Coordinadora de Crentes Galegos
Este manifiesto fué presentado a la sociedad civil a traves de los medios de comunicación y enviado directamente al Presidente del Gobierno del Estado, al Presidente y al Vicepresidente de la Xunta de Galicia, a Mariano Rajoy y a Gaspar Llamazares.
El texto fue promovido por el Seminario Galego de Educación Para a Paz-Cultura de Paz y apoyado Desde la Coordinadora de Crentes Galegos y otras dos organizaciones de la sociedad civil (Esculca y Xustiza e Sociedade).
En el se abordan una serie de puntos que, ya han ido saliendo en los distintos manifiestos y comunicados que han circulado estos días pero hay algunas particularidades que, creemos lo hacen interesante.
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Manifiesto por la laicidad del Estado español
Las personas y organizaciones de la sociedad civil, abajo firmantes, queremos trasladar a las distintas fuerzas políticas que concurren a las Elecciones Generales del próximo 9 de Marzo, y al conjunto de la ciudadanía, una iniciativa que pretende avanzar hacia un auténtico Estado aconfesional, laico, homologable con los países de nuestro entorno, y tal y como establece además -de manera explícita- nuestra Constitución.
Lo que queremos exponer, abierta y sinceramente, es una iniciativa por la laicidad del Estado Español que tiene como fundamento los artículos 16 y 14 de la Constitución cuando afirman, respectivamente, que ?ninguna confesión tendrá carácter estatal?? o que ?no puede prevalecer ninguna discriminación por razón de religión u opinión??.
La laicidad que reivindicamos de las distintas autoridades del estado y de las fuerzas políticas y sociales se hace hoy absolutamente necesaria para evitar las conductas progresivamente invasivas de la actual Conferencia Episcopal en relación con nuestros derechos constitucionales como ciudadan@s laicas.
Entre otras conductas señalamos las siguientes:
1º.- La actitud abiertamente política y militante de la Conferencia Episcopal, llamando incluso a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia, contra la implantación de la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, como consecuencia de la aprobación de una ley educativa por las Cortes Generales que representan al conjunto de la soberanía popular.
En muchos centros concertados se están desvirtuando deliberadamente algunos de sus contenidos curriculares, especialmente aquellos que tienen que ver con las conductas y comportamientos sexuales o con los nuevos modelos familiares.
2º.- El uso y el abuso de la llamada ?declaración eclesiástica de idoneidad?? para enseñar la religión católica en los centros escolares públicos y concertados, con el despropósito que supone que esa declaración sea esgrimida como causa de despido de profesores y profesoras contratadas por la autoridad civil y financiadas con cargo a los presupuestos del Estado. Realmente, tal y como dice el Tribunal Constitucional ?el núcleo a cuestionar debiera ser la inserción de la enseñanza de la religión -de cualquier religión, añadimos nosotros- en el itinerario educativo de la enseñanza reglada??, inserción que nosotros consideramos que no debería producirse en ningún caso.
3º.- También resultan especialmente preocupantes, por su persistencia y continuidad, los planos de confusión entre la representación política de la sociedad y la representación religiosa en los distintos actos oficiales, particularmente, en los funerales de estado por el rito católico, tal y como aconteció luego del injustificable atentado del 11M, sin tener en consideración el pluralismo de las víctimas, o con ocasión de otras ceremonias como las ofrendas ante el señor Santiago, en la catedral de Compostela, o la presidencia de las procesiones religiosas con las autoridades civiles sin considerar que las citadas autoridades, democráticamente elegidas, representan a toda la ciudadanía, no simplemente a la católica. La presencia de autoridades políticas en actos religiosos solamente tiene sentido con caracter exxtrictamente personal y nunca deben participar con caracter institucional.
4º.- El privilegio de trato que la Iglesia Católica recibe por parte del Estado en las cuestiones económicas e impositivas también resulta discriminatorio e indignante al detraer de los impuestos recaudados de toda la ciudadanía, católica o no, el 0,7% de los que así lo decidan,en perjuicio de toda la ciudadanía.Además, se incrementó el montante total de la transferido por el Estado con anterioridad.
Debemos resaltar que el destino de los ingresos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica es exclusivamente y en su totalidad para el mantenimiento del culto y del clero, asumiendo también en este capítulo, los sueldos de los párrocos, con lo cual la discriminación con otras confesiones religiosas y con otras organizaciones de la sociedad civil resulta evidente y lacerante.
Para obras sociales como hospitales, asilos, centros de enseñanza…el dinero que la glesia recibe procede de la retención para obras sociales.
El Estado no debería financiar a ninguna religión.Toda estructura o confesión religiosa debe autofinanciarse.Lo que podría hacer el estado es apoyar las actrividades de cualquier religión o entidad que tengan un marcado caracter social.
5º.- La utilización de los espacios públicos con finalidades religiosas, que al final derivan en partidismo político, tal y como ocurrió en la reciente concentración en defensa de la familia católica, que respetamos como expresión democrática, pero que no podemos admitir en cuanto descalificación sectaria de otras concepciones de familia o por las valoraciones negativas relativas a los contenidos de los Derechos Humanos, particularmente, aquellos relacionados con la igualdad de la mujer.
En relación con algunas valoraciones realizadas en la citada concentración quizá no este de mas recordar que el Estado Vaticano aun no ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La experiencia reciente muestra como sectores de la jerarquía católica actual -en España- avanzan en un proceso de radicalismo neoconservador sin precedentes en la democracia, reafirmando su papel de víctima porque este país haya dejado de ser una teocracia o añorando con nostalgia el nefasto período del nacionalcatolicismo cuando la doctrina de la iglesia católico-romana inspiraba incluso el Código Penal (penalización del adulterio de las mujeres, venta de anticonceptivos…), y con una voracidad insaciable, sin ningún sentido de la lealtad o de la reciprocidad, pretende seguir demandando lo que un estado democrático y aconfesional ni puede ni debe conceder.
En definitiva, como ciudadan@ns pacificamente insurrectos queremos, no sólo denunciar públicamente estas actitudes irritantemente invasivas de la jerarquía católica, porque atentan a nuestra ciudadanía laica, sino también reclamar de las autoridades políticas del estado y de las fuerzas que concurren a las Elecciones Generales del próximo 9 de Marzo, medidas concretas de carácter programático, legislativo y político, que permitan cumplir y hacer cumplir un mandato constitucional como es el de la no confesionalidad del Estado, porque no basta con compromisos vagos de avanzar en la separación de la Iglesia y del Estado.Pensamos más concretamente, en la denuncia del Concordato con el Vaticano de 1953, sustituido por una serie de Acuerdos en 1979 y otros parciales sobre materias concretas, como los relativos a la enseñanza y a los asuntos culturales, y complementados en diversas ocasiones en cuestiones administrativas y económicas, trato fiscal, subvenciones, etc.
Estaremos contribuyendo así, simplemente, al desarrollo de un principio constitucional como es el de la neutralidad religiosa del Estado, formalmente vigente pero materialmente incumplido.
SEMINARIO GALLEGO DE EDUCACION PARA A PAZ -FUNDACION CULTURA DE PAZ
COORDINADORA DE CRENTES GALEGOS
ESCULCA
XUSTIZA E SOCIEDADE