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Otro informe alerta del peligro que se cierne sobre las pensiones -- Jordi Benítez

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El gasto podría aumentar en 1,7 puntos el año que viene respecto a la situación prepandemia, y ubicaría el sistema en un estado aún más delicado mientras se acerca el momento crítico de la jubilación de la generación del baby boom
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado una nota de Miguel Ángel García (Universidad Rey Juan Carlos, URJC) en la que se cuantifica el posible impacto de la actualización de las pensiones sobre el gasto público total en esta materia y sobre las cuentas del componente contributivo de la Seguridad Social en 2023.

Los cálculos se basan en hipótesis prudentes sobre la evolución de los precios, salarios y PIB a la luz de la nueva situación creada por la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha elevado la inflación hasta el 9,8 % en tasa interanual en marzo.

Bajo estas hipótesis, el gasto público total en pensiones superaría el año que viene los 188.500 millones € (el 14 % del PIB), con lo que habría aumentado en 1,7 puntos de PIB sobre el nivel existente en 2019, momento en el cual estaba situado en la media de los países de la Zona Euro. Una inflación superior al 6 % empeoraría la situación, dado que cada punto adicional de IPC aumentaría el gasto total en pensiones en torno a 1.700 millones € (0,12 puntos del PIB). El Banco de España estima que la inflación media de este año puede ser del 7,5 %.

El déficit del componente contributivo de la Seguridad Social en 2023 se situaría en el 1,2 % del PIB en 2023 (-15.200 millones €) después de inyectar 18.396 millones € desde la Administración General del Estado en concepto de gastos impropios. Si se excluye este concepto, el saldo negativo del sistema aumentaría hasta el 2,6 % del PIB (-33.600 millones €). De cumplirse este escenario, el sistema de pensiones mostraría un fuerte desequilibrio justo antes de iniciarse la entrada en edad de jubilación de la generación del baby boom, con el consiguiente aumento del ritmo de crecimiento del gasto.

La reciente Ley 20/2021 incluye, entre otras medidas, la garantía del poder adquisitivo de las pensiones mediante su actualización anual con la tasa media del IPC. Con esta medida el legislador quiere proteger a la población pensionista de pérdidas de poder adquisitivo derivadas de la evolución de los precios y aislarla de la evolución de la economía.

Esta decisión, no obstante, implica un incremento importante del gasto público en pensiones que la AIReF ha estimado en torno a 2,7 puntos de PIB en 2050, bajo una hipótesis de estabilidad de precios y crecimiento sostenido del PIB. Este aumento se añadiría a una posición de partida ya desequilibrada de las cuentas de la Seguridad Social, que presentan un déficit del 1,2 % del PIB pese a las elevadas transferencias estatales destinadas a cubrir una serie muy discutible de supuestos gastos impropios del sistema.

Ningún informe sobre gasto de la Administración Pública: Congreso, Senado, Consejo de Ministros, Consejo de Estado, Consejo de Competencia, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico Social, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Municipios y Cabildos, Fiscalía del Estado, Casa y Consejo del rey, ministerios y secretarios de Estado inútiles, expertos, Delegaciones del Gobierno, Complejo Moncloa, Complejo de Zarzuela, etc. AQUÍ NO HAY RECORTES

De muchos de estos órganos sobran TODOS los puestos y de los otros MÁS de la MITAD. La gente puede pasar hambre, miseria energética, no pagar el agua o el teléfono, no llegar a fin de mes, no renovar la ropa o el calzado, no tener vacaciones, no poder comprar juguetes o libros, ni pagar la hipoteca, pero sí pagar más impuestos, congelar o reducir las pensiones, arresto domiciliario, inflación disparada, precariedad laboral, etc. AQUÍ SÍ PUEDE ACOSARSE A LA POBLACIÓN.

Eliminar gasto inútil, eliminar duplicidad de gestión, eliminar chiringuitos, eliminar ayudantes, asesores, expertos, consejeros y colaboradores NO. Exprimir a la población SÍ.

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