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Más de 30 personas convocadas por el grupo Stop Desahucios del 15M de Granada se han concentrado en la mañana de este miércoles frente a los juzgados de La Caleta para mostrar su apoyo a las familias que se han visto obligadas a ocupar varias viviendas de la Junta de Andalucía en el barrio de Almanjáyar.

La Junta, a través de los responsables de los directivos de su empresa EPSA, se ha negado a dar una solución a estas familias y ha denunciado por usurpación a Ester Sánchez, de 21 años, madre de una niña de cuatro y desempleada.

Sánchez ha declarado que «la Junta está amenazándome, diciéndome que deje la vivienda, que voy a ir a la cárcel». Por su parte, Antonio Redondo, miembro de Stop Desahucios, ha demandado a la Junta que retire la denuncia, y ha señalado que «no entendemos cómo Izquierda Unida tiene viviendas vacías si está diciendo que va a expropiar viviendas a los bancos». «Si van a expropiar, que empiecen por las de estas familias», ha añadido. Redondo ha valorado positivamente la intención, hecha pública ayer por los responsables de la delegación de Vivienda de la Junta en Granada, de buscar soluciones a las viviendas que tienen sin ocupar en Almanjáyar. Sin embargo, ha afirmado que «estamos en un estado de emergencia habitacional, no podemos esperar meses para dar soluciones a gente que está en la calle». «Ordenar la situación está bien, pero son necesarios mecanismos urgentes», ha concluido.

Desde Stop Desahucios se insta a la Junta de Andalucía a que abandone su actitud amenazadora, retire la denuncia contra la compañera y se comprometa a negociar para buscar una solución adecuada a la situación dramática de estas familias.