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Se visten con uniformes de combate y portan armas de uso militar. Dicen que son extremadamente patrióticos y sus grupos tienen nombres como Oath Keepers (Custodios del Juramento), Three percenters (Los tres por ciento) y Posse Comitatus (Fuerza del condado).
Conducen patrullas en sus estados y para entrenarse realizan asaltos e incursiones en recintos simulados con municiones reales.

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Cualquiera pensaría que forman parte de las fuerzas armadas o son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

No es así.

Pertenecen al llamado «movimiento patriota»: cientos de grupos paramilitares cuya misión, dicen, es librar una guerra contra el gobierno y «proteger las libertades civiles».

Y el país al que pertenecen: Estados Unidos.

«El movimiento de las milicias, como se lo conoce, son grupos extremistas antigobierno que comenzaron a cobrar impulso en los 1990», explica Mark Pitcavage, investigador del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación de Estados Unidos.

«Su ideología está basada en teorías de conspiración globales sobre amenazas a la paz y la estabilidad y creen que el gobierno federal está colaborando con estas conspiraciones», le dice el experto a BBC Mundo.

«Dicen que el gobierno está intentando quitarles sus armas, privarlos de sus derechos y libertades y que necesitan luchar contra esta conspiración», le dice el experto a BBC Mundo.

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«Odio organizado»
Según los datos del Southern Poverty Law Center (SPLC), que se encarga de monitorear lo que llama grupos de odio y extremistas en Estados Unidos, actualmente existen 623 grupos del movimiento patriota.

Y dentro de éste hay 165 milicias que forman el «ala armada» del movimiento.

Los grupos varían en tamaño. Algunos tienen decenas de seguidores, otros, como el llamado «Three Percenters» (Los tres porciento), cuentan con unos 10.000 miembros.

«Están extendidos por todo el país», dice Mark Pitcavage. «Pretenden ser soldados, se organizan con rangos en sus grupos y se hacen llamar batallones o regimientos».

«En realidad son grupos extremistas y están muy bien armados», agrega.

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Los objetivos precisos varían de un grupo a otro, pero los une es una característica fundamental: su desconfianza con el gobierno y las estructuras del Estado, que ven como principal enemigo.

Su objetivo es defender lo que ven como amenazas fundamentales a la constitución de su país: la libertad de expresión y el derecho a portar armas.

«Y están preparados a usar sus armas para proteger sus derechos y restaurar lo que dicen es el ‘plan perfecto de los Padres Fundadores para Estados Unidos'», dice Pitcavage.

Algunos de estos grupos forman parte del movimiento de los «survivalistas» (que se están preparando para una distopía) y otros creen en las políticas de extrema derecha.

«Si revisamos la historia estadounidense podemos ver que estas milicias armadas han existido en el país desde sus inicios», afirma Carolyn Gallaher, profesora de la American University en Washington y autora de «On the Fault Line: Race, Class and the American Patriot Movement» (En la falla geológica: raza, clase y el movimiento patriota estadounidense), entre otros libros.

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«Y parte de su existencia tiene que ver con la forma como la gente llegó aquí, cuando no había fuerzas de policía ni militares establecidas, así que la gente tuvo que crear sus propias milicias para protegerse», le dice a BBC Mundo.

Las milicias modernas tienen sus raíces en organizaciones racistas y antisemitas de los 1970 y 1980, como el llamado christian identity (identidad cristiana) y el posse comitatus, que propagó teorías conspirativas de que el gobierno federal era una amenaza al pueblo estadounidense.

Y ahora se les suele ver en eventos polémicos como la marcha de grupos de extrema derecha en Charlottesville en agosto pasado.

Allí, además los nacionalistas, el alt-right, los supremacistas blancos y miembros del Ku Klux Klan y los contramanifestantes del llamado Antifa, estaba este tercer grupo que para muchos pasó desapercibido.

