Muy poco fundamento y mucho de lavado de la imagen pública de Norberto Rivera Carrera, contiene la labor propagandística emprendida desde el 16 de octubre por el aparato de comunicación de la arquidiócesis del Distrito Federal.
Como se recordará, en aquella fecha el juez Elihu M. Berle, determinó que la Corte Superior de California, Estados Unidos, no tiene jurisdicción para procesar al cardenal por presunto encubrimiento del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, pederasta obsesivo, de acuerdo a testimonios periodísticos y ministeriales de varias víctimas y sus familiares.
Se anotaron una victoria parcial los abogados del duranguense que despachó en la diócesis de Tehuacan, Puebla, desde donde envió a Aguilar Rivera para California sin advertirle a su colega angelino Roger Michael Mahoney, sobre los antecedentes y peligrosidad del delincuente que está libre bajo fianza y prófugo de la justicia, porque en esta materia una es la mexicana y otra la estadunidense. California no es Puebla de los Angeles de Mario Marín Torres. El reino de la impunidad para los pederastas del poder político y económico, y sus amigos.
Steven R. Selsberg y Michael Cypers lograron momentáneamente poner a buen resguardo al jefe de la arquidiócesis capitalina, con el empleo de una estrategia basada en tecnicismos que desvincularan absolutamente al originario de La Purísima, Tepehuanes, con el poderosísimo estado, ahora agobiado por las llamas, de la Unión Americana.
El abogado de las víctimas, Michael Finnegan, lo contó así: “Fue muy desafortunado, todo se debió a una serie de tecnicismos legales; ni siquiera tuve oportunidad de hablar sobre los méritos del caso y sobre la complicidad de Rivera al enviar un cura pederasta de México a Estados Unidos”.
Justamente allí se localiza la debilidad mayor de la victoria parcial del arzobispo y sus abogados, porque eludieron las acusaciones y se refugiaron en demostrar la inexistencia del más mínimo vínculo de su cliente con California.
Que el arzobispado y el semanario Desde la fe manipulen la resolución judicial y la presenten como prueba de inocencia de Norberto Rivera, da idea clara de que éste sigue reaccionando como hombre sometido a presión extraordinaria, tal como lo revela la nutrida escolta que lo protege dentro de catedral y a la hora oficiar misa. Agentes policiales que lo cuidan no de los obradoristas y perredistas -como anuncia con escándalo hasta el extremo de declarase amenazado de muerte-, sino de los organismos civiles de católicos en defensa de los derechos humanos que impugnan la excesiva tolerancia -alcahuetería le llaman en mi pueblo- de la jerarquía mexicana y del Vaticano con los innumerables pederastas de casa.
El cardenal requiere de hacer más y mejor acopio de fuerzas y de una cabeza más fría y despejada, pues la batalla judicial y mediática se avizora larga.
Aún no concluye el proceso judicial en su contra -que puede durar hasta cinco años- por parte de Joaquín Aguilar Méndez, abusado sexualmente por Aguilar Rivera, cuando ya están en curso las imputaciones que hizo Juan Doe 100, otra de las víctimas, desde noviembre de 2006.
Pero un arzobispo aferrado a manipular la información sobre decisiones judiciales, inventar persecuciones y amenazas de muerte para usarlas de mampara frente a las denuncias, desacreditar a las víctimas porque buscan “la consecución de un inmoral interés económico”, mientras él puso tempranamente a buen resguardo los dineros y las propiedades del arzobispado capitalino frente a un posible fallo judicial adverso, difícilmente saldrá bien librado en esta contienda jurídica de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes.
Y menos aún si muchos padres de familia, católicos o no, creyentes o no, están decididos a exhibir ministerial y periodísticamente a los abusadores sexuales que destruyen el futuro de la nación.
