La Fundación Alternativas propone la regulación de símbolos religiosos
La Fundación Alternativas ha propuesto al Gobierno la elaboración de una ley sobre neutralidad religiosa que regule, entre otras materias, la participación de cargos públicos en ceremonias religiosas.
Esta propuesta se recoge en el informe «Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas», de la citada fundación y que presentaron hoy en Madrid sus autores, José María Contreras y Óscar Celador.
La citada ley sobre neutralidad religiosa también debería regular la presencia de las distintas confesiones en ceremonias oficiales y la presencia de símbolos religiosos u objetos religiosos en lugares públicos.
Además, la Fundación Alternativas propone la elaboración de una ley sobre asistencia religiosa en centros públicos, como las cárceles y los cuarteles, que contemple las condiciones en que debe prestarse, los medios necesarios para su realización y el estatuto jurídico del personal religioso.
José María Contreras, catedrático de derecho eclesiástico de la Universidad Pablo Olavide, dijo, durante la presentación del informe, que la dos leyes propuestas garantizarían a todos los ciudadanos a ejercer su derecho a la libertad religiosa que recoge la Constitución.
A modo de ejemplo, Contreras explicó que se trata de regular cuestiones como el uso del velo en las escuelas públicas o si los cargos públicos deben asistir a manifestaciones religiosas, como una procesión católica.
El catedrático también puso como ejemplo los funerales de Estado, cuestión a regular para establecer en qué confesión se realizan, y qué derechos y deberes tendrán los cargos públicos en esta cuestión.
El estudio concluye que “no deberían existir símbolos religiosos en edificios públicos” y señala que los representantes de las Instituciones deberían ser libres de participar o no en actos religiosos.
A su juicio, “la religión es un derecho y una opción pero debe permanecer en un ámbito del que no debe salir “, así lo ha manifestado el Catedrático de Derecho Eclesiástico Oscar Celador, quien ha puesto como ejemplo las declaraciones realizadas por algunos cardenales durante la concentración del pasado día 30 de diciembre. “Fue el insulto más grave contra el Estado de Derecho”, ha sentenciado Celador.
En cuanto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, Celador ha asegurado que «no corresponde a la Iglesia opinar sobre decisiones del Estado» y en caso de opinar “que lo hagan como partido político”. Contreras ha dicho que la “laicidad es inherente al Estado democrático” y ha señalado que en estos cuatro años el Gobierno ha actuado con “responsabilidad política” y añade que la “libertad religiosa no es un problema entre la Iglesia y el Estado.