«Tercera fuerza»
Eran varias decenas de hombres con uniforme de combate y chalecos antibalas, que portaban rifles de asalto y se comunicaban entre sí con radios y auriculares.

Muchos se preguntaron quiénes eran esos individuos. Ellos respondieron que eran «una tercera fuerza» y que estaban allí para «defender la libertad de expresión».

«Así es como están tratando de estar ‘con Dios y con el diablo'», asegura Mark Pitcavage de la Liga Anti Difamación.

«Se aparecen en estos eventos y se posicionan como una tercera fuera y dicen cosas como ‘queremos proteger la libertad de expresión de todos, queremos mantener la paz, queremos apoyar a la policía’, e incluso algunos de ellos condenaron a los supremacistas blancos», le dice a BBC Mundo Pitcavage.

A pesar de que su ideología los acerca a la extrema derecha, no se les debe confundir con los supremacistas blancos.

«No son supremacistas. Es un movimiento extremista antigobierno. Incluso se ha visto que hay algunas personas de color en el movimiento, aunque la mayoría son blancos».

Más con Obama, menos con Trump
Según el SPLC, «el número de grupos del movimiento patriota se disparó de 149 en 2008 a 1.360 en 2012, en gran parte como reacción a la elección de Barack Obama».

«Como su ideología está intensamente centrada en el gobierno federal como su principal enemigo, el movimiento patriota aumentó drásticamente cuando la nación estaba dirigida por un hombre negro», asegura la organización.

Pero este último año ha habido un marcado cambio en el movimiento: tienen una afinidad con Donald Trump y su gobierno.

«El movimiento patriota ve a Trump como un gobierno con el que puede trabajar», le dice a BBC Mundo Carolyn Gallaher.

«Algunos grupos han dado indicios de que están dispuestos a hacerlo. Pero hay otras milicias, principalmente en el occidente del país, donde mantienen una larga disputa con el gobierno federal por el control de tierras. Y no creo que esa indignación cambie con Trump», dice la experta.

Por su parte, Pitcavage cree que las milicias continuarán sus actividades, incluso bajo el gobierno de Trump.

«Algunos seguirán siendo antigobierno. Hace un par de meses un miembro de una milicia fue arrestado en Oklahoma por conspirar para hacer explotar un banco», cuenta Pitcavage.

«En octubre se descubrió un complot de una milicia en Kansas que quería volar un edificio de departamentos que albergaba a inmigrantes somalíes».

El experto de la Liga Antidifamación subraya que aún es pronto para saber si el número de milicias seguirá disminuyendo bajo el gobierno de Trump.

Esto, sin embargo, no son buenas noticias.

Tal como asegura el Southern Poverty Law Center (SPLC), aunque el movimiento patriota y sus grupos armados sigan disminuyendo con el gobierno de Trump, «la extrema derecha y los grupos de odio que operan en el país continúan un aumento sin precedentes».

Después de medio siglo de haber estado relegada a los márgenes de la sociedad, se vio algo sin precedentes en Estados Unidos: la entrada de la derecha radical al discurso político convencional.

El número de grupos de odio que operan en el país continúa incrementándose: 917 en 2016.

Y el cambio más dramático en el último año, dice el SPLC, fue «el enorme aumento de 197% de los grupos de odio antimusulmanes, de 34 en 2015 a 101 en 2016».

