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Enviamos documento adjunto con Comunicado de Stop Represión en relación al fallo del 26/02/2014 a favor de Esteban del Juzgado de lo Contencioso administrativo nº1 de Granada
Esperamos que sea de vuestro interés.
Gracias. Un saludo
GRUPO DE PRENSA 15M GRANADA

NOTA DE PRENSA

Movimiento 15M. Asamblea de Granada, 02/03/2014

FALLO DEL 26/02/2014 A FAVOR DE ESTEBAN DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº1 DE GRANADA

El pasado 11 de febrero tuvo lugar el contencioso administrativo interpuesto por Esteban, un compañero de Stop Desahucios y del 15M, contra la Subdelegación del Gobierno por una sanción administrativa por “desórdenes públicos graves”. Dicha sanción venía motivada, según los agentes de policía que lo denunciaron y la Subdelegación que le sancionó, por su participación en la organización de una concentración del 30 de enero de 2012 frente a sucursales del banco Santander contra los desahucios de dos familias hipotecadas con dicha entidad y ascendía a la cantidad de 602 €. Sin embargo, la denuncia de los agentes fue por identificación visual, es decir, en ningún momento se le requirió el DNI, tal y como viene ocurriendo desde hace varios años en muchas de las concentraciones en Granada y otras ciudades del Estado y que demuestra la existencia de listas negras a manos de la policía.

El caso de este compañero es especialmente llamativo y revelador, puesto que Esteban no se encontraba en Granada en el momento de la concentración, situación que pudo demostrar en el juicio y que también expuso en todos los recursos administrativos interpuestos antes de llegar a la vía judicial. Así, el pasado miércoles 26 de febrero se estimó el recurso interpuesto por el compañero en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Granada, es decir, el juez dio la razón a Esteban. Ya lo señala la jueza en la sentencia, que supone un duro golpe contra este tipo de acciones de la Subdelegación de Granada: la resolución de la Subdelegación es nula porque sólo se basa en la identificación visual, la cual no es válida “al no respetar las garantías mínimas”, además de que la presunción de veracidad de los policías no puede por sí sola desvirtuar la presunción de inocencia del multado. Pero Esteban no es el único. Sólo en Granada, el número de multas a personas por participar en protestas sociales ronda las 150, l sumando la escalofriante cifra de casi 50.000 €. La situación de indefensión legal frente a estas sanciones es múltiple.

Por un lado, las identificaciones son visuales, es decir, el policía afirma que identifica visualmente a un asistente o presunto organizador de un acto y es éste último el que debe demostrar que no se encontraba allí. Por otro lado, los procedimientos administrativos contra las multas son siempre denegados porque son valorados por el mismo cuerpo sancionador que las impone. Por último, si la persona sancionada quiere llegar a juicio y tener la única oportunidad real de poder impugnar la sanción, ha de pagar las tasas judiciales, aprobadas hace unos meses por el gobierno. Esta forma de represión administrativa (o burorrepresión) es invisible, no sale en la televisión ni en los medios de comunicación de masas, pero es igualmente injusta y deleznable, y pone de manifiesto el espíritu y ánimo sancionador de la Subdelegación de Gobierno por encima de toda legalidad y legitimidad.

Desde el grupo Stop Represión Granada no podemos sino denunciar y despreciar las acciones contra las movilizaciones sociales y la represión a toda la población que se manifiesta contraria a las medidas y políticas del gobierno actual dirigidas al beneficio de los de siempre y la represión y explotación de los de abajo. Denunciamos también la existencia de listas negras a manos de la policía, listas con las que señalan una y otra vez a activistas sociales en concentraciones aunque ni siquiera se encuentren en la ciudad en el momento de las mismas.

Asimismo, denunciamos las reformas del código penal y la ley de seguridad ciudadana por alinearse contra los movimientos sociales y las clases desfavorecidas. Y por supuesto, denunciamos la ley de tasas por mercantilizar un servicio judicial público y aumentar la brecha entre los ricos y los pobres y su posibilidad de defenderse.