La próxima supresión de la prestación de 426 euros a los parados de larga duración, y cuya mayoría de beneficiarios está entre los 45 y 55 años, puede empujar a 700.000 ciudadanos a un estado de extrema penuria económica, ya que el grueso de la población al que van dirigidas estas ayudas carece de formación y, por lo tanto, de escasas perspectivas de colocarse.
No es admisible retirar las ayudas a los parados, los cuales no son responsables de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica y, sin embargo, no empezar por exigir a las entidades financieras que devuelvan el dinero público recibido si continúan con las líneas regulares de crédito cerradas. No es tolerable que mientras que miles de parados no paran de enviar currículos, con más voluntad que esperanza, a los altos cargos de la Administración no se les controle los gastos en tarjetas de crédito, llamadas a teléfonos móviles y viajes con pernoctación.
¿Por qué se retira la prórroga de subsidio a los desempleados y no son más prioritarios un plan de reducción de pérdidas para las televisiones públicas y una ley por la que la Administración central, autonomías y Ayuntamientos no sobrepasen un nivel estipulado de gastos en el presupuesto asignado.