NOTA, Divulgado por <”LECTURAS DE LOS VIERNES”, edición virtual del 15 de diciembre de 2017. Blog Luis Mejia Tuesday, January 2, 2018 INMIGRACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRUMP: XENOFOBIA, RACISMO E INJUSTICIA SOCIAL Nota informativa: Una versión corta de este ensayo apareció en la edición del 17 de diciembre del 2017 de Razón Pública, importante revista colombiana de análisis y opinión[i]. Índice: 1.   Inmigración: ¿un problema? 2.   La burocracia estadounidense contra los inmigrantes 3.   Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals) 4.   Dapa (Deferred Action of Parents of Americans and Lawful Permanent Residents) 5.   Daca y el partido demócrata 6.   TPS (Temporary protection status) 7.   Pacto mundial sobre migración 8.   Ciudades santuario 9.   Violencia discriminadora 10.  Los inmigrantes, víctimas de odio y discriminación 1.   Inmigración: ¿un problema? El gobierno estadounidense dirigido por Donald Trump se ha caracterizado hasta ahora por la intemperancia de sus declaraciones públicas, la improvisación en la toma de decisiones, el desmonte de las protecciones legales del medio ambiente y los consumidores, la falta de coordinación entre sus diferentes agencia y los roces entre estas y el personal de la Casa Blanca, el nombramiento de funcionarios no calificados para cargos de importancia –lo que es especialmente preocupante en el caso de jueces ignorantes de su ciencia pero leales a la ideología republicana que desempeñarán sus cargos de por vida-, la espontaneidad errática de las declaraciones de Trump en los medios sociales y la  frecuente desconexión entre estas declaraciones y las acciones de algunos de sus subalternos.  Las mayorías republicanas que dominan el congreso federal no permiten que este cuerpo ejerza imparcial y diligentemente su tarea de controlar y remediar los excesos del gobierno. En este panorama resalta la diligencia desplegada por Trump con el respaldo del partido republicano para cumplir  las promesas de campaña relacionadas con la eliminación de inmigrantes indocumentados y la reducción del flujo de refugiados e inmigrantes regulares. Solo la protección de los intereses de los ciudadanos más ricos y corporaciones más poderosas ha ocupado un lugar comparable en la atención del gobierno y en la actividad legislativa de su partido. La inmigración puede ser un problema económico si los inmigrantes no participan en el mercado de trabajo, si al participar desplazan al personal nativo o inducen una baja en sus salarios o si se convierten en una carga para los servicios públicos. Estudios respetados indican que la contribución neta de los inmigrantes al crecimiento económico es positiva, que pagan impuestos y aportan a los fondos de seguridad social y que no desplazan a los nacionales de empleos que  estos quieran desempeñar. Los inmigrantes pueden ser un problema social si cometen más crímenes que la población nativa y si no interactúan con otros grupos étnicos o con los nacionales. Análisis de las estadísticas de criminalidad indican que los inmigrantes cometen proporcionalmente menos crímenes que los nativos y que es normal un grado de aislamiento social en los recién llegados y en la primera generación. Y los inmigrantes pueden ser un problema cultural si hay una cultura dominante cuyos promotores quieren forzar en los recién llegados y resienten que estos conserven el idioma, la religión y algunos de los hábitos de vida de su lugar de origen. La intolerancia que surge de esta actitud abre las puertas a la violencia de grupo y el extremismo político. De hecho los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos enfrentan problemas relacionados con la precariedad en el empleo, la falta de protección legal frente al abuso de empleadores y el robo de salarios, la indefensión frente a criminales comunes, el aislamiento social y cultural causado por el temor a ser deportados, las amenazas a  la estabilidad de sus familias, las dificultades de acceso a los servicios de salud y educación, la imposibilidad de conseguir licencias de conducir, el dilema de no pertenecer a los Estados Unidos y no poder regresar a casa y el acoso de los supremacistas blancos. Una sociedad con sentido de equidad reconocería su ética de trabajo, los aportes que han hecho a la prosperidad de Estados Unidos, los impuestos que pagan, los aportes que hacen a los fondos de seguridad social sobre los cuales no tendrán derecho alguno en la vejez y el hecho de que sus envíos de dinero a los países de origen alivian los problemas sociales y económicos de socios y aliados de Estados Unidos. Pero el gobierno dirigido por Donald Trump, sus aliados republicanos y los votantes que todavía lo respaldan han optado por expulsar a los indocumentados y limitar el número de posibles inmigrantes regulares. 