El soneto que así comienza, referente al proceso de decadencia percibido por Quevedo, y que fue escrito en el siglo XVII, podría perfectamente haber sido compuesto en nuestros días. Afortunadamente no escasean poetas, literatos ni hombres de pluma con sobrado oficio y lucidez. Y, desgraciadamente, tampoco falta el paralelismo entre aquella época y la presente coyuntura de crisis económica, social, política, sistémica y espiritual.

De esta manera, estamos sufriendo la segunda recesión en dos años, el PIB presenta datos bajo cero, el fenómeno migratorio ha invertido su tendencia (hemos pasado de recibir inmigrantes a generarlos), el desempleo se encuentra en torno a los 5 millones de parados, calculándose que todavía aumente hasta no se sabe cuánto, y la pobreza ha subido de 8 a 10 millones, situándose cerca del 25% del total de la población.

Además, Cáritas afirma sentirse literalmente desbordada ante la avalancha de gente necesitada de su labor asistencial, toda vez que el informe FOESA reconoce que el número de familias que carece de prestación de desempleo o de ayuda alguna sigue creciendo alarmantemente, y el mismo FMI ya vaticina para nuestro país “una década perdida”.

¿Cómo se ha podido llegar a semejante situación, teniendo en cuanta que hace sólo un lustro España era el epítome de la prosperidad y el bienestar social?

Como se ha repetido hasta la saciedad, por una parte, por el agotamiento del boom inmobiliario de la construcción, motor económico de los últimos años; y por otra, por la falta de regulación del sector financiero, que ha brindado alegremente una serie de servicios que eran insostenibles a medio plazo. Y todo ello, repetimos, en un contexto de prosperidad, de abundancia y de alegrías inversoras de todo tipo.

Por lo demás, por un elemental sentido de la realidad, se debe reconocer un factor que es eludido tanto por los poderes del establishment, como por la opinión pública o por el emerger de las resistencias populares en torno al 15-M: esta crisis no se hubiese declarado sin la actitud acrítica, infantil, consumista y hedonista de la mayoría de la sociedad que, confiada en que los perros del bienestar al fin se ataron con longaniza, se dedicó al grito de “¡sálvese quien pueda!” a comprar, recomprar, consumir, reconsumir, especular y reespecular, sin reflexionar previamente acerca de la necesidad y del sostenimiento de toda esta borrachera.

Bastaron el cierre del grifo crediticio por parte del aparato financiero, y el agotamiento del sector inmobiliario como motor de la economía para que se desatase la catástrofe.

Ahora bien, ¿Cuál ha sido la respuesta sistémica para superar la crisis?

Por una parte, regalar dinero a las entidades financieras causantes de la debacle, que así lo demandaron “para garantizar el flujo del crédito”, para, una vez recibido, negarse a hacer circular los capitales, incumpliendo pues con su deber. De este modo, el mal persiste.

Por otra parte, ante el agotamiento del “ladrillo”, no se ha tomado la más mínima medida para crear modelos productivos alternativos, con lo que se nos condena a la década perdida apuntada por el FMI.

Lo que se ha hecho es intervenir el aparato laboral (es decir, las condiciones de los trabajadores), medida errónea, si se tiene en cuenta que su estructura fue la que nos llevó, antes de la crisis, a un boom de la productividad, de la riqueza y de la prosperidad. Semejante absurdo equivale a tratar una tuberculosis mediante una transfusión de sangre, sabiendo que no hay relación alguna entre la enfermedad y el tratamiento. O a operar el riñón cuando el órgano dañado es el pulmón.

Otro terrible error ha sido reducir drásticamente el nivel adquisitivo de la gente, mediante la subida de impuestos a los trabajadores (no así de las grandes fortunas, que siguen sin tributar), el recorte o la congelación de sueldos y prestaciones; así como el tijeretazo a servicios universales como la salud y la educación (acusando fraudulentamente a la ciudadanía de pretender acceder gratuitamente a lo que ya está pagando con sus impuestos).

Ante todo este cúmulo de despropósitos, debemos advertir que estas medidas erróneas vendidas como medicina, no son sino veneno. No en vano, en cuanto el tándem PP-PSOE (dos caras de la misma moneda) ha comenzado a aplicar sus recetas draconianas, han aumentado veloz y notoriamente el paro y la pobreza; y hemos vuelto a caer en recesión de la mano de un PIB que otra vez se encuentra en números rojos.

Y, sin embargo, estas medidas son imposiciones de los poderes políticos y financieros de Europa, a instancias del FMI. Este organismo, supuestamente técnico, presenta una gran carga ideológica y lucrativa. Es decir, que la aplicación de sus propuestas implica, qué casualidad, ganancias desmesuradas para los agentes financieros que lo conforman. Creer en este organismo como solución a la crisis equivaldría a aceptar un tribunal formado por miembros de la mafia calabresa para juzgar a cualquier alcalde italiano, pongamos por caso, por el delito de corrupción.

