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Observaciones de Greenpeace a la propuesta de orden por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de Enero de 2.009

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Greenpeace

En respuesta a la petición de observaciones realizada por la CNE al Consejo Consultivo de Electricidad, se formulan las siguientes OBSERVACIONES por parte de Greenpeace, a través del Consejero representante de las organizaciones de defensa ambiental en el Consejo Consultivo de Electricidad.

Greenpeace ha pedido en el Consejo Consultivo de Electricidad que las tarifas eléctricas sean verdaderamente progresivas, de forma que paguen más quienes más energía gasten, y que se ponga en marcha una negociación transparente y abierta para que desaparezca cuanto antes el déficit tarifario.

Aunque el sistema de tarifas propuesto por el Gobierno incluye cierto grado de progresividad, ya que la subida de tarifas es proporcionalmente mayor para los consumidores de mayor potencia contratada, Greenpeace pide que las tarifas se gradúen en función de la energía realmente consumida, de forma que sean proporcionalmente mayores para quienes más energía gastan, pues una cosa es la potencia contratada y otra distinta el consumo real de energía.

Hay que penalizar los derroches, ya que la generación de electricidad es la mayor fuente de emisión de CO2. Es injusto que paguen lo mismo por un kilovatiohora quienes hacen un uso moderado y eficiente de la electricidad que quienes la malgastan.

Aunque las tarifas incluyen un recargo cuando el consumo supere los 500 kWh mensuales (pero sólo hasta 15 kW contratados), Greenpeace propone establecer recargos crecientes en tramos de 100 kWh mensuales, para todas las tarifas. La problemática social que pueda darse con aquellos suministros que superen esos niveles pero que correspondan a un número alto de personas por contrato, deben resolverse a través del IRPF, no mediante una subvención en la tarifa eléctrica.

Además, la propuesta del Gobierno no incentiva el ahorro energético, ya que establece las mismas tarifas (mismo término de potencia y mismo término de energía) para todos los consumidores domésticos de las tarifas 2.0., y lo mismo hace con todas las PYMEs entre sí (tarifas 3.0.), y además baja el término de potencia a las PYMEs con más potencia contratada (tarifa 3.0.2).

El problema más grave de las tarifas actuales no es la subida (que equivale a poco más de un euro al mes para el consumidor doméstico medio y poco más de cuatro euros para el total de consumidores en baja tensión), es el insostenible déficit tarifario, una bola de nieve que no para de crecer. El déficit
proviene de una política absurda de fijar las tarifas eléctricas por debajo del coste de la electricidad en el mercado. Esta medida, aunque parezca beneficiar a los consumidores, realmente les perjudica de forma grave, porque:

– Los consumidores acumulan una deuda cada vez mayor, y quedan obligados a pagar, con intereses, el déficit de cada año durante los 15 años siguientes.
En las tarifas de 2009 se destinarán 1.689.624.000 € a pagar déficit de años anteriores.

– Los consumidores, engañados por unos precios políticos de la electricidad más bajos de lo que son realmente, gastan más energía de la que gastarían si supiesen el verdadero coste. Esa energía vendida de más sólo beneficia a las compañías eléctricas (que acabarán cobrando aunque sea más tarde) y a los bancos que eventualmente compren la deuda. Con este sistema se encubre y favorece el derroche de energía.

– Los consumidores se ven privados de ejercer su derecho a elegir suministrador (y por tanto no pueden elegir el origen de la electricidad que compran), ya que ningún comercializador puede competir con los precios políticos de las tarifas (no pueden comprar energía cara en el mercado para
venderla barata a los consumidores).

Según cálculos de la CNE, para que no se produjese más déficit las tarifas deberían subir alrededor de un 30%, pero como ningún gobierno se atreve a aplicar esa subida de golpe para nivelar el error acumulado por los gobiernos anteriores, Greenpeace exige una solución negociada y transparente entre todos los miembros representados en el Consejo Consultivo de Electricidad para acabar cuanto antes con el déficit. Lo que hace falta es una estrategia clara que marque los plazos y la senda a seguir.

Greenpeace se opone rotundamente a falsas “soluciones” al déficit de tarifa, como la pretensión de sacar de la tarifa y llevar a los presupuestos generales del Estado las primas a las renovables y la cogeneración, ya que el déficit no ha sido producido por estas tecnologías y la razón por la que reciben primas es que sustituyen a otras tecnologías sucias de alto coste ambiental, por lo que es
lógico que sean los consumidores de electricidad los que paguen lo que cuesta
producirla, no los contribuyentes.

Para aliviar el coste total de la electricidad, Greenpeace pide eliminar de las tarifas de 2009 todas las subvenciones a las energías sucias, como: los 93 millones de euros de primas al carbón nacional, los 71 millones de euros para la gestión de residuos radiactivos, los 65 millones de euros de la central
térmica de Elcogas o los 3 millones de euros por la antigua moratoria nuclear.

Respecto a la partida destinada a planes para realizar la limpieza de la vegetación de las márgenes por donde discurren las líneas eléctricas de distribución, Greenpeace propone que para cobrar ese dinero se exija que la vegetación retirada se aproveche energéticamente como biomasa.

En cuanto a la capacidad de intercambio comercial de las interconexiones con Francia y Portugal, Greenpeace propone que se dé prioridad a la electricidad procedente de fuentes renovables.

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