Ninguna confesión tendrá carácter estatal (Constitución Española, artículo 16-3). Al parecer lo que llamamos «derecha» y la jerarquía eclesiástica en España quieren retornar a la Inquisición. España es, según consta en nuestra Constitución, un Estado democrático y «todos» los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, según consta en el artículo 14-2.
Una España laica, democrática y aconfesional está permitiendo que unos ciudadanos «varones», que pertenecen a una religión que les impide, por sus votos, tener hijos, ejerzan una campaña contra una ley emanada desde el Congreso: la ley de la nueva regulación del aborto, comparable a la que disponen desde hace muchos años la mayoría de países democráticos europeos. E inclusive desde algunas altas instancias democráticas se ejerce la objeción contra una ley democrática. La objeción es lícita para una persona que tenga cualquier creencia, todas respetables, si su credo le impide no hacer algo que le repugna. Pues bien, que él no lo haga y objeción cumplida, pero que nadie impida al resto de ciudadanos acceder a sus derechos constitucionales.
Ninguna creencia religiosa debe impedir que se cumplan las leyes democráticas que se implanten. El siglo XXI necesita más Ilustración y menos Inquisición.