2.   La burocracia estadounidense contra los inmigrantes Invocando su deber de hacer cumplir las leyes y usando el poder discrecional que le dan los reglamentos migratorios vigentes Trump ha construido lo que el diario elChicago Tribune llama “barrera burocrática a la inmigración”. Esta barrera, más práctica y efectiva que una muralla divisoria entre México y los Estados Unidos, se basa en la interpretación literal de las leyes relativas a inmigración. Es una táctica significativa ya que cuando se trata de proteger los intereses de corporaciones y millonarios  el régimen Trump es muy flexible en su aplicación de la ley. Algunos elementos de esta barrera son: - La reducción del 60% en el número de refugiados aceptados anualmente, - Una política agresiva de deportaciones, - La suspensión durante seis meses de programas de reasentamiento de refugiados, - Formalización de un chequeo exhaustivo de cualidades y antecedentes personales de solicitantes de refugio, - La eliminación de la opción rápida de ciudadanía para soldados voluntarios, - La prohibición a ciudadanos de países musulmanes de viajar a Estados Unidos, - La construcción de un muro en la frontera mexicana, - La consolidación de bases de datos compartidas entre agencias de inmigración y departamentos locales de policía, - Las restricciones a la libertad condicional por razones humanitarias de inmigrantes indocumentados arrestados o detenidos por infracciones leves, - La participación de funcionarios estatales y municipales en la persecución de indocumentados, - La propuesta de reducción de visas de residente de un millón a medio millón al año, - La eliminación de la lotería de visas que anualmente beneficiaba a 50.000 emigrantes de países con baja representación demográfica en los Estados Unidos, - La propuesta para aumentar el número de jueces de inmigración, los centros de detención y los guardias fronterizos, - La propuesta del Departamento de Justicia de incluir una pregunta sobre la ciudadanía de los encuestados en el próximo censo de población. El perdón presidencial a Joe Arpaio, un jefe de policía que abusó de los poderes de su cargo para perseguir indocumentados hispanos, envió un mensaje de lo posible a los agentes del orden y uno de amenaza a los inmigrantes y sus defensores. Estas acciones complementan las decisiones de Trump para eliminar políticas de amparo a los inmigrantes que fueron aprobadas por gobiernos anteriores, tales como el Daca, el Dapa, el TPS y el pacto mundial sobre migración. Al mismo tiempo, las actividades anti-inmigratorias del gobierno han despertado un movimiento popular de oposición personificado en las ciudades santuario. 3.   Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals) En 2012 la administración Obama creó el programa de aplazamiento de deportación de inmigrantes indocumentados llegados al país como menores de edad (Daca, por sus siglas en inglés) para facilitar el acceso de estos a la universidad y al mercado de trabajo. Usó para este efecto el poder de discreción que la ley da a las autoridades para posponer sus acciones contra alguien. Cerca de 800.000 jóvenes que eran menores de 16 años cuando entraron al país se inscribieron en este programa; para beneficiarse de él entregaron al gobierno toda su información personal, incluyendo su domicilio y el de sus padres. En la campaña presidencial Trump prometió terminar este programa  al que llamó amnistía ilegal. Después de cambiar públicamente de opinión en favor y en contra varias veces firmó la orden de terminación a partir de abril del 2018 a menos que el congreso determine otra cosa. Y el Congreso, de mayoría republicana enemiga del programa, se abstendrá de hacerlo, permitiendo su terminación sin asumir responsabilidad. Los beneficiarios del programa ahora corren el riesgo de que los inspectores de inmigración los busquen y deporten usando la información personal que entregaron a las autoridades federales cuando se enrolaron en el programa. Podemos anticipar que el régimen de Trump será indiferente a la pérdida de confianza ciudadana en el gobierno cuando esto ocurra. 