Panamá: Denuncia por abuso de autoridad -- Miguel Antonio Bernal

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Panamá profundo

La denuncia criminal interpuesta el pasado 1º de septiembre contra Daniel Delgado Diamante, quien funge como Ministro de Gobierno y Justicia, y los señores: Samuel Lewis Navarro, Salvador Rodríguez, Benjamín Colamarco Patiño, Rosario Turner Montenegro, Edwin Salamín Jaén, Carmen Gisela Vergara, Gabriel Diez, Guillermo Salazar Nicolau, María Roquebert León, Héctor Alexander y Dilio Arcia, se debió a que, abusando de su autoridad y extralimitándose de las funciones que la Constitución y la Ley le confieren, firmaron los decretos Ley 5 y 6 de 18 de agosto de 2008 que aparecen en la Gaceta Oficial 26107 del martes 19 de agosto, incurriendo en las conductas que describe el Código Penal en su Título X, Capítulo IV, Libro Segundo.

Los ciudadanos Angélica Maytín Justiniani, Mauro Zúñiga Araúz, Roberto Arosemena Jaén, Rolando Villalaz Guerra y mi persona, fundamentamos la misma en los siguientes hechos:
Que el 18 de agosto de 2008 se reunió el Consejo de Gabinete para discutir modificaciones al artículo 41 de la 18 de 1997 y al Decreto Ley 2 de 8 de julio de 1999.

Que distintas organizaciones cívicas, gremiales y empresariales, además de grupos de Derechos Humanos le advirtieron al Organo Ejecutivo, del precedente funesto que se ocasionaría en materia de democratización y respeto a las garantías fundamentales.
Que los ministros integrantes del Consejo de Gabinete hicieron caso omiso a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 159 de la Constitución , en el sentido de que los decretos leyes no pueden comprender el desarrollo de las garantías fundamentales.

Que, igualmente, los mencionados decretos-leyes violan flagrantemente las garantías constitucionales de la presunción de inocencia, el debido proceso, la libre expresión, movilización, inviolabilidad del domicilio, reunión y acceso a la información, consagrados en los artículos 22, 26, 27, 32, 37, 38 y 42 de la Carta Magna.
Que el artículo 310 de la Constitución , igualmente es violado abiertamente con los decretos leyes, abriendo el camino a la instauración de un régimen autoritario donde el Ministro de Gobierno y Justicia asume controles, funciones y potestades inherentes o propias de quien ejerce la Presidencia de la República como Jefe del Ejecutivo.

Que con los decretos leyes Nº 5 y 6 se violan convenios americanos y pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, permitiéndose la concentración de poder en manos de un supuesto subalterno del Presidente de la República y dando paso a que personas con formación militar no policial, ocupen los puestos sensitivos e importantes de la seguridad del país, bajo una óptica castrense.

Que el Servicio de Protección Institucional pasa a ser una dependencia adscrita a un denominado Comité de Información y Seguridad que, a su vez, forma parte del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, supeditado a un Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional.
Los ministros se extralimitaron en las funciones que la Ley y la Constitución le confieren y vulnerar nuestros derechos individuales y garantías fundamentales.

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(Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesiales de Base)