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…. Y el de la Fiscalía General del Estado, todavía menos
La decisión de someter a prisión preventiva a los gobernantes catalanes responsables y dirigentes del Procés nos ha parecido, a muchos, exagerada, y un verdadero abuso de ley. Cuando todavía no se conocían los detalles de los sucesos turbulentos que sucedieron en Cataluña los años 12017-18, resulta por lo menos chocante que la Fiscalía, y los Jueces del Supremo, se dieran tanta prisa en catalogarlos como delitos de Rebelión, lo que puede inclinar a muchos observadores a pensar que los que menos deberían caer en el supuesto de no respetar la presunción de inocencia, como son los jueces, hayan traspasado, tal vez esa línea verdadera y terriblemente roja de nuestra arquitectura judicial.
(Ya sabemos que el ministerio fiscal, puede, y debe, por los indicios reales de delitos, acusar a los responsables de los mismos, con carácter indiciario ¡solamente!, nunca con apariencias de delito definitivo, cuando no se ha pronunciado sentencia. Por eso, la descripción por el fiscal, en el día de ayer, 4 de Junio, de que esos señores sentados delante de él habían cometido un delito de rebelión, sin distingos, y sin matices, a mí me parece un abuso. Tenía que haber dejado claro que «están acusados del delito de Rebelión», no que lo habían cometido. Y pueden leer los periódicos de hoy para comprobar cómo se ha traducido el ex abrupto del fiscal Zaragoza.
Y no soy el único que opina así, cosa que me tranquiliza, porque me evita la tentación de pensar que soy un bicho raro, que me ocupo en cosas peregrinas, y que no estoy de acuerdo con lo que la mayoría de los medios de comunicación, digamos «sensatos», están bombardeando a la opinión pública. Espero que a la hora de la verdad, los abusos, las exageraciones, y la prepotencia de un Tribunal Supremo politizado, ¡que se lo digan a Cosidó!, sean subsanadas por los jueces, cuando éstos, sin focos, ni cámaras, sino en la soledad de su conciencia, y de la solidez o endeblez de sus criterios, pruebas, y juicios, tengan que pronunciarse sin prejuicios, y lejos del clamor de la opinión pública.
No puedo entender cómo la Fiscalía, ante los primeros síntomas visibles de lo que los políticos catalanes venían preparando a la vista de todos, sus desmanes en el Parlament, su desprecio a las decisiones y advertencias del Tribunal Constitucional, su reiteración en el rechazo a colocar las enseñas nacionales en los edificios públicos, y tantos otros atropellos, repetidos hasta convertirse en «normales» y, por tanto, permitidos, no puedo entender, digo, como la Fiscalía no actuó mucho antes de que se produjeran acciones que por su calado, significación, e inmediatas consecuencias, eran difíciles, después, de conducir.
Es evidente que la dejadez en el cumplimiento de los Mossos en sus tareas tendentes a la legalidad estatal, digamos, que no catalana, o de la Generalitat, venía de muy lejos. Nada impedía al Gobierno de la nación, con la proa de la Fiscalía general por delante, haber apartado a los Mossos de su función policial, para lo que no se precisaba ni siquiera promover el artículo 155 de la Constitución, que se puede promover en su totalidad, o por partes, así como tomar otras decisiones de muy acusada influencia en la vida cotidiana de los catalanes.
¿Fue una equivocada consideración de ¿prudencia política? la que impidió esa decisión, esa fuerza y esa valentía que están demostrando ahora las instituciones gubernamentales, o una pertinaz cobardía a incomodar a los próceres catalanes, y esperar a que las cosas fueran tan enormes y evidentes que hasta la población «sensata» de Cataluña lo admitiera, y hasta lo aplaudiera? Y es escandalosamente chocante que los que entonces tenían la sartén, por el mango, los políticos del PP con mayoría absoluta, sean ahora los que crucifiquen a los del PSOE, porque ¡quieren destruir la unidad de la nación! Como es escandalosamente alarmante e intolerable que los poderes judiciales, Fiscalía y Tribunal Supremo, que ahora vemos funcionar a toda presión, (que no «sub presión», sino todo lo contrario) no fueran capaces de hacerlo cuando ya había motivos judiciales, menos graves, desde luego, y, por lo mismo, de más fácil componenda, y de no tan gravísimas consecuencias.
Quiero decir, que si se ha podido judicializar la política, ante desmanes gravísimos, se podría haberlo hecho, de manera incluso pedagógica, pero real, ante desvíos menores de los Gobernantes, pero, no por menores, no sujetos a control y persecución judicial. Esperar a que estalle una bomba destructiva, para actuar, no será nunca una buena política de Gobierno. Es lo que han hecho los poderes Ejecutivo y Judicial españoles en el caso catalán.