4.   Dapa (Deferred Action of Parents of Americans and Lawful Permanent Residents) La administración Obama también creó en el 2014 un programa de aplazamiento de deportación de los inmigrantes indocumentados cuyos hijos fueran ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos  (Dapa, por sus siglas en inglés).  Este programa fue demandado por ilegal y suspendido por el juez de conocimiento. En junio pasado el gobierno dio por terminado el programa alegando que no había un camino viable para continuar defendiéndolo en las cortes. 5.   Daca y el partido demócrata En septiembre el gobierno estaba a riesgo de paralizarse porque el congreso no había apropiado fondos para su funcionamiento y el liderazgo republicano se negaba a discutir una resolución de gastos a corto plazo. Trump acudió a los líderes demócratas del congreso para eludir el boicot republicano.  Los demócratas le ayudaron a pasar una resolución que financiaba los gastos gubernamentales hasta diciembre  en el entendimiento de que Trump protegería Daca. Poco después la Casa Blanca negó la existencia de un acuerdo sobre el particular y condicionó el mantenimiento de Daca a la aprobación en el congreso de un plan de reforma migratoria de 70 puntos. Los republicanos, a pesar de ser mayoría, no han tomado la iniciativa para incluirlo en un proyecto de ley. Los demócratas lo rechazaron como era de esperar. A principios de diciembre el gobierno se vio de nuevo en situación de pedir al congreso una autorización de gastos a corto plazo. Esta vez los republicanos apoyaron a Trump para neutralizar cualquier capacidad negociadora que hubieran podido tener los demócratas si sus votos hubieran sido necesarios. 6.   TPS (Temporary protection status) Aproximadamente 320.000 inmigrantes indocumentados – el 3% de los 11 millones de indocumentados- se benefician de la proteccióntemporal contra la deportación ofrecida a nacionales de 10 países por la administración Obama. La ley faculta al gobierno para crear este programa cuando las desgracias de un país hacen imposible que sus ciudadanos regresen o cuando el gobierno de ese país no está en condiciones de recibirlos. Los beneficiarios del programa han vivido en Estados Unidos 19 años en promedio, el 69% está empleado, participan en actividades cívicas y tienen un total de 275.000 hijos nacidos en Estados Unidos que tienen derecho a la ciudadanía. La repatriación de los padres romperá la unidad familiar. La mayoría (300.000) son originarios de Haití, El Salvador y Honduras. Aunque económica y culturalmente enriquecen a los Estados Unidos, caen dentro de las metas de Trump y son fáciles de identificar y arrestar pues el gobierno federal tiene información al día sobre su paradero. El gobierno ha decidido que las condiciones de vida de los países de origen ha mejorado y que los beneficiarios del programa pueden regresar a hacer sus vidas, de paso beneficiando a sus países con las habilidades laborales y los principios democráticos aprendidos en Estados Unidos y con los ahorros que hayan hecho, como han dicho funcionarios defensores de la medida. El programa terminará en marzo del 2018 para los salvadoreños, en enero del 2019 para los nicaragüenses y en julio del 2019 para los haitianos. Los hondureños serán los próximos. La situación de estos inmigrantes es particularmente irónica. Sus países son pobres y violentos gracias a la ineptitud y la corrupción de elites gobernantes aliadas y sostenidas en el poder por los Estados Unidos. Estudiosos de los movimientos migratorios de población han identificado factores que inducen a la gente a abandonar la tierra de su nacimiento y factores que la inducen a escoger un lugar de destino. Las políticas de intervención de los Estados Unidos mantienen regímenes políticos y económicos generadores del atraso y la inseguridad que  empujan a la gente a emigrar, mientras que la visibilidad que adquieren por su intervención en el gobierno y economía locales los convierten en un magneto para los inmigrantes.  El común de los votantes no entiende esta situación en ningún país del mundo, especialmente en tiempos de estancamiento de salarios y mercado laboral quieto. Y el liderazgo populista de Trump y del partido republicano se beneficia de la ignorancia y xenofobia de los votantes. 