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Paraguay: brutal e ilegal represión en Caaguazú -- Federico Tatter

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Asunción del Paraguay, 9 de julio de 2009. El domingo 5 de julio de 2009, nuevamente las fuerzas policiales, bajo mandato judicial, cometieron una brutal represión sobre población civil compuesta de campesinos, y entre ellos, ancianos, mujeres y niños, en un ataque combinado y simultáneo en distintos puntos del departamento de Caaguazú.

El ministerio público surge como responsable aventajado en la toma de decisión, aunque el ministro de interior y el comandante de la policía nacional, no se quedan atrás en la responsabilidad como los ejecutores directos de las órdenes emanadas y cumplidas.

Esta acción, una más de las tantas ya aplicadas como si existiera un manual que se cumple al pie de la letra, demuestra una sistemática tendencia, sobre el ritmo y estilo de las promesas de soluciones al tema campesino, y las acciones en la práctica diaria, y viene a tirar por el piso nuevamente, las muy recientes palabras del Presidente de la República Fernando Lugo en su mensaje a la nación el 1 de julio de este año ante el pleno del parlamento nacional, sólo cuatro días antes de los hechos denunciados.

En aquella oportunidad, el mensaje presidencial inició con: “Nuestro primer y principal compromiso es la inclusión, la lucha contra la pobreza, la opción preferencial por los Paraguayos y Paraguayas que tienen dificultades para obtener un pan en este día a causa de las desastrosas políticas sociales de siempre”.

Continuó con: “Como Gobierno emergente de las grandes mayorías representamos las aspiraciones de una voluntad de cambio que jamás dialogará con los poderes fácticos, ni las mafias, sino que se vinculará con las organizaciones sociales, campesinas, de trabajadores”.

Más adelante, y en forma más específica: “Los logros del Ministerio del Interior también han sido notables … en el programa de inversiones en la adquisición de rodados, equipamientos y tecnologías, se realizó un gasto superior a todo lo invertido en los últimos cinco años, solo en el presente ejercicio. Además, se equipará por primera vez a la Policía Aérea con un grupo de helicópteros para agilizar las tareas de control y persecución”.

Finalmente en el segmento de la reforma agraria, tampoco dejó dudas: “Las condiciones de pobreza en las que vive gran parte de la población paraguaya en el interior del país son efecto de la pésima distribución de la tierra en nuestra Nación. La enorme cantidad de campesinos sin tierra, de pequeños agricultores y de productores familiares que tienen que afrontar la sobrevivencia diaria con ingresos ínfimos tiene que hacernos pensar a todos”.

Todo indica que el discurso viaja por un carril, cuando la acción represiva, plagada de ilegalidades y violaciones a las garantías, viaja por otro, y probablemente en sentido contrario. Acompañan estas observaciones TRES anexos, el primero, un informe de una misión observadora integrada por varias organizaciones de derechos humanos, el segundo, relatorio de un abogado de los derechos humanos, tercero, comunicado del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, CIPAE, quienes documentan la violación sistemática de las garantías y la falta de respeto a los derechos humanos por parte del ministerio público y las fuerzas policiales nuevamente.

Este y otros desleznables hechos constatados, documentados y responsablemente denunciados, indican las razones del por qué este gobierno se ha negado en forma sistemática a ir más allá de los discursos y zigzagueos, se ha negado a elevar efectivamente la promoción y protección de los derechos humanos con visión histórica a política de estado.

Hoy, jueves 9 de julio, el Ministerio del Interior, en conferencia de prensa, anuncia que investigará los hechos de violación a los derechos humanos cometidos por sus fuerzas policiales a través de una Comisión «had hoc». La medida que llega en forma tardía, tampoco se compadece con los procedimientos ajustados a la ley y al sistema de protección nacional de los derechos humanos, que tiene instalado el estado paraguayo.

Se han cometido graves atropellos por parte de fuerzas públicas, y éstas han surgido de órdenes de la cadena de mandos obediente de la Comandancia de la Policía, y dicha instancia obedece, a su vez a las directas órdenes del Ministro y sus viceministros. Existen evidencias de presuntos hechos punibles por parte de la corporación policial y el ministerio del interior, y parece un recurso defensivo interno la creación de una comisión, que no especifica, ni su tipo, caracácter, o vinculación con presuntas o posibles responsabilidades penales vinculadas o resultantes de dicha comisión.

