El País

Cinco meses de parálisis política han transformado Oaxaca en una bomba de relojería. Lo que empezó en el pobre y atrasado Estado sureño mexicano como una huelga ritual de maestros en demanda de mejoras salariales se ha convertido en una insurrección social aderezada con guerrilla urbana, que se ha cobrado ya nueve vidas y ha arruinado turística y comercialmente a su capital, 250.000 almas encerradas entre barricadas.
El punto de inflexión que transformó la protesta en abigarrada rebelión se produjo en junio pasado, cuando el gobernador del Estado, Ulises Ruiz, un dinosaurio del PRI cuyos procedimientos son los mismos que permitieron su existencia como partido único durante casi tres cuartos de siglo, envió a la policía contra los descontentos.

El conflicto es ahora una confrontación directa entre el centenar de colectivos regionales que han reforzado a los maestros y mantienen en pie de guerra la ciudad y el gobernador, cuya destitución pretenden sin éxito los amotinados.
Pese a que los poderes públicos son prácticamente inexistentes en Oaxaca, donde desde hace meses las escuelas permanecen cerradas, el Senado mexicano acaba de rechazar la utilización de los resortes constitucionales que permitirían echar a Ruiz.

Ni lo quiere el PRI, su partido, ni tampoco el gobernante Acción Nacional, que necesitará los votos del primero para formar una mayoría estable de gobierno cuando el presidente electo Felipe Calderón asuma el cargo en diciembre. Ambos partidos temen sentar un precedente peligroso en un país donde las presiones populares o los movimientos insurgentes arrecian en otros Estados contra sus máximos dirigentes.

Parece que sólo medidas de choque podrán devolver el orden y la actividad a una ciudad que se desangra entre el hartazgo de su población. Pero la Administración saliente de Vicente Fox teme por encima de todo pasar a los libros con la vitola de represora, aunque el mantenimiento de su quietismo, alegando respeto por la soberanía de los Estados, supone no sólo una dejación inadmisible, sino una herencia doblemente envenenada para Calderón; como si el inminente presidente mexicano no tuviera suficiente con el mandato paralelo que amenaza con montar su rival electoral, el oportunista Andrés López Obrador.

La pasividad de los poderes públicos ha dado alas a la enquistada crisis de Oaxaca. El Gobierno mexicano tiene la inexcusable responsabilidad de zanjarla de una manera urgente y civilizada.