7.   Pacto mundial sobre migración La asamblea general de 2016 de las Naciones Unidas aprobó una declaración de derechos y garantías para inmigrantes y refugiados y puso en marcha la preparación de un tratado mundial que haga la migración “segura, regular y ordenada” con base en principios comunes, que proteja los inmigrantes vulnerables y reparta de manera más equitativa la carga de acoger, proteger y apoyar a los refugiados. Esta iniciativa, igual que la declaración de derechos humanos, la protección de la libertad de prensa y la condena a Israel por su ocupación de Palestina, carece de poder coercitivo. Sin embargo, Trump ha ordenado el retiro de los Estados Unidos alegando que esa iniciativa no es compatible con la soberanía nacional y no coincide con las políticas del gobierno. La embajadora ante las Naciones Unidas dijo que las decisiones sobre política de inmigración deben ser tomadas por los estadounidenses solos. Esta decisión tiene un valor simbólico. Es un mensaje que valida la xenofobia de algunos estadounidenses en consonancia con la actitud general del gobierno. 8.   Ciudades santuario Una oleada de inmigrantes indocumentados centroamericanos llegó al país en  los años 80, durante las guerras civiles patrocinadas por Estados Unidos en la región. Rechazados por el gobierno, fueron protegidos por la sociedad civil, especialmente iglesias opuestas a la intervención oficial en el exterior. Así nacieron los santuarios. La presión del régimen trumpiano sobre los inmigrantes ha llevado a muchas iglesias a reasumir su viejo papel y a gobernantes estatales y municipales, liderados por la  ciudad y el estado de Nueva York, San  Francisco y Chicago, a declarar santuarios a sus jurisdicciones. Hacia el mes de mayo ya había un total de 171 santuarios: 37 ciudades, 4 estados y 130 provincias. Al declararse santuario las municipalidades rehúsan colaborar con el gobierno federal en la búsqueda y deportación de inmigrantes indocumentados. En represalia el régimen ha amenazado con suspender transferencias presupuestales del gobierno federal a los gobiernos locales. Sometido el asunto a la consideración de un juez, este determinó que el gobierno no puede cambiar la destinación de fondos presupuestados por el Congreso. Igual que el “ferrocarril clandestino” que crearon los abolicionistas antes de la guerra civil estadounidense para proteger a los esclavos sureños que escapaban hacia el norte, los santuarios gozan del respeto de la gente progresista y el rechazo de la derecha. Así que los republicanos en el congreso están procesando legislación que prohíba a las ciudades declararse santuarios. El jefe de la oficina de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que estas ciudades han preferido proteger a la gente que ha cometido un crimen contra el país, usando lenguaje apropiado para crear sentimientos de rechazo y temor en las masas. El crimen a que se refiere es el incumplimiento de reglamentos administrativos migratorios. Por supuesto, nunca se expresará en los mismos términos contra la violencia de los supremacistas blancos ni contra las masacres de quienes se benefician del libre tráfico de armas en el país. 9.   Violencia discriminadora En la campaña presidencial Trump alentó la violencia de grupo. En sus manifestaciones hubo episodios de agresión física contra participantes que portaban carteles de oposición a su candidatura. Él minimizó la gravedad de los eventos, prometió pagar las costas judiciales de sus simpatizantes que fueran arrestados por actos violentos y culpó a saboteadores enviados por sus enemigos. Como jefe de estado ha tendido a contemporizar con los autores de actos de violencia y hostigamiento contra miembros de minorías sociales; ocasionalmente los ha condenado pero lo ha hecho sin entusiasmo y solo bajo dura presión de la opinión pública. En el gobierno ha mantenido un lenguaje beligerante contra su antecesor, el presidente Obama, y contra sus oponentes. Su lenguaje empodera y valida los prejuicios raciales y la xenofobia de sus seguidores. El Centro Legal sobre Pobreza en el Sur (Southern Poverty Law Center) considera que Trump “ha abierto las puertas de la Casa Blanca de dos maneras: consulta con grupos de odio políticas que