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La Conferencia Episcopal Española desenterró ayer el arma nuclear de la amenaza de excomunión de los católicos que participen directamente en un aborto. La admonición está contenida de forma indirecta en el duro comunicado que la jerarquía católica hizo público para ratificar su oposición frontal a la ley que prepara el Gobierno para actualizar y ampliar el derecho a la interrupción del embarazo.
No causa ninguna sorpresa el rechazo del aborto por la Iglesia, y es absolutamente legítimo que esta dé su opinión sobre los planes del Ejecutivo. Nadie espera de la Conferencia Episcopal aplausos hacia un proyecto que ha levantado reticencias incluso en las filas laicas, fundamentalmente por la potestad que concede a las chicas embarazadas de 16 años de abortar sin tener que dar cuenta a sus padres. Pero descalificar rudamente el texto describiéndolo como una «fuente envenenada de inmoralidad e injusticia» o decir que los médicos que practiquen abortos pondrán sus conocimientos «al servicio de la muerte» no hace más que debilitar las razones que pueda tener la cúpula católica.
El Gobierno, como cabía esperar, ha rechazado las críticas episcopales y ha recordado que durante los ocho años de Aznar en la Moncloa la Iglesia no se manifestó contra la actual ley del aborto, aprobada en 1985, en la época de Felipe González, pero acatada por los gobiernos conservadores. Los mismos conservadores del PP que ayer aprovecharon la soflama católica para arremeter contra el Gobierno se cuidaron de no dar un apoyo demasiado explícito a las tesis episcopales. Un signo más que evidente del desfase de la jerarquía católica con respecto a la sociedad española.