Es claro, que esta laguna institucional para investigar el accionar de segmentos del estado, y especialmente de sus órganos armados o con prerrogativas represivas sobre la población, ha sido producto de la propia indefinición o dilación al extremo del actual gobierno en asumir en forma institucional y responsable la promoción de los derechos humanos como eje de política de estado en su transformación social.

Y en este caso, como los anteriores casos ya denunciados en estos escasos diez meses de gestión, queda patentamente claro que no ha existido investigación sobre estos atropellos por parte del Ministerio Público, ni por parte de su órgano específico, la dirección de derechos humanos del ministerio público, y más que ausente, y por qué no decididamente llamado a silencio, la llamada red de direcciones de derechos humanos de un conjunto inorgánico de ministerios, recientemente difundida como noticia de destaque, y que la ciudadanía tiene escaso o nulo conocimiento sobre sus competencias.

Y finalmente, al margen de las responsbilidades presuntas que puedan surgir de las profundas o epidérmicas investigaciones de una comisión had hoc, está la responsabilidad política, que no surgirá de resultado de investigación alguna, y que tiene que ver con la propia gestión ministerial, y que es preciso asumirlas, si se asume como válido y de emergencia el ajustado informe realizado ya por una misión de observación a cargo de la Coordinadora CODEHUPY y la organización BASE-IS, para no dilatar más definiciones.

Federico Tatter.

ANEXO A:
Informe de la Misión de Observación sobre las represiones ocurridas en Caaguazú a miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC).
Elaborado por BASE Investigaciones Sociales (BASE IS) – Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

Desde el 22 de junio de 2009, unos 800 integrantes de la FNC acampaban al costado de la Ruta 7, a la altura del kilómetro 179, barrio Toro Blanco de la ciudad de Caaguazú. Allí realizaban cortes de ruta intermitentes, como mecanismo de presión al gobierno para el cumplimiento de sus demandas y también como medio para dar a conocer la realidad del campesinado a la ciudadanía en general. Entre sus principales demandas se encuentran: la condonación de las deudas de los pequeños productores que, ante la sequía y la baja de los precios de los productos, viven en la desesperación ante la posibilidad de perder todo lo que tienen; la reforma agraria integral como prometió el actual gobierno en su campaña electoral y que incluye, la distribución de tierra, la dotación de infraestructura a las comunidades, la facilitación de servicios de salud y educación, entre otras cosas.

El domingo 5 de julio, a pocos metros del campamento, se produce un violento asalto a un comercio, que termina con la muerte del propietario. Según testigos desconocidos, luego de ocurridos los hechos, los maleantes ingresaron a las carpas de la Federación, con una escopeta que robaron del comercio. Llama la atención que pretendan esconderse a escasos metros de donde cometieron el delito, y además, que según muchos campesinos entrevistados, el comerciante de la zona solía prestar ayuda a los acampados en la ruta.

El lunes 6, a las 7.20 de la mañana, se presenta la fiscala Fanny Villamayor y otros dos fiscales, acompañados de un escuadrón de la policía para catear el campamento, en busca del rifle perdido, que sería la evidencia del crimen. El operativo comienza con toda violencia (algo extraño para un trabajo que debería ser de inteligencia y no de fuerza bruta), y los campesinos y campesinas son dispersados por la ciudad de Caaguazú, donde comienzan a ser perseguidos y violentados por la policía. La policía no respetó territorio, edad, sexo ni condición física de las personas para reprimir. A quien alcanzaban, pegaban con salvajismo, sea anciano, mujer o discapacitado. Según oficiales de la policía quien daba órdenes de ejercer violencia era la fiscala Fanny Villamayor.

Luego de haber sido dispersados, los manifestantes se volvieron a reagrupar en la plaza principal de Caaguazú, donde de nuevo la violencia policial entró en acción. Fueron hasta la Iglesia, pero, al parecer, la orden de dispersar la movilización era tan clara que hasta allí siguió la persecución del aparato represivo. Finalmente encontraron una zona franca, luego de negociaciones con el Intendente municipal, en el tinglado municipal de la ciudad, donde permanecen hasta ahora.

El saldo del operativo fue de varias decenas de heridos, entre los que se cuentan mujeres, menores de edad, ancianos mayores de 70 años, discapacitados. Unas 50 personas fueron detenidas e imputadas por “Resistencia” y “Exposición a riesgos comunes”. La única resistencia que hubo, según mencionan los campesinos fue contra las cachiporras, los balines, los caballos de la montada. Una resistencia por defender la propia integridad física. Además, como en otros casos, las víctimas denuncian el saqueo de sus bienes personales, entre los que se pueden contar celulares, dinero en efectivo, frazadas, colchones y otras cosas.