pueden debilitar los derechos civiles en nuestro país y facilita la infiltración de ideas extremistas en el discurso y la agenda de la administración”. El Centro cita declaraciones y decisiones de Trump y documenta el pasado racista de personas nombradas o nominadas para el gobierno o el sistema judicial federal. Una lista de 917 grupos de odio activos en 2016 elaborada por el Centro incluye grupos ‘patrióticos’ antigubernamentales, células del KKK, nacionalistas blancos, neo-nazis, anti-musulmanes, anti-GLBT y grupos separatistas negros. Utilizando datos del FBI documentó un aumento del 25% en crímenes de odio en los últimos tres meses del 2016. Por su parte el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad del Estado de California reportó 827 crímenes de odio en 13 ciudades mayores en 2017 con base en datos del FBI. Un incremento sobre los 690 que hubo en 2016. Los inmigrantes son víctimas frecuentes de estos crímenes. 10.  Los inmigrantes, víctimas de odio y discriminación Trump y su equipo justifican sus decisiones como correcciones a las decisiones ilegales de la administración Obama, han eliminado la expresión inmigrante indocumentado y usan la de inmigrante ilegal y llaman criminal la violación de reglamentos administrativos sobre inmigración. Hacen uso del poder emocional de los crímenes cometidos por individuos aislados para inferir el peligro que representan 11 millones de indocumentados. Trump prometió en la campaña mejorar las condiciones de vida y empleo de las clases media y baja, repatriar empleos y empresas, mantener los beneficios de seguridad social (jubilación y cuidado de la salud), restablecer las manufacturas y la minería del carbón, aumentar el salario mínimo, aumentar impuestos a los ricos, eliminar la influencia de grupos de cabildeo empresarial en la legislación y en el funcionamiento del gobierno. Dijo que con nadie le iría mejor a los negros que con él.  El presupuesto sometido al congreso, la reforma impositiva aprobada por este y las políticas implementadas en el curso del año contradicen esas promesas además de que hizo algunas sin importarle los obstáculos que para su realización crea el mundo real. El partido republicano, por su parte, se ha hecho abanderado de la célula familiar tradicional y en su campaña contra modalidades alternativas de familia ha hecho alianza política con iglesias cristianas integristas. Para el partido y las iglesias, sin embargo, la unidad de la familia inmigrante es tan trivial como lo fue la unidad de la familia negra para los esclavistas del pasado y la unidad de la familia de los pueblos aborígenes para los misioneros cristianos y los creyentes en la superioridad blanca. Para distraer la atención de sus seguidores Trump y el liderazgo republicano enfilan sus baterías contra los inmigrantes como criminales, generadores de inseguridad entre sus vecinos y ladrones del empleo que merecen los nativos. En su régimen de gobierno el odio y el hostigamiento a las minorías sociales es el premio de consolación que ofrecen a sus seguidores tan engañados como lo fueron los líderes demócratas. La actitud de Trump con respecto a los inmigrantes es tanto más extraña cuanto más ligada está la historia de su familia con la historia de los extranjeros que encontraron un hogar en los Estados Unidos. Su abuelo paterno hubiera pasado por uno de los inmigrantes mexicanos que él ha expuesto a escarnio, su madre fue una mujer tan humilde como cualquier inmigrante centroamericana y dos de sus esposas realizaron el sueño de tantas mujeres inmigrantes pobres de casar con estadounidense rico y darle hijos. La página web de Altright, que junto con Breibart y Fox News es una fuente de comentario, hechos alternativos y noticias falsas favorita de Donald Trump, ofrece la justificación para el odio racial en los siguientes términos:  “Estos dos grupos, los negros y los hispanos, no van a tratar a los blancos con amabilidad y generosidad. Ellos han tomado lo que los blancos del planeta crearon y aportaron y lo han arruinado […] es obvio para la mayoría de nosotros que el camino a la reconciliación pacífica se ha cerrado –si es que existió alguna vez- y debemos prepararnos para el momento en que no seremos atacados por individuos aislados disparando un revólver en un evento público”[ii]. 2 de enero del 2018 Publicado en blogluismejia.blogspot.com