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OBISPOS Y PP, UNIDOS CONTRA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. Joaquín Calomarde

Publicado en

obispos y PP4.jpg¿Por qué Rajoy no pregunta a Sarkozy o a Merkel sobre Educación para la Ciudadanía?
La actitud del PP, coincidente con la de la Iglesia, satisface a los sectores más reaccionarios de la sociedad española
En España existe afición histórica a las polémicas falsas. Es decir, a las querellas contra todo aquello que no compartimos porque no queremos. Sin más argumento que la delación de supuestos fallos, herejías o dogmas (mejor antidogmas, al no coincidir necesariamente con los propios). De ello al auto de fe no hay mucho. Pero, sobre todo, esa innecesaria acritud con respecto, en este caso, a la asignatura de Educación para la Ciudadanía responde claramente a interés de parte.

Veamos. La asignatura se plantea en España por el Gobierno de modo legítimo. Responde a un mandato de la Unión Europea para todos los países miembros de la Unión, como es el caso de España, y está inspirada por un cierto “republicanismo” a lo Pettit que ni es malo, ni es inmoral, ni es inconstitucional, ni niega derechos de nadie, ni cercena creencia alguna.

Casi toda Europa
Los motivos son claros. Educación para la Ciudadanía, con ese, o con los nombres propios de cada país, se imparte en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea exceptuando, de momento, Holanda. El debate, en todo caso, debería ser el siguiente: ¿tiene el Estado democrático, en cuanto tal, competencia y legitimidad en el sistema educativo para que la Educación de la Ciudadanía se imparta de modo obligatorio en el mismo?

La moral cívica, una obligación
La respuesta es que sí. Por los siguientes motivos: en primer lugar, es una asignatura que se contempla en el marco de la LOE ( Ley Orgánica de Educación) aprobada en el Parlamento con el voto a favor del conjunto de grupos políticos menos el Partido Popular. Luego cuenta con el respaldo de la mayoría de la representación democrática de los españoles: el Congreso de los Diputados y el Senado, o sea, las Cortes Generales. Segundo: el Estado democrático no es que pueda, es que está obligado, a enseñar moral cívica; es decir, aquellos conocimientos que la democracia considera necesarios para el aprendizaje de su civismo.

Derechos Humanos

Esto es, en el caso de la Educación para la Ciudadanía, La Constitución Española en su conjunto y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así como un conjunto de materias que se derivan y se justifican en las anteriormente citadas Constitución y Declaración de Derechos como son, resolución dialógica de conflictos, igualdad personal, y social, no discriminación por razón de sexo, etc, es decir, todos aquellos asuntos que un alumno o una alumna española tienen derecho a pensar y conocer en el ámbito de la educación pública (que, no olvidemos, es un derecho constitucional ).

La Iglesia
Ahora bien, la Iglesia Católica no está de acuerdo, me refiero a la posición pública de la Conferencia Episcopal, con que en la asignatura se aborden modelos de familia (de acuerdo con la Constitución y el marco legal vigente). Es lógico: cuando se votó en el Congreso el matrimonio homosexual la jerarquía eclesiástica se opuso. Y lo hizo con contundencia. No seré yo quien niegue derechos doctrinales propios de la emanación teológica de la fe católica; pero, de ahí, no puede inducirse que la Educación para la Ciudadanía vulnere el derecho a la libertad educativa de los padres. No es cierto. Por cuanto que, en nuestro país, la clase de religión sigue siendo un derecho para los alumnos que la exijan y demanden y para las familias que la estimen y quieran. Y una obligación, en lo que se refiere a su enseñanza, tanto para la enseñanza pública como para la concertada o privada en sentido estricto. ¿Dónde está, por lo tanto, la vulneración de derechos individuales, familiares o de otra naturaleza? Sencillamente no existe.

El problema del PP
Un problema distinto al de la Iglesia es el del Partido Popular. No es cierto que le estorbe la asignatura, aunque haya pedido su retirada del currículum escolar español. Los partidos homólogos al PP en Francia, Alemania, etc… la defienden y velan por ella como un deber inequívoco del Estado (pregúntele a Sarkozy o Merkel por ejemplo). Lo que le ocurre al PP es que desea confundir, conscientemente, a la población con la falacia de decir que el Estado no puede enseñar contenidos morales públicos. Y sí puede desde el punto de vista de la Constitución y de nuestro ordenamiento vigente por un lado, y además debe.

¿Adoctrinamiento partidario?
Otra cosa sería el adoctrinamiento partidario (pero claro, Rajoy sabe de sobra que Educación para la Ciudadanía no es en ningún momento el “catecismo socialista“, como dijo en el Debate sobre el Estado de la Nación desde la Tribuna del Congreso sin ningún reparo) Lo sabe, y, sin embargo, no le importa: lo dice. Porque así contenta a los sectores más reaccionarios de su propio partido y en torno y a él, en este momento, eso le interesa de cara a las generales porque es el voto que precisa para continuar con alguna probabilidad en su puesto. Dado que, como persona inteligente, hace tiempo que ha dejado de pensar en el voto de centro para su partido. Así se explican, como es lógico, curiosos comportamientos políticos recientes.

Sectores integristas
Y todos contentos. Y Mercedes Cabrera hereje. En fin, cosas de españoles, cosas sobre las que no habría siquiera que hablar en un país normal, en una democracia normal, pero que en la nuestra, una vez más, muestran estas diatribas interesadas, la cara menos amable de nuestra derecha (que no centro-derecha) y de sectores integristas de la sociedad española. Que sin duda existen y tienen su lugar, y su derecho de libre expresión constitucional, pero la mayoría de los españoles tiene precisamente el derecho de ser mayoría que la propia Constitución le otorga y los mecanismos legales vigentes para evitar que, ese derecho, se confunda con la arenga privada o partidaria. No hablemos más, pues.

Joaquín Calomarde es Diputado al Congreso por Valencia, adscrito al Grupo Mixto

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