con la gran mayoría de la sociedad. Con semejante tremendismo probablemente enardecerán a los convencidos, pero se alejarán un poco más del resto.