Llamativamente, y para concluir con las incoherencias de la fiscalía y las fuerzas policiales, en la tarde del mismo lunes 6, otros dos campamentos de la FNC fueron reprimidos y dispersados. Uno, a 15km de Caaguazú, en dirección a Asunción, en la calle Paraguarí, donde había 100 campesinos/as que al ver venir a la policía se adentraron hacia la comunidad Kurusú Araujo, a 7km de la ruta internacional. Hasta allí fueron perseguidos y nuevamente violentados. El otro, a 20km de Caaguazú en dirección a Ciudad del Este, en la localidad de Vyra’ygua. Sobre el caso no se tienen informaciones precisas, pero, el procedimiento habría sido el mismo.

Las imágenes son testigos de la violencia salvaje utilizada por la policía y alentada por los fiscales. Bajo ningún punto de vista se puede seguir justificando este tipo de operativos por parte de la policía. Urge purgar el aparato fiscal y la justicia, al mismo tiempo que la cabeza del Ministerio del Interior debe entrar en razón, para recordar y respetar los Derechos Humanos reconocidos por el Estado paraguayo. Fuente, informes de CODEHUPY y BASE-IS. Link: http://www.fncmarandu.blogspot.com/

ANEXO B:
Rafael Filizzola: Responsable de represión y torturas. ¿Puede seguir siendo ministro?

Abog. Juan A. Martens. 8 de julio de 2009. El Ministro del Interior, Rafael Filizzola es el responsable político y jurídico, de las detenciones ilegales y arbitrarias, tortura y trato cruel a campesinos organizados de la Federación Nacional Campesina (FNC), en Caaguazú. Los efectivos de la Policía Nacional dependen directamente del Poder Ejecutivo, con el que se relacionan a través del Ministro del Interior[1].

Rafael Filizzola, como ministro del interior, ejerce la dirección política y técnica de los efectivos policiales. Establece la política de actuación e intervención policial a los efectos de garantizar la seguridad pública en Paraguay de todos los habitantes, en el marco de un estado social de derecho; así como garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, como la protesta, la manifestación y petición a las autoridades[2].

La Policía Nacional es un órgano no deliberante. No actúa por sí misma, sino cumpliendo estrictas órdenes de sus superiores por mandato constitucional[3]. Por tanto, la represión a los campesinos de la FNC en Caaguazú y otros puntos del país, es una decisión de Rafael Filizzola; o, en su caso, una desobediencia a sus mandatos.

En ambas situaciones, Filizzola es el responsable. En la primera, por ordenar tales prácticas contrariando principios constitucionales y legales; en la segunda hipótesis, por su incapacidad de disciplinar a sus subordinados. Un ministro que no controla las fuerzas policiales, no puede seguir ejerciendo el cargo.

Sin embargo, las reiteradas represiones a grupos organizados confirma la hipótesis que es una política de Rafael Filizzola garrotear a los que exigen derechos fundamentales[4]. Con estas actuaciones viene demostrando que desconoce principios básicos de actuación policial en una sociedad democrática que exige el uso de la fuerza, una vez que se hayan agotadas las medidas de persuasión[5]. Filizzola aplica la violencia como primera medida, incluso sin mediar palabras.

Estas prácticas también violan el artículo 298 del Código Procesal Penal paraguayo que autoriza el uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción que requiera la contención.

Es inadmisible en el orden constitucional y legal paraguayo que efectivos policiales sigan golpeando a los detenidos, cuando estos hayan sido aprehendidos, esposados. Las imágenes difundidas en los últimos días, donde se ven a policías golpeando a detenidos con las manos arriba o acostados en el suelo, boca abajo, son pruebas de los delitos que cometieron estos uniformados. Deben ser enjuiciados y expulsados de las fuerzas públicas. Estas imágenes constituyen pruebas de tortura y trato cruel, inhumano y degradante prohibido en Paraguay por la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, que forman parte de nuestra legislación, al ser ratificados por el Congreso[6]. Se castigan con penas de hasta 15 años, en el Código Penal Paraguayo.

