Miembros de varias entidades católicas hemos coincidido últimamente en la preocupación por la situación de nuestro país, Cataluña, y por el callejón jurídico y político que está viviendo, especialmente a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que mutiló el Estatuto de Autonomía elaborado en esta cámara y refrendado por el pueblo de Cataluña. Y un callejón sin salida que conlleva consecuencias negativas para las personas no se puede prolongar indefinidamente.

También hemos coincidido en defender, desde nuestra inspiración en el pensamiento social cristiano -y avalados por la doctrina social de la Iglesia-, que la mejor manera de superar esta situación es devolver la voz al pueblo. Ante los retos que enfrenta Cataluña, sólo podemos admitir respuestas democráticas. No son aceptables las soluciones autoritarias, y hay que denunciar y actuar contra cualquier amenaza que se haga en este sentido.

La doctrina social de la Iglesia, con carácter universal y al más alto nivel, reconoce y defiende los derechos de los pueblos, que considera una extensión de los derechos humanos aplicados a las comunidades nacionales. Entre estos derechos, está el derecho de decidir sobre su propio futuro y sobre la forma política en la que se quiere organizar la nación. Es decir, el derecho a la autoderminación.
Por su lado, los obispos de Cataluña, en reiteradas ocasiones, han dado fe de la realidad nacional de Cataluña. Por lo que, desde estas enseñanzas, sólo cabe defender la plena legitimidad del derecho a la autodeterminación aplicado a la nación catalana.

Por todo ello, avalados por todos estos pronunciamientos de nuestros pastores, un grupo de entidades, al inicio de este mes de octubre, hicimos un llamamiento a las instituciones y grupos católicos o de inspiración cristiana para defender este Derecho a decidir y a hacerlo colectivamente y de forma pública mediante la adhesión al Pacto Nacional por el Derecho a decidir.

Treinta días después de esta llamada, entregamos a usted, como representante de la soberanía del pueblo de Cataluña que reside en este parlamento, una primera relación de 55 entidades, o grupos de entidades, que se suman a esta adhesión y que quieren hacerla pública como testigo de compromiso con este pueblo. Agradecemos sinceramente, Sra. Presidenta, que nos haya abierto las puertas de esta institución para poder testimoniar este compromiso. La llamada sigue abierta y seguro que todavía serán más las entidades que se adherirán.

Estamos aquí una pequeña representación de los miles de personas que forman parte de estas entidades de filiación o inspiración cristiana y que aportan especificidad, sensibilidades y tradiciones muy diversas. Organizaciones religiosas, instituciones diocesanas y entidades laicales de todo tipo nos hemos reunido en torno a este objetivo. Por ello, todas estas voces completan el sentido que este acto tiene para todos nosotros.

Entre las entidades firmantes figuran: la junta directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), los jesuitas de Catalunya, la Fundació Claret, la Escola Pia de Catalunya, la Fundació Joan Maragall-Cristianisme i Cultura, los carmelitas descalzos de Catalunya y Baleares, Justícia i Pau, el Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (Iscreb), la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, la Germanor Obrera d’Acció Catòlica-HOAC, Vedruna Catalunya Educació, la Fundació Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes, y la confederación de asociaciones de madres y padres de escuelas cristianas.