Enviado a la página web de Redes Cristianas
24 de Febrero de 2019
Además de REPUDIAR las expresiones con que concluyó la reciente Cumbre para la
protección de menores en la Iglesia, esta Red propone a las personas de buena
voluntad, víctimas y sobrevivientes del flagrante delito de abuso sexual eclesiástico
las siguientes MEDIDAS DE ACCIÓN ante la sistemática y constante vulneración
de libertades, derechos y garantías contenidos en instrumentos internacionales sobre
derechos humanos.
A nivel internacional
1. Solicitar a la O.N.U. por medio del cuerpo diplomático de cada país, declare a la
Santa Sede como “estado genocida”, por la elaboración, aplicación y mantenimiento a
través del tiempo, de un sistema de protección y encubrimiento de sacerdotes abusadores.
Este sistema está destinado no sólo a la privación de la vida del colectivo formado por
víctimas y sobrevivientes, sino también mediante ardides que ponen en peligro la salud
bio-psico-social de estas personas.
2. Interponer denuncias contra la Santa Sede, ante las Cortes Penales existentes en cada
continente y/o Corte Penal Internacional, por el delito de genocidio contra el grupo
humano niños, niñas y adolescentes.
3. Instar a los Estados que tengan firmado un Concordato con la Santa Sede, a la
inmediata denuncia internacional y derogación de normas internas, por ser el
mecanismo que la Iglesia católica instala en todos los países para perpetrar
institucionalmente el delito y mantener el estado de impunidad reinante.
4. Solicitar al Consejo de Seguridad de la O.N.U., por vía diplomática, exhorte a cada
Estado miembro, a derogar cualquier norma interna que implique crear y/o mantener
en sus territorios un enclave legal que posibilite la aplicación del Código de Derecho
Canónico y el funcionamiento de tribunales eclesiásticos, paralelos a los estatales, bajo
apercibimiento de generar responsabilidad internacional
A nivel nacional
1. Formación de Comisiones independientes, dentro de la órbita de los órganos del
Estado, por medio de proyectos de leyes, en aquellos países que no se hayan conformado.
2. Creación de un registro público de sacerdotes acusados, denunciados y/o
condenados por abuso sexual.
3. Solicitud de órdenes judiciales dirigidas a la Conferencia Episcopal de cada
estado, para la apertura de los archivos secretos y remisión de antecedentes y
documentación relativos al abuso sexual del clero.
4. Planteo de demandas judiciales contra la Santa Sede y el Estado que corresponda,
por los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas el primero, y la complicidad del
segundo al permitir que dentro de su territorio, aquel estado extranjero vulnere de modo
contumaz convenciones internacionales sobre derechos humanos. Para ello, elaboración
de una estrategia de litigio como patrón a seguir por cada demandante con derechos
subjetivos e intereses legítimos o colectivos lesionados.
5. Derogación de la normativa nacional que otorgue privilegios y/o trato preferente
a la Iglesia Católica, como subsidios de cualquier especie, pago de sueldos a obispos,
reconocimiento de personería jurídica pública y la ya referida denuncia internacional de
los concordatos.
6. Requerir a los poderes ejecutivos nacionales, por intermedio de los representantes
del pueblo, se emplace al estado Santa Sede a cumplir dentro de sus territorios con las
convenciones internacionales sobre derechos humanos, bajo apercibimiento de iniciar
medidas diplomáticas como respuesta estatal ante el no cumplimiento
7. Los mecanismos para hacer operativas las medidas propuestas, dependerán
primero, de la decisión individual o colectiva de los afectados, segundo, de involucrar a
los Estados nacionales como responsables de permitir que en sus territorios un estado
extranjero como la Santa Sede, vulnere derechos de ciudadanos y ciudadanas; tercero, de
involucrar a los poderes públicos a garantizar la tutela judicial efectiva, frente al referido
estado criminal.
