El movimiento 15M por la vivienda digna prepara el 10 de diciembre una acción en toda Andalucía para denunciar el incumplimiento del derecho de las personas a una vivienda digna el día que se conmemora el aniversario de la declaración universal de los derechos humanos.
En unas jornadas sobre la ley hipotecaria, organizada por la cadena SER, José Ignacio Aguilar, en representación del movimiento 15M en defensa de una vivienda digna, ha sostenido que la situación de la vivienda en Andalucía es de emergencia social y, por eso, ha afirmado que la Junta debería declarar el estado de emergencia, igual que lo declara cuando, por ejemplo, se desborda el río Guadalquivir a su paso por alguna localidad andaluza.
Ha garantizado que este movimiento seguirá luchando para impedir que se ejecuten desahucios y ha avanzado que el 10 de diciembre preparan una acción, en la que no quieren que falta ningún ayuntamiento de Andalucía, para denunciar el incumplimiento de la declaración universal de los derechos humanos en cuanto a la vivienda digna.
Aguilar ha definido al 15M como un movimiento humanitario porque «intentan parar desahucios y también parar suicidios» y ha defendido el reto de convertir el derecho a la vivienda como un derecho universal, al igual que ha sucedido con la sanidad y la educación.
En representación de la plataforma Stop Desahucios, Jesús Pineda, ha considerado que el decreto del Gobierno central para frenar los desahucios es «inútil, insuficiente, injusto y discriminatorio».
La única salida, en su opinión, es la aprobación de una iniciativa legislativa popular para reformar la ley de enjuiciamiento civil y que la dación en pago (entrega de la vivienda a la entidad financiera para saldar la deuda) sea una obligación.
Ha expuesto que de las aproximadamente doscientas familias que han llegado a puntos de información en Córdoba ninguna se puede acoger al decreto del Ejecutivo central, que paraliza los desahucios dos años, porque no reúnen los requisitos.
Ha resaltado que la fortaleza del movimiento del 15M y la plataforma Stop desahucios es que han conseguido que se vea como un problema social y no individual, y ha aprovechado para denunciar la multas que les han llegado de la subdelegación del Gobierno en Córdoba por las intervenciones de los activistas de estas plataformas contra los desahucios, sobre todo por la que llevaron a cabo en junio ante Cajasur.
También ha expresado el punto de vista de las fuerzas de seguridad el secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Sevilla, Manuel Espino, quien ha indicado que la ley impide a los agentes negarse a ir a las ejecuciones hipotecarias, aunque esta organización amparará jurídica y económicamente a los que por razones de conciencia decidan ni acudir.
Ha llamado la atención sobre la sensación de la policía de que actúan «para favorecer a los poderosos por la codicia de dinero» a raíz del informe de la abogada general de Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señala que el ordenamiento jurídico español «contraviene normas sustantivas de la UE».
Asimismo, Espino ha reprochado a los políticos que no hayan modificado la Ley del año 2000 que regula las ejecuciones hipotecarias.
En representación de los consumidores el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha puesto en valor que la presión ciudadana haya conducido al Gobierno a hacer un «mínimo movimiento», aunque el decreto es un «insulto y una tomadura de pelo que no soluciona el drama de los desahucios», ha denunciado.EFE