El vicepresidente de la Federación Estatal de Profesores de la Enseñanza de Religión (FEPER), Luis Guridi, aseguró hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional, que que ratifica que los obispos pueden elegir a los docentes de Religión y que la conducta de estos profesores determina su cualificación para esta enseñanza, «va en contra» de sus derechos laborales.
«Nosotros creemos que este fallo va en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores de la enseñanza de Religión, ya que, según la sentencia, dependeríamos de la voluntad única, exclusiva y arbitraria de un obispo», señaló Guridi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.
En este sentido, explicó que la Iglesia no es la que contrata a los profesores de Religión sino la Administración Pública, por lo que tienen los mismos derechos laborales que los demás. «Somos trabajadores de la enseñanza pública, no privada de titularidad de la Conferencia Episcopal con ideario propio», insistió.
El fallo del TC viene motivado por la remisión, por parte del Tribunal de Justicia de Canarias, del caso de la profesora de religión María del Carmen Galayo Macías, a quienes las autoridades eclesiásticas de la isla no le renovaron el contrato por mantener una relación afectiva con un hombre distinto de su esposo, del que se había separado.
La sentencia considera que «el hecho de que el objeto de la enseñanza religiosa lo constituya no sólo la transmisión de unos determinados conocimientos sino también la fe religiosa de quien la transmite, puede implicar un conjunto de exigencias que desbordan las limitaciones propias de una empresa».
Y es que, según el fallo, «las interrelaciones existentes entre los profesores de religión y la Iglesia no son estrictamente las propias de una empresa». Asimismo, reconoce que «son únicamente las iglesias y no el Estado, las que pueden determinar el contenido de la enseñanza religiosa a impartir y los requisitos de las personas capacitadas para impartirla».
A Estrasburgo
La profesora canaria de religión a la que no se renovó el contrato por tener una relación afectiva con un hombre tras separarse de su marido está «indignada» por la sentencia del TC que rechaza la inconstitucionalidad del Acuerdo con la Santa Sede para la elección de estos docentes.
Así lo manifestó María del Carmen Galayo Macías, quien aseguró que llevará su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ante el fallo del TC (Tribunal Constitucional), que señala que «corresponde a las confesiones la competencia para el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo».
Según la docente, «parece que estamos en la época de la Inquisición porque si te separas de tu marido, te vas de copas, tienes un hijo soltera o te afilias a un sindicato, te retiran esa idoneidad».
Los profesores de religión «estamos todos vendidos, pues uno no se podrá mover de su casa», protestó Galayo acerca de este fallo, que se produce a raíz de la remisión de su caso al TC por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al que la profesora recurrió después de que se le desestimara por el juzgado pertinente.
El TSJC consideró que, antes de pronunciarse sobre el recurso presentado por Galayo, el TC debía determinar si se ajustan a la Constitución los contenidos del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales que el Gobierno y la Santa Sede suscribieron en 1979.
Galayo manifestó su incomprensión sobre la situación creada ante este pronunciamiento del Constitucional porque el contrato para impartir estas clases se firma con el Estado, que es aconfesional, y «quien paga es la Administración», dijo.
«No soy cura, ni monja, ni he hecho voto de castidad», sin embargo, a «los curas pederastas no los retiran y dan clase de religión» católica, criticó Galayo, quien consideró una «aberración» esta primera sentencia del TC sobre este asunto, que afectará -advirtió- a otros catorce casos similares al suyo sobre los que está pendiente de pronunciarse.
Así mismo, afirmó que detrás de ella irán «13.000 profesores de religión», pues «soy una ciudadana corriente» como el resto, al tiempo que consideró que «los jueces también se pueden equivocar». Galayo recordó que está suspendida en el ejercicio de la docencia como profesora de religión desde hace siete años y que el fallo del TC la «condena para toda la vida».
