Bajo la acusación de asociaciones ilícitas y actos de terrorismos, los tres miembros de la organización Comunidades Rurales Para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes) y más ocho personas presas desde el último 2 de julio han sido condenados a tres meses de prisión, en este sábado (7), en el juzgado especial de sentencia en San Salvador. De las trece personas presas al 2 de julio, solo una no fue condenada.
«A pesar de este primer resultado adverso, Cripdes e Fundación Cordes y las diferentes organizaciones sociales hemos asumido el compromiso de continuar realizando todos los esfuerzos en el plano jurídico, en la denuncia nacional e internacional, con la solidaridad internacional a fin de que en la próxima audiencia se logre la libertad definitiva de todos/as nuestras compañeras», afirmó la Fundación, en su reciente comunicado.
Los acusados han sido capturados por la Policía Nacional Civil cuando se dirigían a participar en un foro donde las comunidades de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, discutirían las consecuencias y la posición frente a la política de privatización del agua. Entre ellos están Marta Lorena Araujo, presidenta de Cripdes; María Centeno Valle, vicepresidenta; Maria Haydee Chicas, periodista de la Universidad de El Salvador; y Manuel Antonio Rodríguez, también del Cripdes.
Los condenados fueran juzgados bajo la Ley Antiterrorista, creada por el gobierno del presidente Elías Antonio Saca a través, de tribunales especializados. Para la Cripdes, el echo es un atentado en contra la libertad de expresión. «Para nosotros esto es gravísimo porque hay una violación a los derechos humanos y un aberración jurídica preocupante que busca callar la voz disidente del discurso oficial», dice.
Según la organización, el único fin de la Ley Antiterrorista «es el intimidar y reprimir cualquier expresión de la sociedad civil que se oponga a las políticas neoliberales y de privatización del actual gobierno salvadoreño».
La Cripdes sigue pediendo la solidariedad de la comunidad para que se pronuncie en contra el gobierno salvadoreño.
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