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Fuente: Observatorio eclesial
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que se pronuncie a favor de mayores garantías de debido proceso para los no ciudadanos que enfrentan procesos de deportación y en contra de la detención indefinida sin revisión judicial.En un escrito presentado ante la Corte Suprema, la USCCB y la Red Católica de Inmigración Legal (CLI-NIC) argumentaron que fortalecer las protecciones del debido proceso ayudaría a defender la dignidad humana de los no ciudadanos y proteger el bien común, en consonancia con la enseñanza de la Iglesia Católica.
Los obispos presentaron su petición en el marco del caso Genalo v. Keisy G.M., en el que un residente per-manente de Estados Unidos, originario de República Dominicana, sostiene que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violó su derecho al debido proceso protegido por la Quinta Enmien-da de la Constitución estadounidense.Keisy G.M., cuyo nombre completo no ha sido revelado públicamente, permaneció detenido durante 21 meses.
Aunque compareció ante un juez,nunca recibió una audiencia de fianza para determinar si podía ser liberado mientras continuaba su proceso migratorio.A pesar de contar con residencia permanente en Esta-dos Unidos, enfrentó un procedimiento de deportación después de ser condenado por agresión grave. Poste-riormente recibió un indulto del Estado de Nueva York,lo que puso fin a la amenaza de deportación.Dignidad de la persona humana
En su escrito legal, los obispos señalaron que las ga-rantías del debido proceso son coherentes con la ley estadounidense, la tradición jurídica del país y la ense-ñanza social de la Iglesia.?La detención ejecutiva nunca ha estado completamen-te aislada del control judicial?, afirmaron, añadiendo que esto ?concuerda con la doctrina social católica, que re-conoce tanto la legítima autoridad del Estado como la dignidad del individuo?.
La USCCB advirtió que ?el confinamiento indefinido sin una revisión individualizada por parte de un tribunal neutral es contrario a nuestro sistema constitucional y ala libertad ordenada que este protege?. Según los obis-pos, abandonar este principio tendría consecuencias graves para las personas afectadas.?Una detención prolongada puede costar a las personas sus empleos, hogares, salud y la capacidad de partici-par de manera significativa en sus propios procedimien-tos legales.
Puede separar a los padres de sus hijos,desestabilizar familias enteras y causar daños que no pueden repararse con una eventual liberación?, señala-ron.Aunque reconocieron que en algunos casos la deten-ción puede ser necesaria para proteger intereses legí-timos del Estado, como la seguridad pública, insistieron en que estas medidas deben estar justificadas ante un tribunal neutral y no aplicarse de manera automática.En su argumentación, los obispos citaron la encíclica Pacem in Terris, publicada en 1963 por el Papa Juan XXIII, que enseña que ?el bien común se salvaguarda mejor cuando se garantizan los derechos y deberes personales?.A partir de este documento, explicaron que las autori-dades tienen el deber de garantizar que los derechos de cada persona sean ?reconocidos, respetados, coor-dinados, defendidos y promovidos?, permitiendo ade-más que cada individuo pueda cumplir sus deberes con mayor facilidad. Según la encíclica, ?salvaguardar los derechos inviolables de la persona humana? y ?facilitarel cumplimiento de sus deberes? constituye ?el deber principal de toda autoridad pública?.
Los obispos también citaron al arzobispo Paul Ga-llagher, secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, quien durante el debate general de apertu-ra de la semana de alto nivel de la 80.ª Asamblea Ge-neral de las Naciones Unidas afirmó que deben respe-tarse siempre ?los principios de igualdad ante la ley,responsabilidad, aplicación equitativa de la ley, separa-ción de poderes, seguridad jurídica, debido proceso,prevención de la arbitrariedad, así como la transparen-cia tanto en los procedimientos como en los asuntos legales?.
La USCCB señaló que estos principios se concretan mediante procedimientos que obligan al Gobierno a jus-tificar las privaciones importantes de libertad basándose en las circunstancias individuales de cada persona y no en presunciones generales.Los argumentos orales del caso están programados pa-ra el 13 de octubre. Keisy G.M. está representado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles(ACLU) y otras organizaciones dedicadas a la defensa de las libertades civiles.
Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.(aciprensa.com) 10/09/2026ÁMBITO SOCIAL8. Deudos de los 43: hay riesgos de que se regrese a la “verdad histórica”En vísperas de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa,las madres y padres denunciaron que?no hay respuestas? sobre el paradero de sus hijos: ninguna persona ha sido sentenciada