Además, como señala Jose Stiglitz (Nobel de Economía, y ex asesor de Clinton y del Banco Mundial), el FMI fue responsable de la no recuperación de varios países asiáticos en la gran crisis de los 90. Curiosamente, afirma este economista, los únicos que salieron de modo precoz e indemnes de la aquella debacle fueron China y La India, quienes hicieron todo lo contrario de lo que “sugirió” el FMI. Y, aún más, la advertencia keynesiana del también Nobel de Economía Paul Krugman, consistente en no combatir el déficit y en aumentar el gasto social, sólo ha sido escuchado por un país europeo, Islandia, casualmente el único que parece haber salido pronto de la crisis (su PIB se ha disparado y su índice de paro ha menguado ostensiblemente) por no hacer caso del FMI.

Ante todo esto, la gran cuestión que se impone es, ¿cómo una mente mínimamente lúcida e informada puede seguir confiando en los criterios de este organismo supranacional? Recordemos el ejemplo de la mafia calabresa juzgando al alcalde corrupto. La clave tal vez se encuentre en que los medios de comunicación son en realidad propaganda sistémica, a partir del axioma goebbelsiano de que “una mentira repetida hasta la saciedad se transforma en una verdad indiscutida para la masa”.

Así se entiende que la prensa repita mecánicamente que “no hay alternativa a estas medidas”, y renuncie a abrir debate alguno con economistas serios que sí plantean un plan B a todo este despropósito, como los casos de Vicens Navarro, Juan Torres, Alberto Garzón, Juan Carlos Monedero, Joaquín Estefanía, Paul Krugman o Jose Stiglitz. O considerar tabú no sólo modelos socialistas más o menos marxistas (recordemos que en Venezuela la pobreza ha bajado del 70 al 23% según la propia CIA), sino el moderado keynesianismo económico.

En la línea de los estudiosos anteriormente citados, podemos proponer una serie de medidas, técnicamente factibles y socialmente necesarias, para que la medicina sea medicina y no veneno:

Por una parte, en lugar de rescatar a los bancos, dejarlos caer o nacionalizarlos, creando una banca pública de peso que modere y minimice, mediante el ejercicio de la competencia, la voracidad de la privada, causante de este desastre.

Con el dinero que se regala a los bancos para reflotarlos, se rescatarían a los seres humanos, mediante la creación de la renta básica, o pequeño sueldo para toda persona, como modo de satisfacer necesidades básicas inherentes.

Se dejarían de recortar derechos laborales, ya que la estructura del sector del trabajo es en realidad altamente productiva; se subirían los sueldos y las prestaciones, y se implementarían ostensiblemente los servicios públicos para aumentar el consumo y con ello reactivar la economía. Según Vicens Navarro, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra, el problema no es el déficit, sino los recortes que paralizan la demanda. El historiador Eric Hobsbawm ha estudiado que la aplicación de este principio keynesiano supuso 30 años de alta productividad, elevados sueldos, mínima inflación y paro reducido. No toda memoria histórica se corresponde con la represión franquista…

Además, se llevaría a cabo una tasa efectiva para las grandes fortunas, verdadero filón aún virgen, debido a unos políticos que no ejecutan medidas en detrimento de unos poderes económicos que les ofrecerán contratos millonarios cuando acaben su gestión pública (recordemos los casos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero).

Con todo ese capital de ingentes dimensiones, se crearía un fondo para subvencionar, apoyar, asesorar e implementar el tejido emergente de pequeñas empresas, verdaderas creadoras, junto con la administración pública, de la mayoría de los puestos de trabajo. Al respecto, se daría especial importancia a la economía alternativa, como las ecoaldeas, las redes de consumidores, la banca ética, el comercio justo, la agricultura ecológica, las huertas comunales, el autoempleo, el cooperativismo, etc.

Por otra parte, se impondría la Tasa Tobyn, o impuesto al “capital golondrina”, (voraces movimientos especulativos que se suceden con gran rapidez gracias a las nuevas tecnologías), que son un factor de desestabilización económica, y un desperdicio para la inversión en bienes productivos (según Joaquín Estefanía, más del 90% de toda operación financiera se destina a lo especulativo, no generando riqueza alguna). Con esta medida se ralentizarían esos movimientos peligrosos, y se crearía un fondo de cara al gasto público.

Por último, mediante una inversión seria en I+D+D, se aumentaría la inversión en investigación para, junto con una inteligente política de planificación indicativa descentralizada, fomentar el surgimiento de nuevos sectores productivos, algo necesario para remontar la crisis, y que hasta la fecha no se está acometiendo. Los beneficiarios de estas medidas serían las nuevas tecnologías, las energías renovables, la asistencia social, la formación de capital humano, y el tejido de la economía autogestionaria.

Es inevitable este cambio de orientación en las medidas para salir de la crisis.

La cuestión es si el presente orden político y su arquitectura jurídica (emanada de la Constitución) van a enfrentarse a un poder financiero internacional que los sustenta. En ese caso, para evitar que nuestro país no remonte jamás su 25% de pobreza, sus 5 millones de parados, y el sufrimiento de mucha gente, tal vez sea necesaria, como impulsa una de las muchas iniciativas emanadas del 15-M, la apertura de un proceso constituyente que inaugure el debate sobre la necesidad de una nueva Constitución, ahora sí, del pueblo, para posibilitar las medidas económicas antes enumeradas y salir de este bache.

En caso contrario, y recordando el soneto de Quevedo, de esta patria nuestra, muy pronto no nos quedarán ni sus pobres muros…