La violencia policial en Paraguay es una práctica autoritaria puesta al servicio de grupos oligárquicos que manejan el país, que Rafael Filizzola, como ministro del interior sostiene. Ya en el 2005, el Comité de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), advertía que “toma con preocupación la persistencia del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad… como práctica común, incluyendo golpes y muertes de personas…”[7]

Es aún más preocupante que habiendo denuncias concretas presentadas a Rafael Filizzola contra efectivos policiales, éste no arbitre los medios necesarios para sancionar a los responsables de torturas y tratos crueles[8].

Un ministro del interior que tiene como política la represión, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes contra grupos organizados que expresan sus demandas haciendo uso de derechos constitucionales; que no depure de sus filas a los perpetradores, es el responsable político y jurídico de tales actos. No puede seguir siendo Ministro en un estado social de derecho, como es la República del Paraguay. Debe irse. Fuente, el autor: «Juan Martens»

NOTAS:
[1] Art. 5. Ley 222/93. Ley Orgánica de la Policía Nacional.
[2] El derecho a la protesta es el primer derecho en un estado social de derecho. Cuando amplios sectores de la población, que no controlan, ni acceden a los medios de comunicación masiva para hacer llegar sus reclamos a las autoridades deben recurrir a medios alternativos de manifestación y protesta (cierres de rutas, ocupación de predios, etc.) para que sus voces no sean silenciadas, ni sus reclamos acallados; pues la democracia debe facilitar la opinión de todos los sectores sociales. En este sentido se han expresados entre otros Roberto Gargarella y Wilian Brennan, juez de la Corte Suprema de EEUU.

[3] La Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación. Art. 175 C. N.

[4] Recuérdese la represión del 5 de noviembre de 2008 a manifestantes frente a la Fiscalía General del Estado, donde hubo más de 50 heridos; la represión contra indígenas que intentaban llegar a mburuvicha róga, el 2 de diciembre de 2008, donde la policía hirió a 21 nativos; el atropello a las comunidades Curupayty y Mbokajaty, en Choré, San Pedro, el 20 de junio de 2009, donde hubo más de 30 heridos, entre hombres, mujeres, niños y niñas; la represión a campesinos en Arroyito, Horqueta, el 23 de junio de 2009, donde hubo más de 30 heridos; los 15 indígenas heridos, el 24 de junio de 2009, por antimotines en la represión, en el centro de Asunción.

[5] Principios básicos de Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
[6] La Convención fue ratificada en 1990.
[7] CCPR/C/PRY/CO/2, 31 de octubre de 2005, párr. 11.
[8] En lo que va del año, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) presentó más de tres denuncias.

ANEXO C:
COMITE DE IGLESIAS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA, CIPAE,

A LA OPINION PÙBLICA

La brutal represión policial registrada el lunes 06 de julio en Caaguazú en contra de los manifestantes de la Federación Nacional Campesina (FNC), constituye una grave violación de los Derechos Humanos elementales que creíamos una etapa superada en el país a partir del 20 de abril del año pasado, en que supuestamente se produjo un cambio del régimen político.

El Comité de Iglesias, como entidad ecuménica que trabaja en varios departamentos del país, especialmente con productores rurales de familias campesinas, lamenta profundamente que el Gobierno del Presidente Fernando Lugo no haya encontrado una respuesta más apropiada a las demandas populares que la represión salvaje y el aumento de los desalojos violentos.

Expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones campesinas que buscan afanosamente, desde hace décadas la implementación de la reforma agraria, así como también con las personas que resultaron golpeadas, agredidas y atropelladas en su dignidad por el hecho de protestar y resistir un supuesto cateo para buscar al autor de un asesinato en la zona.

Reiteramos nuestra postura de exigir a las autoridades el cumplimiento irrestricto de las normas vigentes en materia de derechos humanos y exhortamos a los responsables de las instituciones que tienen la misión de dar respuestas, a ocuparse con mayor celeridad de los problemas sociales para que puedan conservar el crédito ganado en las últimas elecciones.

Nuestra institución está siempre dispuesta, así como todas las demás organizaciones fraternas de la sociedad civil, a colaborar para construir políticas públicas, diseñar estrategias de intervención y desarrollar programas de apoyo a las familias campesinas en su afán de abandonar la pobreza y la inequidad social.

Definitivamente estos problemas no se resuelven con la represión y menos aún con el modelo implementado por la última dictadura de tratar de desarticular las organizaciones populares. Asunción 8 de julio de 2009. Fuente: «Comite deI glesias» .

(Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesiales de Base)

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