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Managua.- “Desde principios de junio, el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó su
estrategia para la represión en una operación conocida como Operación Limpieza, dirigida
contra las personas que protestaban, llevando a cabo detenciones arbitrarias, tortura y el
uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas
parapoliciales fuertemente armadas”, ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo
informe.
Publicado seis meses después de que empezara una oleada de represión como respuesta a las protestas públicas por las reformas de la seguridad social, Sembrando el terror: De la letalidad a
la persecución en Nicaragua documenta posibles violaciones graves de derechos humanos y
crímenes de derecho internacional que cometieron las autoridades de Nicaragua entre el 30 de
mayo y el 18 de septiembre.
“El presidente Ortega no sólo desplegó a la policía para detener arbitrariamente y torturar a
manifestantes, sino que también usó a grupos parapoliciales fuertemente armados para matar,
herir e intimidar a quienes tenían la valentía de luchar contra su estrategia represiva”, dijo Erika
Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades nicaragüenses deben desmantelar y desarmar inmediatamente a todas las
fuerzas parapoliciales y garantizar que la policía sólo use la fuerza cuando sea legítima,
proporcional y necesaria durante las manifestaciones, en su caso. En lugar de criminalizar a
quienes protestan calificándolos de „terroristas‟ y de „golpistas‟, el presidente Ortega debe
garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”.
Tras el primer informe de Amnistía Internacional sobre la crisis de finales de mayo, la nueva
investigación documenta que el gobierno mantuvo e intensificó su estrategia deliberadamente
letal para la represión, con la intención de detener las protestas y castigar a quienes participabanen ellas.
El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo han dirigido esta estrategia,
demonizando a menudo a quienes protestan para justificar la represión violenta y negando
cualquier violación de derechos humanos.
A 18 de septiembre, al menos 322 personas habían perdido la vida, en su mayoría a manos
de agentes estatales, y más de 2.000 habían resultado heridas. Entre las personas fallecidas
22 eran policías. Según informes, a 18 de agosto las autoridades nicaragüenses habían presentado cargos contra al menos 300 personas por participar en las protestas. Sin
embargo, Amnistía Internacional no tuvo conocimiento de ninguna persona procesada o detenida
por violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, como tortura y
ejecuciones extrajudiciales.
Grupos parapoliciales armados con armas de guerra
Las autoridades estatales han hecho un uso cada vez más generalizado de grupos parapoliciales
armados con armas de uso militar, que trabajan a menudo conjuntamente con la policía, para
disuadir de las protestas, aterrorizar a la población y destruir las barricadas levantadas por
manifestantes. En el asedio a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua, el 13
de julio, por ejemplo, grupos parapoliciales fuertemente armados atacaron indiscriminadamente a
los y las estudiantes que se resguardaban en el campus, mataron a dos e hirieron al menos a 16,
mientras la policía bloqueaba las salidas dejando atrapadas a más de 200 personas en el interior.
Amnistía Internacional ha documentado a policías y grupos parapoliciales armados con fusiles
tipo AK; fusiles de francotirador Dragunov, Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK
y PKM, e incluso lanzagranadas portátiles PG-7. El uso de algunas de estas armas de guerra
está prohibido en labores de seguridad pública.
Aunque algunas de las personas que protestaban usaron morteros de fabricación casera y, según
informes, una minoría recurrió al uso de armas de fuego como escopetas y fusiles, esto no
justifica que las autoridades usaran —de forma generalizada, desproporcionada y en su mayor
parte indiscriminada— medios letales contra todas las personas que protestaban. En su lugar, las
autoridades debieron haber respondido con la mínima fuerza necesaria para restablecer la
seguridad pública.
El informe documenta seis posibles ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos de
derecho internacional. Una de ellas fue la de Leyting Chavarría, de 16 años, que recibió un
disparo en el pecho cuando la policía y grupos parapoliciales atacaron unas barricadas en la ciudad de Jinotega. Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que sólo llevaba
una honda o tirachinas.
La policía antidisturbios también mató presuntamente a Faber López, uno de sus propios agentes.
Aunque el gobierno culpó de su muerte a unos “terroristas”, su familia dijo que el cadáver no tenía
heridas de bala, pero sí mostraba señales de tortura. La víspera de su muerte, López había
llamado a su familia para decir que iba a renunciar y que si no contactaba con ellos al día
siguiente sería porque sus colegas lo habían matado.
Tortura y detenciones arbitrarias
El informe también destaca siete casos de probable detención arbitraria, así como violaciones del
debido proceso, que fueron parte de la estrategia del gobierno para disolver el movimiento de
protesta. También revela que las autoridades emplearon la tortura para castigar a quienes
protestaban, fabricar pruebas y obtener información sobre la organización y el liderazgo de
quienes se manifestaban.
Amnistía Internacional documenta al menos 12 casos de posibles torturas, incluido uno de
tortura sexual de una mujer joven en un centro de detención oficial. En varios casos, las
víctimas tenían aún lesiones físicas cuando fueron entrevistadas, más de un mes después de
haber sido torturadas.
Un número cada vez mayor de víctimas de violaciones de derechos humanos ha decidido no
presentar denuncia ante las autoridades nicaragüenses por temor a las represalias. En lugar de
realizar investigaciones puntuales, imparciales y exhaustivas sobre las violaciones de derechos
humanos, las autoridades han acosado y amenazado a menudo a las víctimas y a sus familias.
Desplazamiento interno y migración forzada
La crisis ha causado el desplazamiento interno y la migración forzada de miles de personas. El 31
de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció que
casi 8.000 personas procedentes de Nicaragua habían pedido asilo en Costa Rica, mientras
que otras 15.000 tenían cita para solicitar asilo en las siguientes semanas.
“Con la adopción de estrategias cada vez más despiadadas y sofisticadas para reprimir a su
propio pueblo, el presidente Ortega ha empeorado la peor crisis de derechos humanos de
Nicaragua en décadas, obligando a miles de personas a abandonar su hogar y buscar seguridad
en otras partes del país o en la vecina Costa Rica. El gobierno de Ortega debe poner fin de
inmediato a la violenta represión”, concluyó Erika Guevara Rosas.
El informe se basa en sendas visitas de investigación a Nicaragua y Costa Rica realizadas en julio
y septiembre, respectivamente, en las que Amnistía Internacional hizo 115 entrevistas y
documentó 25 casos de violaciones de derechos humanos. Además, un equipo de personas
expertas examinó más de 80 piezas de material audiovisual y fotográfico para proporcionar un
análisis contextual al informe.
Fuente: Red Mundial de Comunidades Eclesiales
